El Gobierno publicó hoy el Boletín Oficial el decreto 828/2010 por el cual ratificó lapresentación del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, como "parte querellante" en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú, con elobjetivo de exigir el levantamiento del corte de la ruta 136.
La medida firmada el viernes porla presidenta Cristina Fernández había sido pedida por el juez federal subrogante de Concepcióndel Uruguay, Gustavo Pimentel, a fin de admitir al gobierno como parte en la causa ya iniciadacontra los asambleístas que cortan desde hace más de tres años el acceso al puente internacionalGeneral San Martín, en rechazo de la pastera UPM, ex Botnia.
El decreto publicado estableció ratificar "la presentación efectuada por el señor Procurador delTesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839", caratulada "Escuadrón 56 deGendarmería Nacional comunica corte de ruta".
En los considerandos del decreto presidencial se mencionó que la causa investiga "las conductasatribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del paso fronterizointernacional de Gualeguaychú-Fray Bentos como protesta por la instalación de una fábrica decelulosa en la citada ciudad uruguaya". Asimismo, el gobierno recordó su criterio de que la"ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos" como "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión,instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituiríanapología del delito".
A raíz del fallo de la Corte de La Haya, indicó, "las acciones ilícitas de las personas imputadas en la causa que nos ocupa, constituyenun alzamiento contra una decisión internacional", manifestó, a pesar de que el tribunal no mencionóen su fallo al piquete de la ruta 136. Esos delitos, agregó en el decreto, hacen necesario que elgobierno asuma "el rol de querellante" porque, estimó, se están vulnerando " bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio yresponsable".
Asimismo, destacó que el origen del corte fue la construcción de dos plantas de celulosa, una delas cuales se retiró del lugar tras el inicio del conflicto, y que por ese motivo el país demandó aUruguay ante la Corte de La Haya. El fallo de ese tribunal, agregó, "resolvió" que Uruguay "violósus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe" ante un proyecto queafectaba al río binacional, pero destacó que la acción del vecino país, según la Corte, se llevó acabo "sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental". Poreso, recordó, los jueces consideraron "desproporcionado ordenar el cierre de la planta defabricación de pasta de celulosa, disponiendo que ambos países debían monitorear en forma conjuntael funcionamiento de la misma".
Fuente:DyN
