La ley 25.873, denominada "Ley Espía" fue sancionada sobre tablas
(sin tratamiento en comisiones ni debate en el recinto)por el Senado de la Nación el 17 de diciembre de 2003. Había sido aprobada por Diputados ainstancias de un proyecto del legislador oficialista José María Díaz Bancalari.
El 8 de noviembre de 2004, el entonces presidente Kirchner reglamentó la ley a través deldecreto 1563, firmado también por su entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y los ministros Julio De Vido y Aníbal Fernández.
La oposición, junto a especialistas en comunicaciones y cámarasempresarias del sector, criticaron la ley por los alcances que tendría esta ley en la privacidad delas personas y advirtieron sobre el uso irregular que se podría hacer sobre esos datos. Incluso,hablaron de poner en marcha un "Gran Hermano" oficial.
Pero el oficialismo defendió la ley en pos de avanzar en la lucha contra la delincuencia yel terrorismo. Finalmente, en medio de la polémica, Kirchner anunció desde Alemania, durante unavisita oficial a mediados de abril de 2005, que daba marcha atrás con la ley.
El 22 de abril, cinco meses de que fuera reglamentada, el ex presidente firmó el decreto 357/05 que suspendió el texto que puso en marchalos alcances de la norma.
El decreto decía que la suspensión se daba por "razones que son de público conocimiento" ycon el objetivo "de permitir un nuevo análisis del tema". En el Congreso, diputados de la UCRy de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para derogar la norma, pero nunca fue tratado.
Por su parte, en los tribunales la ley fue declarada inconstitucional en junio de 2005 por la jueza en lo ContenciosoAdministrativo Federal Liliana Heiland y por la Cámara del fuero en noviembre del mismo año.
Hoy ese criterio fue ratificado por la Corte Suprema que le puso fin auna discusión de años en pos de proteger la privacidad de las comunicaciones.
Entre esas recomendaciones, figuran resguardar el derecho de la defensa en juicio, verificar laprecisa identificación del grupo o colectivo afectado y arbitrar un procedimiento apto paragarantizar la adecuada notificación de todos aquellas personas que pudieran tener un interés en elresultado del litigio, entre otras cuestiones.
Fuente: DYN
