La provincia de Buenos Aires se constituyó hoy en la primera del 2009 en reclamar mayores recursos del régimen deCoparticipación Federal de Impuestos, en el inicio de un año electoral y doce años despuésdel vencimiento del plazo constitucional para la sanción de una nueva ley al respecto.
El reclamo estuvo a cargo del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien pidió mayor coparticipación federal para la provincia yconsideró que "no es justo que reciba tan bajo porcentaje siendo el Estado que más aporta a larecaudación nacional".
En su demanda por un incremento en la coparticipación federal de impuestos para laprovincia, Casal argumentó que "este año se van a sentir los coletazos de la crisis económica global y se van a resentirlos ingresos públicos y la verdad es que no es justo que Buenos Aires aún no tenga coparticipacióndel tributo al cheque y que no tenga fondos como ha tenido durante tanto tiempo, para sostener losbolsones de pobreza más grandes que son del Conurbano".
Las quejas del funcionario de la administración de Daniel Scioli sobre la falta decoparticipación del impuesto al cheque tiene lugar pocos días después de que en el Congresonacional se aprobara (con el voto, entre otros, de diputados y senadores bonaerenses) la prórrogade la ley que establece esa forma de reparto.
En declaraciones realizadas en Radio Provincia -emisora oficial del gobierno bonaerense-, Casalseñaló que "es necesario tener un diálogo muy fuerte con el gobierno nacional para entender que laprovincia representa el 40 por ciento del PBI del país y no obstante no disponga de los fondosnecesarios para atender la pobreza que sufre el Conurbano".
Los reclamos de la provincia de Buenos Aires por lo que considera un desequilibrio entre lo queaporta y lo que recibe en recursos fiscales son históricos (aunque cuando llega la hora de votar en el Congreso no se oyen disidencias) yparten del cruce de los principales criterios que se utilizan para determinar los porcentajes adistribuir entre la Nación y el conjunto de las provincias (distribución primaria) y entre estasúltimas entre sí (distribución secundaria).
Esos criterios son el devolutivo (se le da a cada distrito en función de lo que aporta) y elredistributivo (se le otorga de acuerdo con lo que necesita para su desarrollo), que generan unaobvia tensión entre las provincias denominadas "grandes" que priorizan el primero, y las "chicas"que se vuelcan a favor de la segunda opción.
La Constitución de 1853 -y en rigor, todo ordenamiento político federal- estableció que esfacultad de las provincias la fijación y recaudación de impuestos, pero las transformacionespolíticas y económicas derivaron en la creación de 1935 de un régimen de Coparticipación Federal deImpuestos, mediante el que las provincias delegaban esa facultad en la Nación, que se comprometía aredistribuir lo recaudado con criterios equitativos.
El régimen se fijó con una duración de cincuenta años, por lo que en 1985 debió prorrogarse dehecho, hasta que en enero de 1988 se sancionó la ley 23.548, que desde entonces tuvo decenas demodificaciones. Precisamente esos cambios a la ley son los que objetan las provincias, por entenderque de esa manera se las fue perjudicando en el reparto de fondos.
En ese sentido, si bien la ley de Coparticipación asigna a las provincias el 54,66 por cientodel total de la masa coparticipable, algunos gobernadores aseguran que en realidad reciben menosdel 30 por ciento. Olvidan que el ámbito para quejarse es el Congreso.
Fuente: DYN
