La paritaria docente volvió a poner al Gobierno de Córdoba en un terreno incómodo. El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, recibió este martes en el Centro Cívico a una delegación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), encabezada por su secretario general, Roberto Cristalli. Según una fuente del Panal, la intención es no abrir formalmente la paritaria y estirar el esquema vigente hasta después de las elecciones provinciales.
El acuerdo salarial actual vence el 30 de enero y ajusta los sueldos por inflación, medida por la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia. La Provincia pidió prorrogarlo hasta julio de 2027. La UEPC, en estado de movilización, le planteó al funcionario riotercerense que está dispuesta a firmar la extensión, pero con un aumento extra por encima de la inflación. Los docentes quieren empezar el verano con mejores ingresos, en un año de economías provinciales estancadas.
El reclamo apunta al poder adquisitivo. Con una inflación mensual que ronda el 1,8 o 1,9%, los ajustes de los últimos meses casi no se notan en el recibo. El antecedente más cercano es la negociación de marzo, cuando el monto retroactivo en discusión rondó los $300.000, dependiendo del cargo y la antigüedad. Desde entonces, el salario volvió a depender solo del índice.
La UEPC marcó el 12 de noviembre como fecha límite. Ese día realizará una asamblea provincial y, si no hay una propuesta concreta, definirá un plan de lucha que podría incluir paros antes de fin de año.
Del lado oficial, el argumento es financiero: la recaudación provincial acumula nueve meses de caída y no hay margen para mejoras por encima de la inflación. Aun así, el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y el propio Consalvi se reúnen sobre el tema desde hace más de diez días.
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En ese marco, el Ejecutivo comenzó a barajar un “bono", que al llegar a fin de año se lo puede bautizar como "navideño”, una suma fija no remunerativa, para sobrevolar sin mayores fisuras a 2027. La prioridad es evitar un conflicto abierto en febrero y marzo, meses en los que suele arrancar la discusión salarial y que podrían coincidir con el inicio de la campaña.
El antecedente pesa: este año la negociación con la UEPC duró dos meses y hubo seis paros. Una prórroga firmada dejaría el tema congelado hasta julio.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) también reclama. Sostiene que el Estado puede reasignar gastos de otras áreas hacia salarios y denuncia vacantes sin cubrir en el personal de salud, con hospitales desbordados.
