La decisión de la Justicia de clausurar simultáneamente 29 burdeles conocidos como "Las Casitas"en Río Gallegos, Santa Cruz, no conformó a los impulsores de la denuncia contra la trata demujeres. Los representantes de la Fundación Alameda le exigieron algobierno provincial de Daniel Peralta que atienda a las víctimas del tráfico de personas.
Mediante un comunicado firmado tanto por el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera,como por su secretario, Rodolfo Yanzón, reclamaron que la "valiente" decisión de lajueza Ana Álvarez de clausurar los cabarets "no basta" si el Estado "no acompaña". Deesta manera, los representantes de la Fundación reclamaron la intervención gubernamental.
A través de Vera, la Fundación reclama que el Estado garantice la contención de lasvíctimas para que puedan declarar en libertad. Hasta el momento -denunciaron- el gobiernoprovincial kirchnerista no le brindó a las mujeres "alojamiento transitorio, ni contenciónpsicológica ni, mucho menos, perspectivas de reinserción laboral y social".
Paradójicamente, los representantes de La Alameda señalaron que las víctimas, ante la ausenciade respaldo estatal, "aún pernoctan en las casas que son propiedad de sus verdugos". De esa forma, losjueces luego desestiman las denuncias de trata de mujeres porque las jóvenes no se animan adenunciar a sus explotadores.
Acción conjunta. En el marco de la visita de mañana del ministro de Justicia,Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, a la provincia, los representantes de la Fundaciónreclaman que la investigación tiene que llevarse adelante con la idea clara de que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad están sospechados de formar partede las redes de prostitución.
"Ni el Estado, ni las fuerzas de seguridad federales garantizaron un marco adecuado deintervención para semejante megaoperativo. Sin embargo (...) Las Casitas deben seguir clausuradasen base a lo que establece la ley de profilaxis y los convenios internacionales que nuestro paíssuscribió", expresaron en un comunicado.
Mirar para otro lado. Por último, la Fundación rechaza el inauditoreclamo de "reapertura" de los dueños de los cabarets (acusados de tener mujeres a lafuerza) . A su vez, tanto Vera como Yanzón criticaron los intentos de algunos funcionarios "dedisfrazar a esas casas de prostitución con la categoria de cabaret clase "C" u otrosartilugios".
Historia de una denuncia. La intervención judicial estuvo precedida de unainvestigación que habría constatado buena parte de lo que la Fundación Alameda denunció el 29 deabril pasado ante la Procuración General de la Nación. De esta manera, los representantes aseguranque "no se trató de una acción precipitada, sino largamente planificada".
