Un estudio revela cómo los punteros políticos canjean planes sociales por favores personales

Luego de la crisis de 2001, los planes asistenciales jugaron un rol fundamental en la contenciónsocial de los más necesitados. Pero el cobro de los planes siempre estuvo asociado como unaherramienta clientelista de los punteros políticos, que pedían una contraprestación o un porcentajedel dinero a los beneficiarios de los planes.

Quienes reciben asistencia social deben soportar no sólo pedidos de dinero y presiones paraasistir a actos políticos, sino también que se les exija realizar tareas domésticas en casas particulares -bajo la amenaza de perder elsubsidio- y se registraron varios casos de acoso sexual a mujeres.

A esa conclusión llegó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad yel Crecimiento (Cippec), en un informe basado en unas 448 denuncias de las 4891 que se tramitaronante la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (dirigida por GuillermoMarijuán) entre los años 2002 y 2007.

El estudio, llamado "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza",descubrió que la mayor cantidad de casos de clientelismo (79,5 por ciento) no ocurre durante lainscripción o el pago del plan social, sino durante la contraprestación laboral, informó el diario La Nación.

En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar -que hoy tiene unos 668.000 beneficiarios perollegó a los 2 millones en 2002, por lo que fue el mayor programa de asistencia social de laArgentina- l a contraprestación consiste en asistir de cuatro a seis horas diarias a actividadescomunitarias o de capacitación. El control de la asistencia está a cargo de lasagrupaciones políticas o municipios donde se realizan las actividades.

Entre las denuncias, la más común es el cobro de un porcentaje del subsidio, que aparece enel 45,4 por ciento de los casos. Por lo general se pide entre un 10 y un 20 por ciento del plan(63,2% de los casos), lo que representa entre 15 y 30 pesos mensuales. Pero la "comisión" puedellegar a los 75 pesos (3,4% de las denuncias), o sea, la mitad del plan.

Otras irregularidades denunciadas son las amenazas (21,6% de los casos), lacontraprestación irregular (19,6%), el proceso de pago irregular (8,3%), el uso político de losprogramas (3%), el acoso sexual (0,5 por ciento) y otros (1,6%). Entre las contraprestacionesirregulares, la más común (69,4 por ciento) es exigir a los beneficiarios de los planes socialesque participen en marchas políticas y piquetes, seguida por obligar a los titulares del beneficio atrabajar en casas particulares (22,3%), como empleadas domésticas las mujeres y como jardineros oalbañiles los hombres.

"Mientras las marchas y los piquetes implican la politización partidaria de los programassociales, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico representan lisa y llanamentela privatización de los programas públicos", explica el informe, elaborado por Christian Gruenbergy Victoria Pereyra Iraola.

"En teoría, la decisión de excluir a una persona por inasistencia en el cumplimiento de lacontraprestación debía pasar por un proceso formal de revisión con el objetivo de prevenir medidasarbitrarias. Pero en la práctica la amenaza de un coordinador puede ser más efectiva y convincente quecualquier proceso administrativo para prevenir decisiones arbitrarias", agrega.

Los acusados son, en dos de cada tres casos, los punteros políticos barriales que operancomo coordinadores del plan. Son quienes tienen relación directa y cotidiana con los beneficiarios,y los encargados de controlar el registro de asistencia a las actividades de contraprestación. Enocasiones aparecen denunciados también los empleados municipales (9,9%) y los bancos que hacen elpago (8,1%)

Por ese motivo, los autores relativizan el impacto que tendría la aplicación del pagoelectrónico para evitar estas irregularidades en los programas, ya que que esa herramienta sóloevitaría el clientelismo en la etapa del cobro del subsidio.