Fuerza, los esperamos. Un fuerte abrazo”. Las palabras pertenecen al último párrafo de lacarta firmada por los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y entregada por ellosmismos a Marcela Noble Herrera (33), hija adoptiva de la dueña del Grupo Clarín, el martes 29 a las8 de la mañana. En la entrada de los Tribunales de la calle Lavalle, la joven aceptó la carta, laguardó en su cartera y partió junto a su hermano, Felipe Noble Herrera (33), a la sede del CuerpoMédico Forense de Junín al 700, en el centro porteño. Allí, a ambos les extraerían dosmuestras de ADN –el resultado podría tardar entre 15 y 45 días– por pedido del juezfederal Conrado Bergesio, que tramita el expediente en el que se intenta establecer elverdadero origen de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble (84).
Se trata de un reclamo histórico de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya titular, Estela deCarlotto, está convencida de que Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos. El Gobierno,enfrentado con el Grupo Clarín, hoy también motoriza la causa.
Historia y dudas. Las Abuelas aseguran que la medida dispuesta por Bergesio es“ilegal” y pidieron su inmediato juicio político. Explican que, como indica la ley, laspruebas deberían haberse realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del hospitalDurand para cotejar los análisis con las dos supuestas familias biológicas que reclaman a losjóvenes –García Gualdero y Miranda Lanouscou, además querellantes en la causa– y contodos los parientes de desaparecidos registrados en ese banco. Pero los jóvenes sentían que eselugar, creado con la bendición de las Abuelas, no ofrecía las garantías necesarias. “Temían que una mano negra pudiera modificar los resultados paraperjudicarlos”, explica un confidente de Marcela, que trabaja con ella en el GrupoClarín. Jorge Anzorreguy, el abogado de los hijos adoptivos, aduce que ellos habían ofrecido larealización de los exámenes hace seis años y que “la diligencia fue ordenada en septiembredel 2004 y convalidada por la Cámara de Casación Penal en el 2007, y por la Corte Suprema en el2008”.
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