El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier requirió la citación a juicio del empresario riocuartense Alicio Dagatti por vender carne en mal estado al Servicio Penitenciario de Córdoba y, en una de esas ocasiones, haber causado un brote de triquinosis.
Además de Dagatti padre, está acusado su hijo Ignacio Dagatti con quien es dueño y accionista del frigorífico Livorno S.A. Están acusados como coautores del delito de tráfico de mercaderías peligrosas para la salud y coautores de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa.
También alcanza la misma imputación a Luis María Mina, director del frigorífico; Roberto Adrián González, médico veterinario -como partícipe necesario-; y a los operarios Carlos Casiraghi y Federico Emanuel Giardina.
Lavado y reetiquetado de carne podrida
Según consta en el expediente, la firma Livorno SA actuaba como proveedora de productos cárnicos del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Son 14 los hechos donde se habrían constatado que las medias reses no estaban aptas para consumir. A pesar de eso, fueron entregadas al complejo penitenciario de Bouwer y a las cárceles de Villa María, San Francisco, Cruz del Eje y Río Cuarto.
Para ocultar la nocividad de los productos devueltos o en estado de putrefacción, la organización ejecutaba un meticuloso tratamiento. Las medias reses abombadas, verdes o con olor nauseabundo eran lavadas con soluciones de cloro y "perfiladas" con cuchillos para cortar las partes visiblemente podridas. Se retiraban las etiquetas originales de faena vencida o rechazada y se colocaban etiquetas falsas con fechas de faena recientes para reingresar la carne al circuito comercial.
A la vez, las habrían mezclado con carne fresca para disimular la mala calidad ante las recepciones de los penales. La investigación dio por acreditado que se faenaron y comercializaron animales que habían muerto en los corrales por golpes u otros eventos.
Complicidad veterinaria
Para el fiscal Gavier un pilar indispensable del engranaje fue la actuación del veterinario de Senasa, Roberto Adrián González, quien según la investigación acordó no controlar los camiones ni las cargas. González dejaba su sello profesional en las oficinas para que operarios como Casiraghi confeccionaran a su nombre los permisos de tránsito.
En interceptaciones telefónicas incorporadas a la causa, el propio veterinario reconocía que al buscar personal le advertía que debía "hacer la vista gorda" y "poner el gancho para mentir a Senasa". Por la falta de controles, los camiones salían con temperaturas de hasta 19.2 °C y 21 °C (cuando el límite reglamentario es de 5 °C a 7 °C), provocando la aceleración de los procesos de putrefacción.
Las escuchas y peritajes expusieron las condiciones de higiene en la planta de Las Higueras, constatándose la presencia habitual de "ratones gigantes" sobre las reses suspendidas en los rieles y plagas de gusanos sobre restos de carne cruda en el piso.
Contagio de triquinosis
El requerimiento fiscal dedicó su último tramo a la propagación de triquinosis. La fiscalía probó que en el laboratorio del frigorífico los análisis de digestión artificial no se realizaban conforme a protocolo o directamente se fraguaban y editaban digitalmente en computadoras para evitar costos de laboratorios privados.
Esta práctica deliberada derivó en el contagio confirmado de triquinosis en múltiples personas, entre ellas la familia de un empleado del propio frigorífico y clientes de carnicerías abastecidas por Livorno, quienes debieron ser asistidos con cuadros febriles y severas mialgias musculares.
