Una vez más, como en casi todas las medidas tomadas por el Gobierno de Cristina Kirchner, distintossectores manifestaron sus dudas acerca de la estatización de las AFJP. Si bien la mayoríase declara a favor de que los aportes jubilatorios vuelvan a manos del Estado, la crítica reside enque el kirchnerismo arrasa con el derecho a la propiedad privada y ofrece argumentos falaces parajustificar la medida.
Debate sobre la inconstitucionalidad. El sistema de capitalización se basa endistinguir jurídicamente los fondos jubilatorios del patrimonio de las entidades administradoras yen exigir la identificación de los aportes de los trabajadores mediante cuentas individuales decapitalización. De esta manera, cada aportante sabe cuánto ahorró para su vejez y cuál es la rentaque recibirá con su capital acumulado.
Esto no sucede en el sistema de reparto estatal, en el cual todos los aportes van a un fondocomún y no hay registro alguno. Pero además, algo que aún no contemplaron desde el Gobierno, es queel fondo privado en el sistema de capitalización implica que ese dinero puede ser heredado por losfamiliares en caso de que el trabajador muera antes de cumplir los 30 años de aporte, lo queconstituye un "derecho adquirido" para los familiares. En contraposición, el sistema de repartoestatal no considera este aspecto ya que los aportes que se realizan hoy son para pagar las jubilaciones actuales.
La abogada previsionalista y diputada por Solidaridad e Igualdad (SI), María AméricaGonzález defendió la intención del Gobierno. Explicó que la Constitución Nacional nunca admitió lajubilación privada y que el artículo 14 está siendo violado por la actual ley 24241 al crear unsistema de capitalización privado.
Sin embargo, González admitió que hay aspectos que aún no están analizados y que habrá quever " qué sucede con ese dinero aportado al sistema privado". En torno al "derecho adquirido" delos familiares que podrían heredar el ahorro de un trabajador que muera, la funcionaria señaló que"es una cuestión que no está contemplada aún, se lo vamos a preguntar a (Amado) Boudou", el titular de la ANSES.
La Carta Magna, en su artículo 14, establece que todos los habitantes tienen derecho "deusar y disponer de su propiedad". En ese sentido, la diputada por la Coalición Cívica, PatriciaBullrich, consideró que la medida adoptada por el Gobierno viola la propiedad privada. "Este es eldato más importante de las AFJP. Este carácter hereditario hace que pueda interpretarse no sólocomo un derecho en expectativa para una jubilación, sino también como una propiedad que se realizaen otras circunstancias. Este puede ser un argumento que sea utilizado tanto en el debate comofrente a la justicia", afirmó la legisladora.
Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, también cree que la medida viola los derechos adquiridos por los trabajadores porque en elsistema de capitalización los "fondos son individuales". Considera que el dinero acumulado "espropiedad del aportante y no de la administradora". Por lo tanto, si se estatiza, la pregunta esqué pasaría con ese dinero. "Los importes de las AFJP le son reconocidos a ellos (a los queaportan) y al pasar al sistema de reparto ingresan a un pozo donde es imposible laindividualización, ya que es un fondo solidario".
El constitucionalista advirtió además que la estatización se trata de una "confiscaciónencubierta" ya que "por la estatización se le va a entregar (a las empresas) el valor de su capitalen bonos, seguramente no negociables en forma inmediata ". " Eso es confiscación", insistió.
El senador Samuel Cabanchik, de la CC, también entró en el debate. Consultado por Perfil.comen torno a la cuestión de la propiedad privada sostuvo que "está quien dice que no se viola porqueusted mañana no podía sacar los fondos", pero "ese es un mal contra argumento. Por ejemplo si a unchico menor se le pone una casa a su nombre no puede disponer de ella por ser menor, pero eso noquiere decir que no sea propiedad privada. El punto central de por qué es propiedad privada esporque es un derecho".
A pesar de las críticas, el senador se manifestó en contra del sistema de capitalización,aludiendo que "a mí el sistema de AFJP nunca me gustó ni me pareció bien. Creo que en la Argentinadebió estar siempre el sistema de jubilación de reparto".
El falso argumento para anunciar la medida. Desde que el tema de las AFJP estuvo en laagenda, los medios dieron a conocer el argumento del Gobierno: que hoy el Estado auxilia al sistemade capitalización. "Actualmente el 77 por ciento de los 450 mil jubilados que cobran a través delas AFJP estaría percibiendo un haber inferior al mínimo de 690 pesos. Si eso no ocurre, es porquedesde el Gobierno nacional se destinan anualmente 4 mil millones de pesos para que nadie esté pordebajo de la jubilación mínima" afirmó la presidentaCristina Kirchner, en una columna editorial escrita para el diario La Capital de Mar del Plata.
El contador Guillermo LoCane, autor del blog impositivo en Perfil.comexplicó que existen varias críticas para hacerle al sistema privado, pero lo que intenta justificarel Gobierno es una falacia. " Hay mucha otras críticas que pueden hacerse a las AdministradorasPrivadas: el elevado costo de las comisiones, los abusivos gastos administrativos, la falta detransparencia, etc. Pero esto del "auxilio al sistema de capitalización" es una falacia. Losjubilados de AFJP de los recientes años son aquellos que, al entrar al sistema con una madurezavanzada, sabían que al jubilarse la mayor porción de su haber se calcularía sobre los aportes alsistema anterior. Aún así decidieron entrar a las AFJP, lo cual habla del rechazo que había haciala jubilación de reparto. Por eso el Estado debe hoy concurrir a completar sus haberes y además fuea lo que se comprometió".
Desde el Gobierno explican que el Estado aporta dinero para las jubilaciones privadas, peroeso, tal como se planteó el sistema de AFJP en Argentina, no implica una "irregularidad". Elargumento es falaz, ya que constituye una obligación para el Estado aportar la Prestación BásicaUniversal (PBU), de $326, indistinamente si están en el regimen de reparto o de capitalización.
Por otra parte, considerar que el sistema de capitalización debería afrontar hoy el 100% delhaber jubilatorio también es un argumento inválido porque el sistema de AFJP aún no posee 30 añosde vida. Es decir, no hay 30 años de aportes al sistema privado, por lo que necesita del auxilioestatal hasta que ese período se cumpla. Es por eso que en la actualidad se considera que lasjubilaciones argentinas deriban de un sistema de fondos mixtos. Bullrich criticó los argumentosoficiales al afirmar que " el sistema tiene 14 años y es mixto. Todo el aporte patronal de laspersonas van al sistema de reparto para constituir una base jubilatoria".
Badeni también c onsideró falto de verdad el argumento del Gobierno. Insistió en que la ley obligaal Estado a pagar el PBU. Por lo tanto, el Estado siempre tiene participación en el pago de lajubilación, haya aportado o no al sistema de capitalización. Por último, América González defendiólas razones estatales porque "el Estado es el que tiene la obligación de asistirte. Entonces meparece bien que sea él quien tome esa responsabilidad", aunque luego agregó que es vital poderrealizarle modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, en especial al artículo 9 paraestablecer la autonomía financiera y económica del ANSeS.
(*) Redactor de Perfil.com
(**) Editor de Perfil.com
