A la Ciudad de Buenos Aires parece no bastarle una década para resolver la licitación por elmobiliario urbano, como se conoce a la explotación de paradas de colectivos, pantallas verdes,chupetes publicitarios y señalización de las calles. Un negocio de 120 millones de pesos anuales yfuerte influencia política: los carteles son vistos por más de un tercio de los votantes de laArgentina.
Vencidos los contratos hace 13 u 8 años según el caso, la administración de Mauricio Macriadjudicó finalmente en marzo pasado a tres empresas la concesión del negocio, por la que lascompañías mantienen el mobiliario y cobran la publicidad que se monta en él, y pagan a la comuna uncanon superior a 5 millones de pesos.
Pero lo hizo en medio de una fuerte polémica y de denuncias cruzadas, que involucran afuncionarios porteños y a un legislador de PRO, a las compañías de publicidad que compitieron, apoderosos empresarios de los medios y el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur.También a la Justicia, donde por estos días se desarrolla el más reciente capítulo de estahistoria, en una nueva etapa poco transparente ante los ojos de los porteños.
El núcleo de la batalla se encuentra en la Justicia criminal, donde en 2007 se radicó unadenuncia contra los hermanos mendocinos Eduardo y Orlando Terranova, dueños de Publicidad SarmientoSA, que había salido primera entre las tres empresas empresas que Macri dio por ganadoras. Laacusación fue motorizada por las firmas que quedaron afuera Spinazzola SA y Viacart, a la que loscompetidores de esta empresa, y fuentes independientes, la vinculan con Daniel Hadad. También porotra de las victoriosas, Grupo Al Sur SA, de la familia de Albistur, quien esta semana fue citado adeclarar ante la sospecha de que benefició a esta compañíasiendo funcionario.
La acusación afirma que los Terranova habría fraguado información para ganar la licitaciónporteña, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el primer juez que recibió la causa, FacundoCubas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 49. Sin embargo, en segunda instancia, elcamarista Mario Filozof revocó el sobreseimiento y dirigió la causa a otro juez de primerainstancia, Luis Rodríguez, quien en tiempo récord procesó a los Terranova y dictó una medida paraevitar que se hagan cargo de la concesión.
Los ejecutivos de Publicidad Sarmiento, quienes tienen dividida su defensa, presentaron unrecurso de casación señalando como “arbitrario” lo actuado por Filozof y pidiendo lanulidad de lo actuado por Rodríguez, al considerar que el nuevo juez fue designado fuera de la ley,supuestamente bajo la modalidad “forum-shopping”, una práctica irregular que permite alas partes “seleccionar” el juez del proceso.
La novedad del caso es la sorpresiva decisión del camarista Filozof de apartarse de la causa. Aljustificar la designación de Rodríguez, sostuvo que “no existió ni pudo existir ningúninterés moral” en su decisión.
Si bien no está previsto en la licitación, una eventual condena contra Publicidad Sarmientopodría dejar a la firma fuera del negocio; y eventualmente el cuarto oferente, en este casoVíacart, tendría intereses, tendría serias posibilidades de obtener el contrato.
La pelea judicial tiene su correlato político, con denuncias de la oposición contra funcionariosporteños por desconocer ordenes judiciales, firmar en forma “poco clara” un acuerdo demantenimiento del mobiliario y otras “desprolijidades”.
La batalla de los empresarios por adjudicarse el contrato incluye a Albistur; a Spinazzola, queoperó las paradas de colectivos hasta 2008; a los hermanos Terranova, fuertes en el interior y enChile; y a Viacart. La guerra llegó a varios medios, algunos de ellos vinculados a Hadad, a SergioSzpolski, al Grupo Vila-Manzano e incluso a los Terranova. Todos se dicen afectados por lo que elotro publica.
La pelea judicial. Desde 2000, las empresas y cámaras del sector eligieron la víajudicial como primer campo de batalla, lo que en la práctica postergó la licitación y benefició aquienes mantenían los contratos desde antaño.
Entre ellos, la firma Rainbow, propiedad de Albistur; y Wellon, cercana al empresario CarlosAvila, cuyos contratos de explotación de las pantallas verdes vencieron en 1996. PublicidadSarmiento tenía en teoría hasta 2001 la concesión los llamados “chupetes”, aunque losmantuvo hasta 2008; al igual que Spinazzola y un grupo ligado a la alemana Siemens, que manejabanlos refugios y paradas de colectivos.
La crisis de 2001 postergó la licitación, pese a que la Legislatura porteña aprobó dos normaspara motorizar la compulsa.
