El fiscal federal Jorge Di Lello argumentó que la presidenta Cristina Fernández encabezó actosdel "ámbito privado" cuando inauguró obras públicas y lanzó planes, durante la veda previa a loscomicios de junio pasado, por lo que a su entender no violó el Código Nacional Electoral ni quisocaptar sufragios.
En consecuencia, según informaron hoy fuentes judiciales, el representante del MinisterioPúblico dictaminó que la Jefa de Estado debe ser sobreseída de cualquier presunto delito y así lo requirió a la juezaelectoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría.
"Ni la presencia de la señora Presidenta en la inauguración de las obras las transformaba en'públicas' ni las características de la dirección y ejecución de aquellas estaban dentro del ejidode la administración, como para avizorar que podría existir de antemano una finalidadelectoralista", sostuvo el fiscal.
Di Lello reconoció que "las obras inauguradas tenían indefectiblemente una proyección obeneficio para algunos usuarios" pero aclaró que consultadas las "empresas organizadoras de esoseventos" concluyó que "se trataba de actos de claro sentido privado y particular, sin que se vieran involucrados bienes odecisiones estatales que pudieran comprometer o tener una finalidad electoralista".
"La actividad presidencial no estuvo orientada a darle un carácter institucional y, como seacreditó, pertenecían al ámbito privado", abundó el fiscal y aseguró que en la Presidencia leinformaron que ninguno de los actos cuestionados "fue organizado por organismo o ente estatal".
La causa se había iniciado por una denuncia del titular de la Asociación Civil Anticorrupción y abogado porteño RicardoMonner Sans, quien observó que el Código prohíbe desde una semana antes de los comicios "larealización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor decualquiera de los candidatos a cargos públicos nacionales".
El artículo 133 bis del Código prevé para quienes infrinjan esa norma una condena a"inhabilitación de uno a diez para el ejercicio de cargos públicos", indicó el denunciante. "Laesposa del primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires ya estáparticipando en actos, anunciándose más actividades políticas durante el lapso 'prohibido'acompañada, entre otros, por el 'candidato eventual' y ex menemista Daniel Scioli", consignó.
Según el cálculo de Monner Sans, la prohibición de "cualquier acto de gobierno" que pueda serutilizado para la captación de sufragios, en resguardo del principio de prescindencia de lasautoridades, regía desde el sábado 20 de junio y finalizaba a última hora del sábado 27, víspera dela elección.
El denunciante detalló los actos e inauguraciones en que participó la Presidenta esa semana yhabía propuesto al juzgado que requiriera a la Presidencia "su agenda (o fotocopia certificada deella) a partir del 22 de junio" propuso "para corroborar lo que -por medios periodísticos- seconoce como 'hecho notorio'".
Monner Sans explicó que hizo su denuncia "con higiénico propósito, es decir para avalar quemi país es todavía una República" y alentó a la Justicia electoral a actuar "con energía y rapidez"para demostrar que el Poder Judicial de la Nación se maneja de manera independiente. Aunque setrate de la Presidenta de la República de la Nación Argentina".
Fuente: DyN
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