Hay imágenes que generan algo más que indignación. Generan tristeza, impotencia y una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿qué clase de país podemos construir si no somos capaces de respetar aquello que nos pertenece a todos?
Los destrozos registrados en la Plaza de los Dos Congresos durante la marcha universitaria del 15 de octubre vuelven a poner sobre la mesa un problema que trasciende cualquier discusión partidaria. El daño a la infraestructura pública no es solamente una cuestión de convivencia urbana ni un gasto que deberá afrontar el Estado. Es, sobre todo, un síntoma del vínculo que mantenemos con las instituciones, las normas y los espacios que compartimos.
Como sociedad, debemos ser capaces de distinguir dos cuestiones que no son incompatibles: defender el derecho a la protesta y rechazar la destrucción de los bienes públicos. Una manifestación puede expresar un reclamo legítimo, incluso frente a decisiones gubernamentales que merezcan una crítica severa. Pero ninguna causa, por noble que se considere, convierte al vandalismo en una herramienta aceptable.
Una plaza no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece a todos los ciudadanos, incluso a quienes piensan distinto de quienes se manifiestan. Dañarla no es perjudicar a una administración: es trasladarle un costo al conjunto de la sociedad.
Las instituciones detrás del desarrollo
En Por qué fracasan los países, los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson desarrollan una tesis central: las diferencias en el desarrollo de las naciones no se explican únicamente por sus recursos naturales, su geografía o la capacidad individual de sus habitantes. Una parte fundamental de la explicación reside en la calidad de sus instituciones.
Los países que logran prosperar suelen contar con instituciones inclusivas, capaces de establecer reglas relativamente previsibles, limitar el ejercicio arbitrario del poder, proteger los derechos y generar condiciones para que las personas puedan invertir, producir, innovar y desarrollar sus capacidades.
Por el contrario, cuando las instituciones se debilitan, las reglas pierden credibilidad y el poder se ejerce sin límites efectivos, las posibilidades de desarrollo se deterioran. La incertidumbre desalienta las decisiones de largo plazo, la confianza se erosiona y la sociedad termina pagando el costo.
Esta mirada permite entender por qué el respeto por las instituciones no es una discusión reservada a abogados, políticos o académicos. Es una cuestión económica y social de primer orden.
Las instituciones no se sostienen únicamente con leyes escritas, edificios públicos o procedimientos administrativos. También necesitan una cultura ciudadana que reconozca la legitimidad de las reglas comunes y comprenda que los derechos individuales conviven con responsabilidades colectivas.
Un país no construye instituciones sólidas solamente cuando sus gobernantes respetan la ley. También lo hace cuando sus ciudadanos reconocen que las normas no dejan de ser válidas por el solo hecho de que una decisión les resulte adversa.
Esto no significa obediencia ciega ni conformismo. Las instituciones deben poder cuestionarse, reformarse y perfeccionarse. La protesta, el debate público, el periodismo independiente y la participación política son parte esencial de una sociedad libre. Precisamente por eso, es importante que los reclamos se expresen dentro de un marco que permita defender derechos sin destruir los de los demás.
El contrato social: aceptar las reglas sin renunciar a las convicciones
Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social, reflexionó sobre las bases de la organización política y la legitimidad de la autoridad. La convivencia supone la existencia de reglas compartidas que hacen posible la vida en comunidad.
En una democracia, ese acuerdo no exige que todos pensemos igual ni que aceptemos sin críticas cada decisión de nuestros representantes. Exige algo más complejo: reconocer que existen procedimientos comunes para resolver nuestras diferencias y que ninguna persona o grupo puede arrogarse el derecho de imponer su voluntad por fuera de ellos.
Aceptar una decisión política no equivale necesariamente a compartirla. Significa reconocer que el desacuerdo debe procesarse mediante los mecanismos institucionales disponibles: elecciones, deliberación parlamentaria, justicia, participación ciudadana y manifestaciones pacíficas.