Durante las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman se redactaron los pliegos delicitación, que fueron modificados por reclamos de los competidores, y se iniciaron los debatessobre los diseños de las nuevas paradas y señalizaciones.
Según fuentes del mercado, entre 2001 y 2006 hubo al menos siete reclamos judiciales, de loscuales tres demoraron el trámite. Mientras tanto, se prorrogaban los contratosmultimillonarios.
Los amparos y pedidos de no innovar fueron la “moda” durante los primeros años de ladécada, pero en los últimos 20 meses las denuncias cruzadas llegaron a los juzgados criminales yciviles. Hoy están procesados los Terranova y dos funcionarios de los municipios de Tucumán yMendoza; y acusados seis funcionarios porteños, entre ellos Mauricio Macri y el legislador PatricioDi Stéfano.
Los cuestionamientos. La trifulca judicial comenzó en marzo de 2007, cuando Al Sur y luegoSpinazzola presentaron la denuncia por presunta “adulteración de pruebas” contra loshermanos Terranova, cuya empresa Publicidad Sarmiento había quedado primera entre 8 concursantestras la apertura del sobre 1 de la licitación, de ofertas técnicas.
La acusación decía que la firma mendocina había adulterado información sobre sus antecedentes degestión de publicidad en la ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán.
Allí fue cuando la acusación fue subestimada por Facundo Cubas, aunque luego la Cámara a cargode Mario Filozof revocó el sobreseimiento; y obligó a volver a investigar, en mayo de 2008. Ennoviembre del año pasado, Cubas reiteró su rechazo a las imputaciones contra los hermanosTerranova, pero los camaristas volvieron a revocar el sobreseimiento, explicaron a PERFIL fuentesjudiciales.
La polémica surgió cuando tras el fallo de segunda instancia de la Cámara y ante una licencia deCubas, la Cámara ordenó seguir investigando el caso con el nuevo juez subrogante, Luis Rodríguez,quien en tiempo récord procesó a los ejecutivos de Publicidad Sarmiento y a dos funcionarios delinterior.
Las decisiones del camarista Filozof y del juez Rodríguez fueron duramente cuestionadas por ladefensa de los hermanos Eduardo y Orlando Terranova, que llevan adelante Joaquín Pedro Da Rocha yMariano Cúneo Libarona, quienes interpusieron un pedido de recusación contra Filozof, y presentaronun recurso de casación contra el fallo de Rodríguez ratificado por la Cámara.
“Fue un fallo sin fundamento, sin competencia y sin contracautela... destruyendo a laempresa, ordenando al jefe de Gobierno abstenerse de ejecutar el contrato de licitación”,asegura la defensa en una de sus presentaciones.
En una entrevista con PERFIL, Orlando Terranova aseguró que todos los papeles presentados de susantecedentes en Mendoza y Tucumán, que le habrían permitido ganar la licitación en marzo pasado,“son reales” e incluso mostró a este cronista los certificados de ambas comunas. Ademásrestó importancia a tales certificados, ya que su presentación no era obligatoria. Por su parte, sudefensor, Cúneo Libarona, afirmó que el desenlace judicial parece mostrar que “había queprocesar a toda costa”.
En tanto, Da Rocha, representante de Eduardo Terranova, reclamó la nulidad de todo lo actuadopor Rodríguez, como el procesamiento y el pedido de no innovar hacia la comuna, al argumentar queFilozof lo designó en “una elección arbitraria y parcial”, que “habilita lafundada sospecha” de que lo haya hecho con cierto interés. El juez Filozof finalmente pidióser apartado de la cámara en los últimos días.
Desde la otra vereda, el ex juez Mariano Bergés, quien patrocina a Spinazzola, expresó a PERFILque “lo único cierto es que la Justicia procesó a Publicidad Sarmiento y exigió al gobiernode Mauricio Macri a no habilitarle la licitación a esta empresa, cosa que no estácumpliendo”.
Spinazzola perdió la licitación y reclama también un resarcimiento en tribunales en lo civil.Sin embargo, no fue la única que quedó fuera de carrera que está interesada en el proceso contraPublicidad Sarmiento.
La batalla empresarial. Tres fuentes de la industria sugirieron a PERFIL que entrelos principales interesados en el proceso judicial se encontrarían –además deSpinazzola– Viacart, la compañía que estaría vinculada a Hadad, dueño de los medios dueño delcanal C5N, el portal Infobae y Radio 10.
Esta compañía quedó cuarta en la licitación y tenía serias posibilidades da quedarse con elnegocio. Fue la responsable de apelar la sentencia que liberó de cargos a los Terranova y quederivó luego en los procesamientos a cargo del subrogante Rodríguez.
