Por eso, el gobierno nacional presentó hoy su propio proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, con ejes distintos a los que postulaba el kirchnerismo. El nuevo texto busca limitar las excarcelaciones, avanzar con el sistema acusatorio de fiscales, habilitar la figura del agente encubierto y respaldar las entregas vigiladas.
El encargado de anunciarlo fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, en un acto en el que lo acompañó el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, ante un plenario de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación, según informó la agencia DyN.
El proyecto de reforma, que ya ingresó en el Senado, aspira a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. Con ese fin, incorpora de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general, se informó oficialmente.
"Es por ello que el Código que presentamos ante el Congreso introduce nuevas medidas de investigación contra los delitos complejos como la figura de arrepentido, el agente encubierto, el informante y mecanismos de vigilancia", mencionó el subsecretario de Política Criminal en la conferencia que se hizo en la sede de la cartera.
El actual proyecto de reforma surgió en reuniones con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil, a partir de cuyo diálogo se concretó el diseño de una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal y que contempla la participación del perjudicado durante la etapa procesal, junto al fiscal y al juez. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020, se señaló.
