El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, con 42 votos a favor y 21 en contra. El proyecto del Gobierno pasó a Diputados y reabrió una discusión sanitaria: cómo atender mejor a personas que atraviesan crisis psiquiátricas, cuándo corresponde internarlas y qué ayuda reciben sus familias.
El cambio más debatido afecta a las internaciones involuntarias. La norma de 2010 exige una situación de "riesgo cierto e inminente". La reforma propone considerar un "riesgo grave" para la vida o la integridad física. Sus impulsores sostienen que permitirá intervenir antes de que una situación se agrave; sus críticos advierten sobre el peligro de ampliar las internaciones sin suficientes garantías.
1 de cada 7 argentinos tiene un problema de salud mental
Por ejemplo, para Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la UBA, la ley vigente necesita correcciones. Al exponer en el Senado, cuestionó las restricciones a los hospitales psiquiátricos especializados y afirmó que faltan camas. A su juicio, identificar automáticamente esos establecimientos con los antiguos manicomios desconoce la realidad asistencial.
Vale recordar que la reforma vuelve a reconocer a los hospitales monovalentes como parte de la red de atención, aunque mantiene la prohibición de prácticas manicomiales. Es una distinción relevante: la internación puede ser una herramienta terapéutica, pero no debe reemplazar el seguimiento ambulatorio.
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental
Las dificultades cotidianas también aparecieron en el testimonio de Sandra Lazarte, licenciada en enfermería, quien llevó al Senado la experiencia de familiares. "Como familias estamos pasando una situación sumamente grave porque se nos mueren nuestros hijos", advirtió. Su planteo pone el foco en las consecuencias de llegar tarde a una intervención.
Quién decide la internación y el alta
Este es el otro punto sensible: el texto aprobado contempla la intervención de un médico, preferentemente psiquiatra o formado en salud mental, junto a un psicólogo. También prevé mecanismos excepcionales para emergencias y teleconsultas en lugares donde escasean especialistas. La participación interdisciplinaria fue uno de los puntos revisados durante la negociación parlamentaria.
Evaluando la ley de salud mental
Jorge Biglieri, decano de Psicología de la UBA, consideró que revisar la norma es necesario cuando su aplicación produce efectos no deseados. Sobre los cambios acordados en el Senado para reconocer las funciones de los psicólogos en evaluaciones, internaciones y altas, afirmó: "Fue un avance, realmente es un avance". Pero aclaró que todavía hay aspectos cuestionados.
No todos los especialistas comparten ese diagnóstico. En abril pasado, la Asociación Argentina de Salud Mental rechazó la versión inicial de la reforma: sostuvo que podía debilitar la atención comunitaria, restringir derechos y generar barreras de acceso donde faltan profesionales. Varias disposiciones fueron modificadas después de ese comunicado y corresponde distinguir ambas versiones.
El ministro bonaerense Nicolás Kreplak también rechazó la media sanción. Sostuvo que los problemas más urgentes son la falta de inversión, planificación y acompañamiento a las provincias, y que cambiar la ley no solucionará por sí solo las dificultades asistenciales.
La iniciativa incorpora también a la ludopatía entre las adicciones contempladas, distingue la atención de niños y adolescentes y prevé dispositivos ambulatorios, atención domiciliaria y planes de seguimiento tras el alta. Para pacientes y familias, la cuestión decisiva será si esas herramientas existen en la práctica: ninguna modificación legal alcanza con bajos presupuestos y si una persona en crisis no encuentra profesionales, un lugar donde atenderse o continuidad para su tratamiento.
EG / EM
