Las villas y los asentamientos del Gran Córdoba sumaron unas 150 hectáreas entre 2016 y 2025. La superficie que ocupan pasó de 7,8 a 9,3 kilómetros cuadrados, una expansión cercana al 20%. El crecimiento superó el 18,2% registrado para el conjunto de los 34 aglomerados analizados por la Fundación Tejido Urbano en un informe publicado el 26 de octubre último pasado.
La “Radiografía de la expansión de los barrios populares en las principales ciudades argentinas 2016-2025” compara imágenes satelitales de ambos años a partir de las delimitaciones del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) de 2023. Mide el terreno efectivamente urbanizado. El resultado cordobés corresponde al aglomerado, que incluye la capital y localidades vecinas; no a toda la provincia. La comparación muestra diferencias entre grandes áreas urbanas. En Rosario, la superficie creció 6,7%; en Mendoza, 25,8%. Las villas y los asentamientos representan el 2,3% del suelo urbano relevado en el aglomerado cordobés.
El término barrios populares tiene aquí un significado específico. El ReNaBaP incluye villas, asentamientos y urbanizaciones informales con al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de los habitantes carece de título de propiedad y de conexión regular a dos de tres servicios básicos: agua corriente, electricidad con medidor domiciliario y cloacas. En Córdoba Capital, la base pública del ReNaBaP consultada el 27 de octubre consigna 177 barrios populares y 25.667 familias. Es otra escala y otro tipo de información: esa base cuenta sectores registrados y familias, mientras la investigación reciente calcula superficie en el Gran Córdoba.
Consultada por Perfil Córdoba, Ana Laura Elorza, investigadora del Conicet y docente de la UNC, sostiene que el hallazgo muestra “la magnitud del problema de acceso a la tierra y a la vivienda”. Ella es coautora, junto con Virginia Monayar y Mariel Ávila, de “Política de integración sociourbana de barrios populares: avances y desafíos en el abordaje del hábitat informal en la ciudad de Córdoba”, publicado en la revista Cuaderno Urbano en agosto de 2025.
La especialista hace una advertencia sobre el alcance del dato: más hectáreas no significan, por sí solas, un aumento equivalente de familias con necesidades habitacionales. Para comprender lo ocurrido también hay que conocer las características de los nuevos sectores y las condiciones de quienes los habitan. La expansión territorial y el crecimiento de la población son dimensiones diferentes.
Acceso difícil
Elorza vincula la formación y ampliación de estos asentamientos con dificultades que se profundizaron desde la crisis de 2001. Explica que muchas familias ocuparon tierras ociosas y construyeron sus viviendas ante la imposibilidad de pagar un alquiler o continuar compartiendo una casa con otros hogares.
En su análisis, también intervienen la valorización del suelo y el desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios. La investigadora señala que la inversión de capitales, entre ellos los provenientes del agronegocio, y la orientación de las políticas urbanas favorecieron esa valorización. Son procesos que ayudan a interpretar el problema habitacional; el relevamiento satelital no permite asignar a cada uno una porción del crecimiento medido.
Una investigación financiada por el Observatorio Social y Cultural de la UNC aporta un antecedente sobre las barreras de acceso. Difundida en 2024, encontró que la compra de una vivienda quedaba fuera del alcance de hasta el 40% de la población de menores ingresos del Gran Córdoba. Comparó precios de los inmuebles con ingresos familiares y posibilidades de afrontar un crédito hipotecario.
El trabajo utilizó ingresos del tercer trimestre de 2023 y alquileres relevados entre noviembre de ese año y marzo de 2024. Apenas el 10% de las viviendas ofrecidas en alquiler resultaba accesible para los sectores medios. Los porcentajes describen aquel período, no el mercado de 2026, y tampoco permiten saber cuántos hogares terminaron viviendo en una villa o un asentamiento.
La relación que plantea Elorza es más amplia: las dificultades para acceder al suelo y a una vivienda ayudan a explicar por qué se forman o se densifican estos sectores. A la vez, advierte que el aumento de su tamaño no puede atribuirse únicamente al crecimiento de la población o de las familias.
La integración
El nuevo mapa también permite volver sobre las condiciones de vida en esos territorios. El trabajo de Elorza y sus coautoras, basado en información del ReNaBaP de 2023, señala que el 77% de los 318 barrios populares de la provincia tenía conexiones irregulares a la red de agua. Ese porcentaje corresponde al conjunto provincial y no puede utilizarse como una tasa del Gran Córdoba ni como un balance actualizado de las obras.
En la capital hay intervenciones recientes en asentamientos identificados. El 8 de septiembre de 2026, la Municipalidad anunció la inauguración del agua potable en Toma Cabildo II, al sur de la ciudad. Dentro del programa Más Agua, Más Salud, se instalaron 970 metros de cañería y se ejecutaron 74 conexiones domiciliarias para 298 vecinos. Otra obra anunciada el 16 de julio de 2026 abarca unas 5,5 hectáreas de Ampliación Lamadrid y 170 familias. El intendente Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora informaron una inversión conjunta superior a $2.626 millones, dentro del programa provincial de urbanización y regularización dominial de barrios populares. Incluye desagües, alumbrado y conexiones domiciliarias. El anuncio corresponde al inicio de los trabajos.
La continuidad también forma parte del problema. En una investigación en curso, todavía sin publicar, sobre los asentamientos 12 de septiembre, El Milagro y La Huerta, Elorza señala que, tras la asunción de Javier Milei, “las obras fueron discontinuadas por la interrupción del presupuesto”. Según su seguimiento, sólo se completó una obra en el espacio comunitario de El Milagro. Los trabajos pendientes afectaron la circulación y se perdieron empleos de las cooperativas que los ejecutaban.
Para evaluar la integración, la investigadora propone mirar también el “acceso a equipamientos y servicios sociales”, como transporte público, escuelas y centros de salud. La comparación entre 2016 y 2025 aporta ahora una medida de la expansión. Saber cómo cambió la vida dentro de esas villas y asentamientos requiere seguir, además, qué servicios y oportunidades llegaron a sus habitantes.
