No se conoce con exactitud el número de industrias que contaminan el Riachuelo, ni la cantidad de basurales que siguen acechando sus márgenes, mucho menos se implementaron planes de asistencia de salud para los más de dos millones de personas que vivenafectados directamente por su contaminación. Hoy se cumple un año de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los estados nacional,provincial y de la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ymuy poco hicieron para cumplir con los plazos que estableció el máximo tribunal.
En efecto, el 8 de julio del año pasado, la Corte ordenó que la Acumar, Autoridad de Cuenca(constituida por los tres estados implicados y por diversas ONG participantes), que inspeccione, enun plazo de 30 días, todas las empresas de la zona para conocer los afluentes que desechaban en ellugar, al tiempo que estableció un año de plazo para que se encargue de erradicar todos losbasurales clandestinos y los asentamientos que los rodean. Pero también debía poner en marcha unplan sanitario y encargarse de la limpieza de sus márgenes y de la realización de obras de aguapotable, desagües y cloacas. El único avance hasta el momento es la concesión de un crédito de 850 millones de dólares que elBanco Mundial anunció el mes pasado para su saneamiento, pero que todavía genera dudas acerca decómo será su utilización.
“Las condiciones para que el Banco Mundial efectivamente realice el desembolso son muycomplejas, por lo que el dinero podría estar llegando recién en el próximo gobierno”, sentenció endiálogo con Perfil.com el ex embajador de Asuntos Institucionales Raúl Estrada Oyuela, miembro honorariode la Asociación Vecinos de la Boca, ONG que participa en la Acumar. Y agregó: “El créditono es cosa inmediata, ni resuelve los temas de hoy”.
Es que, según explica Estrada Oyuela, uno de los destinos del dinero es para la construcciónde dos grandes ductos que desemboquen en dos plantas de tratamiento, en Avellaneda y Berazategui,donde sólo se filtrarán los sólidos de las aguas. “El resto de los líquidos cloacales crudos serán eliminadosdirectamente al Río de la Plata, lo cual es motivo de preocupación para las ONG intervinientesy para el mismo banco que otorgó el crédito”, señaló el especialista.
En el mismo sentido se pronunciaron desde Greenpeace, ONG que también interviene como participante civil en Acumar. “Lo peor detodo es que han establecido como uso del río parámetros de contaminantes que sólo generan que no tengamal olor, mientras que las cloacas en vez de tratarlas van a ser llevadas al Río de laPlata”, señaló Martín Pietro, director ejecutivo de la organización. Y agregó: “A unaño del fallo de la Corte aún no se ha terminado de inspeccionar a las más de 4.000 industrias quedicen que hay censadas, no hay metas de reducción progresiva y gradual de los contaminantes del río, nohay provisión de agua potable, no hay sanitario de emergencia para la población que vive alrededorde la cuenca..., en fin, no tienen ni siquiera un mapa para saber dónde están parados”. En efecto,según un censo de Acumar, habrían una 4.100 industrias en los alrededores de la cuenca. Sinembargo, censos anteriores realizados por ONG estimaban más de 10.000.
Mientras tanto, en el marco de los incumplimientos a un año del fallo de la Corte, el juezfederal de Quilmes, Luis Armella (designado por el máximo tribunal para controlar las tareas deAcumar), le ordenó a la Autoridad de la Cuenca que presente en 10 días un cronograma oficial paralas obras de saneamiento que pretende realizar con el dinero del Banco Mundial, con elcorrespondiente estudio de impacto ambiental de cada obra. También le ordenó hacer 20 inspecciones diarias (en vez de las tres que informó que venía haciendo)para controlar los basurales clandestinos, y explicar las razones de las demoras en el cumplimientode las obras que habían sido anunciadas.
“Lo único bueno que se ha observado desde el fallo es el crédito del Banco Mundial y eltrabajo del juez Armella que ha mostrado voluntad en tratar este tema. Pero sobre el crédito, sibien dota al Estado de los recursos necesarios para realizar las obras de sanemianto, sino se gestiona adecuadamente va a pasar lo mismo que con el crédito del BID,cuya implementación fue nefasta”, destacó Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de FARN,ONG involucrada en el saneamiento de la cuenca.
(*) redactora de Perfil.com
