La Cámara de Diputados de la Nación aprobó pasadas las 16 un proyecto de resolución para que sereforme el presupuesto 2010, en el que se obliga al Poder Ejecutivo a elaborar un presupuestocomplementario, al considerar que es un paso necesario antes de desarrollar cualquier tipo dedebate sobre el uso de reservas del Banco Central para el pago de la Deuda Externa.
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, justificó el pedido para que el Poder Ejecutivo amplíe elpresupuesto nacional diciendo que "para que cualquier debate serio sobre qué hacer con lasreservas, el debate previo, el debate primero es la revisión del presupuesto 2010".
Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, delkirchnerismo, confrontó las cifras que para Lozano avalan la medida y se preguntó si en un "marcode previsibilidad, ¿cada dos meses vamos a pedir un cambio de presupuesto?".
"Opinar podemos opinar todos, la diferencia es que tenemos responsabilidad y esaresponsabilidad no la vamos a traducir con números que no sabemos de donde se sacan", alertóMarconato y apuntó además a sus pares opositores que "la autorización de financiamiento está en elpresupuesto, lo que estamos haciendo es poner una fuente de financiamiento más barata".
Agustín Rossi, titular del bloque oficialista, también cargó contra la oposición a la queculpó de desperdigar noticias mala sobre el rumbo económico del país. Más allá de su arenga, elkirchnerismo -sin Néstor Kirchner en su banca- no pudo imponerse y perdió la votación. De aprobarseen el Senado, el Ejecutivo deberá remitir un Presupuesto complementario al Congreso, para sudiscusión.
Reformar los DNU. Ahora, los parlamentarios debaten en torno al proyecto paramodificar la ley 26.122, de Régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, para acotarle alPoder Ejecutivo la potestad de usarlos para "saltearse al Congreso". La línea fuerza del proyectomarca que para que un DNU entre en vigencia es necesario que sea ratificado por Diputados ySenadores.
La actual norma marca que rige a partir de su publicación; el Congreso puede rechazarlo y,entonces, queda sin efecto.