Esta obligación es recíproca. También el Estado debe respetar la ley, cumplir sus compromisos, garantizar los derechos y responder por sus decisiones. No puede exigirse responsabilidad a la ciudadanía mientras las autoridades se consideran exentas de ella.
En materia universitaria, por ejemplo, es legítimo debatir cuánto debe invertir el Estado en educación, cómo financiar ese gasto y cuáles son las prioridades presupuestarias. Son discusiones relevantes para el futuro del país. Pero el debate sobre el financiamiento educativo no debería confundirse con la aceptación o justificación de los destrozos. Una cuestión es el mérito del reclamo; otra, los medios utilizados para expresarlo.
La fortaleza institucional consiste, justamente, en poder sostener ambas ideas al mismo tiempo.
El costo de destruir lo común
En Argentina solemos discutir con intensidad sobre inflación, crecimiento, déficit fiscal, inversión y empleo. Sin embargo, pocas veces vinculamos estos problemas con algo tan cotidiano como el respeto por los bienes públicos y las reglas de convivencia.
La relación existe, aunque no sea inmediata ni mecánica. Una sociedad que naturaliza el incumplimiento de las normas, la destrucción de lo común o la idea de que el fin justifica cualquier medio debilita las bases de confianza sobre las que también descansa la actividad económica.
Cada banco destruido, cada vereda dañada y cada espacio público vandalizado implica recursos que deberán destinarse a reparar lo que ya estaba construido, en lugar de utilizarse para mejorar servicios, mantener infraestructura o atender otras necesidades. En un país con restricciones fiscales y demandas sociales importantes, ese costo no es insignificante.
Pero el perjuicio más profundo no siempre puede medirse en pesos. Aparece cuando empezamos a considerar normal que el espacio público sea tierra de nadie, que las reglas se apliquen selectivamente o que la violencia sea una extensión aceptable de la discusión política.
La confianza institucional se construye lentamente y puede deteriorarse cuando las normas pierden autoridad. Recuperarla exige coherencia de quienes gobiernan, responsabilidad de quienes reclaman y una ciudadanía dispuesta a defender principios que deben valer para todos, independientemente de quién tenga razón en una discusión particular.
Una condición necesaria para el país que queremos
El desarrollo no depende exclusivamente de tener buenos gobiernos, abundantes recursos naturales o políticas económicas acertadas. También requiere instituciones que perduren más allá de los nombres propios, reglas que no cambien arbitrariamente y una sociedad que comprenda el valor de los límites.
Ese es uno de los grandes aportes de Por qué fracasan los países: recordarnos que la prosperidad no se construye solamente con decisiones económicas, sino también con las condiciones institucionales que permiten sostenerlas en el tiempo.
Por eso, frente a las imágenes de la Plaza de los Dos Congresos, la discusión no debería agotarse en la indignación por los destrozos ni convertirse en una disputa entre oficialismo y oposición. La pregunta relevante es qué conductas estamos dispuestos a tolerar y qué estándares de convivencia queremos preservar.
Defender las instituciones no significa defender a un gobierno. Respetar lo público no significa renunciar a la protesta. Y aceptar las reglas democráticas no significa dejar de luchar por aquello que consideramos justo. Significa entender que una sociedad no puede aspirar a construir un futuro mejor si, en el camino, destruye las bases que permiten convivir, producir y progresar.
Las naciones no fracasan de un día para otro. Sus instituciones se debilitan cuando las reglas dejan de ser compartidas, cuando los límites se vuelven optativos y cuando el interés particular se impone sistemáticamente sobre el bien común.
La Argentina necesita discutir su modelo económico, su sistema educativo, su política fiscal y sus prioridades de desarrollo. Pero también necesita recuperar un compromiso elemental: las instituciones importan, las reglas deben valer para todos y aquello que pertenece a la sociedad merece ser cuidado por todos.
Porque el desarrollo comienza mucho antes de que aparezca en una estadística de crecimiento. Comienza cuando una sociedad decide que el respeto por lo común no es negociable.
*Ex alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA), Promoción 2008. Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
