Dos productores rurales del partido de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para conocer el estado de los $2,3 billones que el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció en agosto para el Plan de Gestión del Riesgo Climático, en un contexto de preocupación por los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño.
El 22 de octubre presentaron una acción de amparo por acceso a la información a la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Buscan que la Justicia ordene a la administración bonaerense entregar de manera completa, precisa y documentada la información sobre el plan climático y las obras hidráulicas, viales y preventivas previstas en la Cuenca del Río Salado, con especial foco en la Subregión A3 y en Carlos Casares.
Los productores habían presentado un pedido formal el 22 de julio en la mesa de entradas del Ministerio de Infraestructura, pero no obtuvieron respuesta. El 4 de septiembre quedó configurada la denegatoria tácita, lo que habilitó la vía judicial. Ante la repercusión del caso, desde el ministerio se limitaron a señalar que responderán el pedido a la brevedad.
Qué reclaman
El primer interrogante es si el plan cuenta con respaldo administrativo formal: qué acto lo aprobó, cuál es el expediente, qué estudios técnicos lo fundamentan y qué cronograma financiero se fijó para su implementación en las zonas más expuestas a las inundaciones.
Los productores también piden conocer el origen y el estado de los fondos: las partidas presupuestarias asignadas y sus modificaciones, los montos comprometidos, devengados y pagados, y el saldo disponible. Además, quieren saber si existen créditos o préstamos destinados a financiar las obras y, en caso de que haya habido reasignaciones presupuestarias, qué normas las autorizaron.
Otro punto de la presentación apunta a las empresas contratistas y a cómo se adjudicaron los trabajos. Para eso solicitan pliegos, contratos, certificados de obra, pagos, inspecciones y actas de recepción, con el objetivo de determinar quiénes ejecutan las obras y cuánto dinero recibieron.
En cuanto a la infraestructura, reclaman un detalle de las obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o terminadas en la cuenca, con su ubicación, responsables, avance físico y financiero y plazos. El pedido incluye caminos rurales, alcantarillas, canales y drenajes, la información climática e hidrológica que se usó para diseñar el plan y las acciones que se llevaron adelante frente a los anegamientos y los problemas en la red vial rural durante 2025 y 2026.
El reclamo se apoya en antecedentes judiciales sobre acceso a la información pública en obras de infraestructura. Entre ellos se destaca el caso Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares, en el que la Justicia ordenó recientemente al municipio completar la información solicitada sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra N.° 50.
Ante la medida judicial, el Ministerio de Infraestructura provincial informó de forma escueta que responderán la solicitud de informes "a la brevedad".
IC/ML
