El desesperado planteo K para apelar. Por qué la Corte no podría intervenir.
Si bien el Gobierno Nacional apeló hoy a la Corte Suprema para que se expida contra el fallo quefrenó la creación del "Fondo del Bicentenario" con reservas del Banco Central, esa jugada noprosperaría debido a que la apelación es contra una medida cautelar, y la jurisprudencia indica que el máximo tribunalsólo revisa sentencias definitivas.
La Corte podría resolver sobre el tema si lo que hubiera frenado el uso de las reservas fuerauna sentencia de fondo; es decir, un fallo al que se arribaría luego de un largo caminojudicial, que terminaría bastante después de ser tratada en el Parlamento la validez de losDNU (decretos presidenciales) que crearon el fondo en cuestión.
Lejos de ello, las causas que llegarían a la Corte son las que fueron abiertas a raíz de sendaspresentaciones del diputado nacional del PRO Federico Pinedo y el senador de la UCR GerardoMorales, que durante la feria judicial fueron analizadas en conjunto por la Sala IV de la Cámara enlo Contencioso Administrativo y derivaron en la medida cautelar mencionada.
Para que así y todo la Corte pueda entrar en escena debería mediar una gravedad institucional inusitada, y es por ello que, en laapelación que presentó este viernes ante la Cámara para que habilite la llegada de las causas almáximo tribunal, el flamante procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, advirtió que el fallo quefrenó el uso de las reservas "afecta el interés de toda la comunidad y el equilibriorepublicano".
Asimismo, la presentación oficial sostiene que los legisladores de la oposición que recurrierona la Justicia "carecían de interés especial" para actuar y "podían y debían ejercer suscompetencias en el ámbito del Congreso de la Nación" en lugar de recurrir a la Justicia, queparadójicamente avanzó en las causas precisamente por considerar que se había vedado a los edilessu función parlamentaria de analizar el decreto como el mecanismo legal establece.
Da Rocha estableció además en la apelación que la postura de la Cámara implicó "fácticamentedesconocer la validez" de los DNU, y que el freno al uso de reservas por parte del Gobierno"suspendió la implementación de la estrategia definida por el Estado nacional para su reinserciónen los mercados de bonos, perjudicando las expectativas sobre el canje de títulos y provocandoalteraciones en la colocación" de esos papeles.
Por otra parte, el Procurador pidió a la Cámara que envíe el fallo al máximo tribunal con"efecto suspensivo" sobre el freno del uso de los fondos federales, es decir, de modo tal quemientras se resuelva la cuestión las reservas sean liberadas.
Para que el trámite iniciado por el Gobierno llegue a buen puerto, los camaristas deberánprimero darle traslado de la apelación al PRO y la UCR, que tendrán 10 días para opinar sobre lapresentación. Luego, la Cámara estará en condiciones de resolver si acepta o rechaza la apelación.En el segundo caso, el Gobierno podrá recurrir directamente a la Corte a través de un recurso dequeja.
