A casi un mes de que Cristina Fernández de Kirchner presentara el informe “Papel prensa,la verdad”, el Gobierno pidió la declaración indagatoria de la titular del Grupo Clarín,Ernestina Herrera de Noble, su CEO, Héctor Magnetto, y del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, así como del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, entreotros, por la “apropiación ilegal” de la empresa papelera del Grupo Graiver durantela última dictadura.
La querella, anticipada en exclusiva por el diarioPerfil, fue presentada hoy por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo LuisDuhalde, con patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, ante el JuzgadoFederal 3 de La Plata. “Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, no sólo tuvieron elescenario de las mesas de torturas, o los vuelos de la muerte, sino también se combinaron conacciones en despachos alfombrados y mesas de directorios de grandes empresas, con actoresciviles tan responsables en su conducta criminal, como aquellos que manejaban las picanas”,comienza diciendo el escrito de 192 páginas.
En la querella se afirma que los delitos de lesa humanidad contra el “GrupoGraiver” no comenzaron con el “secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos”, nicon la muerte de Jorge Rubinstein (mano derecha de David Graiver), a consecuencia de las torturassufridas, sino que fueron "fruto de un concierto delictivo preciso que comienza con la etapa extorsiva quelo antecede, que obtuvo los resultados buscados tras una cuidadosa preparación mediática”.
El Gobierno denuncia que esa “cuidadosa preparación mediática” fue urdida por losdiarios La Nación y Clarín para apropiarse de forma ilegal de las acciones de Papel Prensa, en connivencia con losmilitares. Esta actitud, señala la querella, se inscribe en el propósito de ejercer el“control de la prensa escrita en todo el territorio nacional, a través del axioma de que ‘el que controla el papel controla la información’”.
En ese sentido, se afirma que los grandes medios, en referencia a esos diarios, tuvieron comoobjetivo crear una “un ambiente propicio para la interrupción institucional”, así comopara generar un consenso que legitimase al gobierno surgido en esas circunstancias. " Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes delgrupo Graiver, la operación de venta de las acciones de PAPEL PRENSA no se hubiera llevado adelante”, sentencia la denuncia.
En el extenso escrito se señala que: “Aún teniendo por cierta la vinculación de Graivercon Montoneros no existe elemento alguno que permita sostener que la misma posibilitó laadquisición de la empresa papelera, ya que como se ha señalado oportunamente los Graiveradquirieron el control de Papel Prensa S.A. entre fines de 1973 y el año 1974, mientras que elpresunto ingreso de fondos de Montoneros a los bancos del grupo se habría producido en la segundamitad del año 1975”.
En ese contexto, se detalla que FAPEL S.A., la empresa que formaron Clarín y La Nación paraadquirir Papel Prensa junto con el diario La Razón, “no registró actividad alguna, hasta el 2de noviembre de 1976” por lo que infieren “se trata de una verdadera empresa de paja, sin actividad alguna, con capital insuficiente comopara acometer un negocio de las características que revistió la ilegítima apropiación de PAPELPRENSA S.A.”.
La querella incluye declaraciones de Lidia Papaleo, viudad de Graiver, que confirmanversiones que habían trascendido a través de medios oficialistas. “Todo el horror que fue mivida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentosa la que fui sometida, no obstante que deseo concluir con la presente reiterando que prefiero verlos ojos y la cara de mis torturadores, antes de que ver los ojos de Magnetto en el momento en queme amenazaba para que firmara”, señala.
En la presentación, el Gobierno dio marcha atrás y no reclamó la inmediata detención deHerrera de Noble, Magnetto y Mitre (ver aparte), pero si que se los cite adeclaración indagatoria junto con Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, José Alfredo Martínez deHoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo FernandoPeralta Ramos.
Por último, la denuncia plantea que se cite a declaración testimonial a Julio Piumato, actualSecretario de Derechos Humanos de la CGT, quien también estuviera detenido con Isidoro MiguelGraiver; al Canciller Héctor Timerman, cuyo padre compartió el cautiverio con los integrantes del“Grupo Graiver”; y a José Pirillo, ex propietario del diario La Razón.
