El empresario Sergio Taselli y el secretario de Energía Daniel Cameron volverán a ser investigados en la causa por la privatización de una mina de YacimientosCarboníferos Fiscales (YFC). Si bien ambos habían sido sobreseídos, el expediente se reactivó paraque ambos sean investigados en mayor profundidad porque "aún existe sospecha" en los jueces.
Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa Estatal Nacional (YCF) fue privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. En 1993, el presidenteles otorgó la concesión de la mina santacruceña de Río Turbio a los hermanos Sergio y AlbertoTaselli. El contrato garantizaba la explotación de las 580 toneladas de carbón que allí existíandurante 10 años, con un subsidio estatal de 16 millones de dólares anuales.
La empresa no estaba en su mejor momento cuando los hermanos Taselli se hicieron cargo deella, pero cuando la abandonaron once años después, estaba arrasada. De los cinco mil personas empleadas a principios de los '90 sólo quedaban mil. Elabandono provocó la muerte de 14 trabajadores durante un accidente de 2004, lo que motivó alentonces presidente Néstor Kirchner a reestatizar el yacimiento.
Por "posibles irregularidades en el transcurso de la concesión", el vaciamiento de Río Turbiofue denunciado en 2003 ante la Cámara Federal Porteña. Sergio Taselli está acusado por el "manejode los bienes públicos" y Daniel Cameron es investigado por el uso de los subsidios estatales, que llegaron a 165millones de dólares, en el pago de salarios y la realización de obras.
El juez federal Sergio Torres había dictado el sobreseímiento del empresario y el funcionarioen febrero de 2008, alegando que la documentación de la empresa sobre las presuntas irregularidades habíadesaparecido, por lo que no era posible comprobar las acusaciones. Según el Centro deInfotmaciones Judiciales, el fiscal federal Federico Delgado argumentó que la ausencia de esospapeles aportaba a las sospechas de manejos irregulares.
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en loCriminal y Correccional Federal revocaron el sobreseímiento y le ordenaron a Torres que llame a los imputados a declarar de nuevo para establecer cualquier "responsabilidad que por su comisión le pudo haber cabido tanto alos responsables de la empresa como a los funcionarios públicos encargados de auditar elcumplimiento del contrato".
Fuente: DyN
