El sillón de mando de la Defensoría del Pueblo de Córdoba podría activar la rosca política. Una versión comenzó a ganar volumen en los pasillos de la Legislatura y sumó un nombre al tablero de la sucesión de Mario Decara: el radical Oscar Saliba.
La pregunta es si se trata de una negociación para antes de fin de año o de una jugada que quedará supeditada al resultado de las urnas de 2027, cuando se reconfigure la relación de las fuerzas políticas. Por ahora, no están dadas las condiciones para avanzar con una designación que exige una mayoría agravada y que, en el actual clima de confrontación permanente, parece una misión difícil.
Tras la salida de Decara, en julio de 2024, Carlos Galoppo quedó a cargo de una transición que se extendió mucho más de lo previsto. Aunque la designación corresponde por Constitución a la Legislatura, en el tablero cordobés nadie desconoce que la definición estará atravesada por el poder que concentra Martín Llaryora.
Saliba, una carta para 2027
El nombre de Saliba tiene un antecedente que lo vincula con los orígenes de la Defensoría. Fue secretario privado de Dante Fornasari, primer defensor del Pueblo de Córdoba, durante el período 1991-1994. El actual legislador, oriundo de Huinca Renancó, conoció junto a su tío el funcionamiento del organismo desde sus primeros años.
Su trayectoria y pertenencia radical explican por qué aparece en las conversaciones. “El único que puede reunir voluntades de los propios y de los ajenos es Saliba”, deslizó una voz radical, aunque sin ubicar una eventual designación en el corto plazo. La hipótesis apunta al escenario poselectoral, con una relación de fuerzas más definida.
Sin embargo, una negociación inmediata choca con la estrategia de la UCR alineada con Rodrigo de Loredo. La llegada de Matías Gvozdenovich a la presidencia partidaria reforzó esa línea interna. Su apuesta por “desperonizar al radicalismo” anticipa un escenario complejo para cualquier entendimiento en torno a la Defensoría.
“Es inaceptable una negociación con el PJ. Nosotros estamos para gobernar Córdoba”, expresó un radical, aunque aclaró que esa frase se la escuchó decir al “Ruso” Gvozdenovich.
Otras alternativas
Mientras Saliba gana espacio, Orlando Arduh mantiene su aspiración de llegar a la titularidad del organismo. El exfuncionario del Ministerio de Gobierno desembarcó en la Defensoría tras su paso por la gestión provincial y, desde entonces, trabaja para reunir respaldos. Su perfil podría facilitarle interlocutores, aunque por fuera de la estructura orgánica de la UCR que responde a De Loredo.
Arduh se alejó de la UCR para sumarse al cordobesismo. En medio de una áspera disputa interna, decidió desafiliarse antes de afrontar una eventual expulsión, como la que hoy recae sobre Myrian Prunotto. En ese contexto, podría reunir voluntades entre los radicales no alineados con la conducción partidaria, pero su candidatura enfrenta la resistencia de la bancada radical mayoritaria.
“Sé que Arduh anda buscando el puesto, pero no mucho más”, resumió un legislador consultado sobre los movimientos en torno al principal sillón de la Defensoría.
Hay una tercera alternativa. El libertario Gregorio Hernández Maqueda, el vecinalista Gerardo Grosso y la amarilla Patricia Botta impulsan la designación de Javier Alegre Capó. Abogado y especialista en Derecho Público, sus promotores lo presentan como un perfil independiente, con experiencia académica y condiciones para conducir el organismo.
La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la Defensoría después de los 15 años de gestión de Decara. Sus impulsores plantean recuperar el sentido original de la institución: actuar como intermediaria entre el Estado y la ciudadanía y fortalecer la defensa de los derechos colectivos.
Los dos tercios y el cálculo de Llaryora
El trasfondo excede los nombres propios. Desde la llegada del peronismo al poder provincial, la Defensoría fue conducida por la oposición, como resultado de acuerdos políticos tejidos en la Legislatura. La Constitución establece que el titular debe ser designado con el voto de los dos tercios de sus miembros: se necesitan 47 votos.
Esa exigencia convierte la sucesión en una negociación de alto voltaje. El oficialismo necesita construir consensos más allá de su propia bancada, aunque tampoco se descarta que Llaryora intente romper con la tradición y promueva a un dirigente peronista.
En la oposición advierten que el llaryorismo avanzó sobre posiciones institucionales relevantes —un vocal del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general y el juez electoral— y se preguntan por qué no podría disputar también la conducción de la Defensoría.
La otra alternativa es mantener el statu quo. Con una Legislatura atravesada por la confrontación rumbo a 2027, la continuidad de Galoppo podría prolongarse hasta que el resultado electoral permita recalcular fuerzas y acuerdos. A esto se suma que quien asuma tendrá un mandato de cinco años, una variable que condiciona cualquier negociación.
“Hoy no veo que a Llaryora le sirva pagar el costo de buscar los dos tercios”, resumió una fuente. En esa lectura, abrir ahora la discusión supondría un desgaste innecesario para el gobernador. No obstante, el cargo también podría convertirse en una prenda de negociación en el marco de la estrategia del PJ para buscar la reelección.
En el terreno de las especulaciones, algunos opositores miran hacia las últimas sesiones del año. “No va a ser cosa que el PJ, como nos tiene acostumbrados, meta el tema en las últimas sesiones de diciembre, cuando los cordobeses están en otra”, advirtió un dirigente opositor.
Un viejo reclamo
En paralelo, siguen pendientes iniciativas para reformar la ley que regula la Defensoría y ampliar sus atribuciones, entre ellas la legitimación procesal activa para defender derechos colectivos o difusos. Los proyectos continúan cajoneados y el debate sobre un cambio estructural queda relegado frente a la disputa por la conducción.
Por ahora, Saliba aparece como un nombre capaz de reordenar las especulaciones, pero no como una designación encaminada. Arduh conserva sus aspiraciones, Alegre Capó cuenta con una iniciativa formal y Galoppo sigue al frente. Entre el rechazo del deloredismo a negociar con el PJ, la posibilidad de que el oficialismo reclame el cargo y la alternativa de postergar la decisión, la sucesión permanece abierta.
“Decir si va a ser o no va a ser es hacer futurología, pero, de los nombres que hay, es el que tiene más aceptación de los dos bandos. Salvo que venga el peronismo y diga: ‘Es uno de los míos’”, resumió una fuente legislativa por las chances de Saliba en medio de la incógnita de si la Defensoría se resolverá antes de fin de año o si quedará como una ficha reservada para el tablero poselectoral de 2027.
