El controversial divorcio del empresario Luciano Merino y quien fuera su esposa, Carina Adelina del Luján Cravero, desembocó en la justicia penal. La demanda provino del letrado que asesoró y patrocinó a la mujer, Marcelo Touriño, con quien había firmado un pacto de cuota litis, es decir que sus honorarios constituirían un 10% del monto del acuerdo que se alcanzara.
El pleito por el divorcio vincular de la pareja se desarrolló en el fuero Civil de los tribunales de Carlos Paz y concluyó en enero de 2019 con un acuerdo de división de bienes que incluyó para ella un departamento, una cochera, un fondo de comercio de un negocio y un lote en un country, además de bienes muebles. El cálculo estimativo es de 300 mil dólares. Pero Touriño sostiene que lo que figura en la sentencia no es el monto que, en realidad, se repartieron sino una parte menor. Por esa razón presentó la denuncia en contra de Merino y Cravero, señalando que ocurrió un “desbaratamiento de derechos acordados”.
Quien fue abogado de Cravero ahora es su denunciante.
El fiscal de Instrucción, Guillermo González, imputó a los integrantes de la pareja disuelta por presunta estafa y ordenó la realización de una pericia sobre los bienes en disputa, que incluye el movimiento de la empresa de la familia Merino, Ciar SA, entre otras. Las consecuencias que acarreará son impensadas. Por la vía de una denuncia penal por incumplimiento en el pago de honorarios al abogado que representó a una de las partes, quizás se pueda llegar a conocer cuánto dinero ganó el pool de empresas que realizó un importante porcentaje de obra pública para la Municipalidad de Córdoba, la Provincia de Córdoba y municipios del interior hace unos años.
La sociedad conyugal disuelta incluye las acciones de Ciar SA y habrá que determinar qué participación societaria tuvo -y tiene- Merino en firmas como Cavicor SA, Mek Construcciones, Maflex e Hiram. De antemano se sabe que los porcentajes de las cuotas fueron mutando, como también los cargos de cada uno de los integrantes de la familia Merino.
Para conocer qué le correspondió a Merino durante los años en que estuvo casado con Cravero, Touriño pidió al fiscal que libre oficio al Registro Público de Comercio y la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas. También solicitó pericia contable y que se libren oficios al Registro de Constructores de la Provincia para conocer el listado y los costos de las obras públicas y privadas efectuadas por las empresas; al Ministerio de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia para que especifique las obras contratadas y los pagos efectuados en los años en que se mantuvo el matrimonio.
Profusa obra pública. Los contratos de la empresa de la familia Merino con estados municipales y provincial son numerosos. En la extensa lista hay obras de bacheo, asfalto, rutas provinciales, reparación de escuelas, hospitales, obras complementarias de cloacas, infraestructura para planes de vivienda, puentes y la Terminal de Ómnibus, entre otras. El grupo empresario obtuvo contratos y trabajó para la Municipalidad de Córdoba, Obras Públicas de la Provincia y municipios del interior.
DENUNCIA Y RECTIFICACION
Luciano Merino y Carina Cravero estuvieron casados durante 15 años y tienen dos hijos. La separación ocurrió en malos términos y se inició una disputa por los bienes a repartir.
En marzo de 2018, Cravero embistió públicamente contra Merino y lo denunció penalmente por haber pagado coimas. PERFIL CÓRDOBA publicó una entrevista a la mujer en la cual habló de sobreprecios para la construcción del puente de La Calera. Entre otras cosas dijo que “la empresa es familiar y era vox populi que pagaban sobreprecios: las coimas eran del 20%”. Y explicó que salió a contar todo lo que vio y vivió: “Conozco muchas situaciones de la familia Merino, cómo se manejan con la empresa”, dijo por entonces.
Y agregó: “Con mi exmarido, Luciano Merino, tenemos un divorcio complicado. Me causó un daño porque me desapoderó de todo lo que tenía en perjuicio de mi persona y de mis hijos”. Con el devenir del acuerdo de divorcio, la mujer mutó de discurso y dijo que aquellas denuncias “fueron malos entendidos”.
Además, Cravero se presentó en concurso preventivo. El trámite se lleva adelante en el Juzgado de Concursos y Quiebras N° 7, a cargo de José Antonio Di Tullio. Allí también se ha presentado el abogado Touriño para ser aceptado como acreedor quirografario
