Tras las elecciones legislativas en las que el oficialismo resultó derrotado se redujeronanuncios y promesas, algo que por supuesto era previsible, aún si hubiera habido un resultadofavorable para el Gobierno.
Siempre pasa lo mismo con las ínfulas preelectorales, y en este caso era más esperable aún,dadas las características de esos comicios, empezando por el hecho de que se adelantaron uncuatrimestre por conveniencia política y entonces debían multiplicarse de manera especial lassupuestas buenas nuevas por venir. Después del veredicto de las urnas, todos los sectores fueronalcanzados por esa insana costumbre, y el ámbito laboral no fue la excepción.
De tal manera se llega a la actualidad, donde lo único que se muestra en concreto es un aumentoparcialísimo de las asignaciones familiares, una mejora paupérrima que no llega ni al 50 por cientoy que se limita al caso de los hijos. No se incluyeron rubros también importantes y tradicionalescomo nacimiento, adopción y matrimonio.
Uno de los puntos que pudo haber acercado algo de racionalidad y justicia podría haber sido–además de una mejora en todos los casos- la elevación de la cota salarial para el cobro delas asignaciones, injustamente negadas a grupos de personas que son presentadas como potentados,pero lejos están de pertenecer a esa categoría.
Y así, con el mantenimiento de esta exclusión, se da otra circunstancia, cual es la de seguirsosteniendo medidas que van a contrapelo de los discursos que presumen de sensibilidad social.Además, cuando se reclama una mejora más importante, enseguida salta el argumento de los problemasde recursos. Problemas que parecen no existir cuando se echa mano a los dineros públicos,concretamente los de los actuales y futuros jubilados, para solventar proyectos sin futuro, invadirempresas privadas o solventar aventuras pseudonacionalistas como la “recuperación” decompañías que siguen siendo administradas de manera por lo menos cuestionable.
Si no fuera por esas mezquindades y los sofismas escuchados a diario, cuestiones como lasasignaciones familiares podrían ser objeto de un replanteo profundo, con la intervención de todoslos sectores involucrados. Empezando por el criterio que se utiliza sobre la verdadera eficacia deesos subsidios, y especialmente cuando se los entrega como una literal limosna y con carácteruniforme. Uno de los ejemplos más claros de lo que ya es una ignominia es la diferenciación demontos según los ingresos de los padres y sin evaluar cada caso en particular, donde parece quedarequiparadas las diversas discapacidades.
También puede darse una situación rayana con el absurdo. Seguramente habrá personas que dejaránde cobrar alguna asignación si recibieron un aumento salarial que les haga traspasar el techoestablecido por la normativa. Y ampliando el horizonte de las implicancias del tema, es eternamentemás redituable para el Estado ser generoso con esos subsidios, ya que lo que se niega por un ladose va como un reguero por el otro.
Es que muchas veces no alcanzan para cubrir las necesidades de las familias, obviamente sobretodo las más pobres, que entonces, como siempre, recalan a pedir más asistencia en las obrassociales y en el sistema hospitalario público, colapsado desde hace una ponchada de años ygenerando un drenaje de plata permanente en el erario estatal.
La modestia del anuncio la dio simplemente el escenario. Esta vez se hizo sin la fanfarria quesuele acompañar hasta las novedades más ínfimas dadas a conocer por el Gobierno y la CGT de HugoMoyano. Claro que los funcionarios dieron rienda suelta a la descripción de cifras sobre la mejora,que contempla sumas tan “generosas” que alcanzan para algunos pañales descartablesmás.
Mientras, también siguen esperando turno el aumento del seguro de desempleo y la elevación dellímite salarial para la deducción (en este caso sinónimo de confiscación) del Impuesto a lasGanancias. Esta vez Moyano no pudo mostrar demasiados trofeos y el Gobierno en ese sentido no lo haayudado demasiado. Igualmente hay quienes continúan dependiendo del camionero y su privilegiadarelación con el kirchnerismo y lo siguen todos en fila, como aquellos adorables pequeños de lafamilia Telerín (ejemplo para los más viejos y memoriosos), aunque en el caso gremial sin una pizcade esa delicadeza e inocencia parvularia.
Encima está amenazado por el avance del ministro de Salud, Juan Manzur, quien se mostró decididoa tomar las riendas de la codiciada Administración de Programas Especiales (APE), la oficinaestatal que maneja casi 1.000 millones de pesos destinados a las obras sociales sindicales porprestaciones complejas.
La APE es, además, uno de los blancos de la Justicia en la causa de la llamada “mafia delos medicamentos”. De hecho fue allanada estos días y de retiraron elementos para lainvestigación, como expedientes e historias clínicas. Además, los dirigentes que cuestionan aMoyano aluden a una presunta discriminación en la distribución de los fondos a los entes de saludsindicales.
Entre estas cuitas retomó vuelo una cuestión altamente sensible: la de la pobreza. Ahora elcapítulo está relacionado con el posible otorgamiento de un subsidio a las familias que están enesa situación, pero hay discrepancias que ya, como punto de partida, tienen el posible monto de esaayuda.
En esta discusión hay especial participación la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes tienen comonadie, a diario, contacto con la gente que padece hasta las más elementales necesidades, y sonquienes contienen a millones de personas a los cuales no les llegan ni siquiera los discursos. Esosmillones de seres de un país increíblemente rico y que, justamente son víctimas de una atrozparadoja, ya que quedaron en el lodazal de las miserias. La material y la de aquellos que lostienen echados en el barro de la indiferencia y el olvido.
(*) Agencia DYN
