Como parte de un futuro que nadie puede predecir, la década del 2010 traerá consigo un sinnúmerode incógnitas. Entre ellas, cuál será la denominación que el gobierno de turno le dará al bono conel que se intentará nuevamente saldar la deuda que el Estado tendrá para entonces con losjubilados. Porque entre tantos enigmas, una de las pocas certezas que se pueden anticipar es unanueva bancarrota del sistema previsional.
"El modo en que el tesoro refinancia su deuda con la ANSES destruye los recursos necesarios paralas jubilaciones futuras"; "los K están llevando a la ANSES a la bancarrota, están defaulteando alos jubilados". En el Gobierno, tan afectos a priorizar el "desde donde" al "qué" a la hora deanalizar las críticas, desearían que estas dos frases escogidas entre las decenas expresadas en losúltimos días provinieran de un círculo liberal o de algunos de los principales partidos de laoposición.
Pero la primera forma parte de un análisis del diputado de la CTA Claudio Lozano y lasegunda del candidato del Partido Obrero, Jorge Altamira, quienes no confundieron su férreaoposición a la privatización del sistema con un apoyo al manejo discrecional de los recursosjubilatorios.
Si en octubre de 2008 muchos abrigaban la esperanza de que el Gobierno, a través de la ANSES,iba a administrar los recursos previsionales mejor que las AFJP y que ello redundaría enincrementos reales en las jubilaciones, lo hecho en los últimos meses parecen haberle dado la razóna quienes sospechaban que en realidad se procuraba una sustanciosa fuente de recursos para afrontarla crisis fiscal que por entonces se avecinaba.
Es más, entre los actuales críticos del manejo de los fondos previsionales se anotan varios queel año pasado votaron a favor de un estatización sin los debidos controles de gestión, confiados enque ese paso se concretaría una vez aprobada la ley. Por suerte, la ingenuidad no es delito... Loque era una pronóstico hace siete meses, hoy es algo comprobable: de un crecimiento interanual dela recaudación fiscal de más del 30 por ciento se pasó al primer trimestre al 16 por ciento.Crecimiento más que importante para un país con precios estabilizados, pero que en el casoargentino no alcanza a equipararse con la inflación real.
Pero hasta octubre de este año, la comparación interanual se realizará contra meses en los quegran parte de los recursos previsionales que hoy se computan para la ANSES, se derivaban a lasAFJP. Sin ese "invalorable aporte", la suba sería del 9 por ciento, menos de un tercio de laregistrada hasta el año pasado. Y desde ya, notoriamente inferior a la inflación no reconocida porel INDEC.
"El elemento central en lo que va del año, y que hasta noviembre del presente año seguiráconstituyéndose en el motor los recursos tributarios, han sido las Contribuciones a la SeguridadSocial", precisó en ese sentido la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). "En síntesis-completa-, el nivel superavitario obtenido en el primer trimestre cayó fuertemente respecto delaño anterior". Los números de abril profundizaron esa tendencia, más allá del aumento de lastransferencias a las provincias. Transferencia que no puede ocultar que en doce meses los ingresosapenas crecieron un ocho por ciento.
No se puede, en consecuencia, analizar la estatización de las AFJP sin tener en cuenta elderrumbe de las cuentas fiscales detallado precedentemente. Como tampoco la confesión del ministroFlorencio Randazzo, quien reconoció que sin los recursos previsionales a cargo del Estado, hoy larealidad "sería otra". Es verdad, sería mucho más deficitaria.
Para ponerlo en palabras de Lozano, "la decisión oficial es esterilizar todo el impacto positivoque podría tener la decisión de estatizar las administradoras sobre la Seguridad Social, y desviarestos recursos hacia el pago de deuda pública".
Y a quien ponga en duda esa aseveración, no tiene más que consultar el sitio del BoletínOficial, el diario más importante y menos leído del país. Ahí podrá revisar las sucesivasresoluciones conjuntas de las secretarías de Hacienda y de Finanzas autorizando la emisión deletras con la que la ANSES financia al sector público. Y comprobar que para su cancelación serecurrió a un bono de 9 mil millones de pesos a vencer en 2016.
Lozano lo explica: "El hecho de canjear un bono de cortísimo plazo y ya vencido por uno de plazolargo y que amortiza al vencimiento no es neutral en términos de valor presente... Este canjeimplica una perdida del 55% para las inversiones de la ANSES. Analizando la curva de rendimientossobre bonos similares llegamos a que en el mejor de los casos hoy el nuevo bono cotizaría al 45% desu paridad. Dicho en otros términos, si la Secretaría de Finanzas decidiera emitir un bono paracubrir vencimientos de ANSES de $ 9.000 millones, debería hacerlo por $ 20.000 millones paraigualar los valores presentes". Los 11 mil millones de pesos a diferencia es la pérdida del 55 porciento a la que se refería el legislador.
Si se tiene en cuenta que ya en la actualidad el Estado está en falta respecto de lo ordenadopor la Corte Suprema en el conocido "caso Badaro", si además se considera que los fracasados planesde consumo son fondeados con recursos de la ANSES a un interés negativo, que las necesidades definanciamiento de aquí al 2016 no se saldan ni remotamente con un bono de 9 mil millones de pesos yque las restricciones de acceso al mercado de capitales obligarán al Gobierno a echar mano una yotra vez a la caja previsional, sólo resta saber qué creatividad tendrán los funcionarios delfuturo para denominar al sucesor del BOCON de abril de 1991.
(*) Agencia DYN
