Malas noticias en torno a la nueva ley de medios llegaron desde Salta para Gabriel Mariotto,titular del Comfer y a cargo de la autoridad de aplicación. Por segunda vez se suspendió la vigencia de toda la ley de medios.
La medida cautelar la dictó el juez federal de Salta, Miguel Medina, debido a irregularidades en elprocedimiento de sanción de esa ley. La demanda había sido iniciada por la diputada Beatriz Daher,del Peronismo Federal, según informó Clarín.
En la presentación había dicho que al sancionarse la ley se violó el trámite parlamentario y el reglamento de la Cámara de Diputados. Deesta manera, la diputada no cuestionó el fondo ni los artículos de la ley, sino las formas. Medina entendió que "si ello fuera así, se estaría ante un casode apartamiento de lo que el actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denominaparadigma del Estado de Derecho constitucional", según publicó La Nación.
Argumentos. Daher comentó que "cuando se sancionó la ley de medios, se cometieron numerosasirregularidades en el proceso de aprobación de dicha ley". De esta manera, se refugió en los mismosargumentos que el diputado Enrique Luis Thomas (del mismo bloque) : "Hubo irregularidades en el tramite parlamentario en las Comisiones deComunicaciones e Informatica, Presupuesto y Hacienda y Libertad de expresión de la Camara deDiputados de la Nación". Aquella vez la medida contra la ley la dictó la juezamendocina Olga Pura de Arrabal.
Se sabe que el Gobierno apelará el fallo del juez Medina para que resuelva la Cámara Federalde Salta. Lo mismo hicieron con la causa iniciada por el diputado Thomas.
Acumula fallos. Además de las medidas tomadas por Medina ayer y Pura de Arrabal hace unosmeses, la ley de medios impulsada por el kirchnerismo sigue sumando fallos en contra. Amediados de diciembre, a pedido del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone suspendió elplazo de desinversión.
Cinco días después, a pedido de una ONG, Codelco, el juez Medina suspendió el artículo 161 y losartículos 45 y 62 a 65. El 30 de diciembre, a pedido del Grupo Vila, el juez federal número 2de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió los artículos 42a 46, 48 y 161.