“La medida cautelar por la que el juez Rodríguez ordenó no innovar en la licitación estuvoa cargo de Viacart, no de Spinazzola. Primero fue Grupo al Sur, que tras ganar se desligó un pocode la causa. Pero luego estuvo Viacart, que fue aceptada como querellante. A partir de esa medidase ordenó suspender los términos de la relación entre Sarmiento y gobierno”, explicó el exjuez Bergés a PERFIL.
En realidad, según consta en la Inspección General de Justicia, no es Hadad el responsable de lafirma, sino que la empresa está a cargo de Carlos Gaya y Alfredo Jacinto Díaz. En 1999, su directorera José Luis Damato, quien hoy tiene acciones también, entre otras empresas, en Supergol SA,vinculada al periodista Marcelo Capurro, director de la revista Debate.
Sin embargo, “que Hadad está vinculado sale en todos lados, y nunca se encargó dedesmentirlo”, señaló a este diario una fuente del sector, que no compitió en la contiendaporteña.
En Publicidad Sarmiento también se vincula a sus rivales de Viacart con otro empresario de losmedios, Sergio Szpolski, quien, en realidad, tampoco exhibe una relación directa con Viacart.“Las vinculaciones se arman por lo que publican los medios tanto de Szpolski como deHadad”, dicen allegados a los hermanos Terranova. Aseguran que estos medios son utilizadospara “tirar por una u otra empresa”.
Sobre este tema, la defensa de Terranova asegura que los empresarios son atacados en algunosmedios, una estrategia que incluyó una acusación de “antisemita”.
Consultado por PERFIL, Szpolski negó tener vinculación con la empresa Viacart o intereses en lalicitación por el mobiliario urbano porteño.
La trifulca por el mobiliario urbano, un negocio que supera los 120 millones de pesos por año defacturación, es además una estratégica fuente de influencia política. Será por eso que alsecretario de Medios de la Nación le sigue interesando el tema. El funcionario consiguió nuevamenteel contrato, esta vez con Grupo al Sur, que desde 2006 es propiedad de sus hijos y de su ex esposa,María de los Angeles Díaz.
Sobre esta empresa pesó en forma indirecta la denuncia del ex fiscal Anticorrupción ManuelGarrido, quien acusó a Albistur y a otros dos funcionarios de beneficiar a la compañía conpublicidad oficial, por lo cual este funcionario fue citado esta semana a declarar a Tribunales. Almenos para el consejo de evaluación de la licitación, la acusación no tenía relevancia para elconcurso.
Los Terranova fueron los principales ganadores de la licitación, y operan en mobiliario urbanode la Ciudad desde 1996. Tienen uno de los negocios más rentables, los llamados“chupetes”. Además mantienen la concesión en Mendoza, donde se encuentra su sedecentral, y operaron también en la ciudad de Tucumán (ver recuadro). Se hicieron públicamenteconocidos gracias al hijo de uno de sus dueños, Orly Terranova, un destacado conductor del RallyParís-Dakar y de la competencia que ahora se realiza en Argentina y Chile.
La puja política. El mobiliario urbano también se convirtió en los últimos mesesen un tema de denuncias cruzadas entre diputados de la oposición y el gobierno encabezado porMauricio Macri. La denuncia más grave es la que sostiene el “ibarrista” EduardoEpszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires. El legislador viene acusando a la comuna de haberotorgado a Publicidad Sarmiento el “mantenimiento” del mobiliario desde el 1º de enerode 2009, cuando Macri comenzó a hacerse cargo de las paradas de colectivos ante el vencimiento delas prórrogas de los contratos.
Contra el Gobierno pesan también otras acusaciones, que ahora son estudiadas por la Procuraciónde la Ciudad. Sucede que Macri habría incumplido la orden del juez Rodríguez de suspender elcontrato con los Terranova hasta que haya sentencia firme.
Por la denuncia contra los Terranova también fueron acusados un ministro y otros tresfuncionarios (ver recuadro). Mientras tanto, la comuna evita hablar de las“desprolijidades” y busca por estos días soluciones vía la Procuración.
También sigue comprometido el diputado Patricio Di Stéfano, quien habría firmado documentosrelativos a la licitación como miembro del comité de evaluación cuando ya era diputado, lo cual escontrario a la ley porteña, explicó a PERFIL una letrada que asesora a Epszteyn en laLegislatura.
En la Justicia se debatirán en estos días los próximos capítulos de esta historia, quizádemasiado extensos y tediosos para los porteños, deseosos de al menos un buen reparo a la lluviacuando esperan el colectivo.
