El V Congreso del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) concluyó en Puerto Iguazú con varias definiciones muy importantes para el esquema de financiamiento y la distribución de competencias sanitarias en el país. En la jornada de cierre, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, dejó en claro los límites del rol nacional y anunció cambios estructurales en la provisión de medicamentos.
Durante su intervención ante los 23 titulares de las obras sociales provinciales, Lugones remarcó que la atención primaria y la gestión hospitalaria corresponden estrictamente a las provincias, conforme a la división de poderes de la Constitución Nacional. En ese sentido, puntualizó que la cartera nacional reorientará su rol hacia la rectoría, el calendario de vacunación y el financiamiento de tratamientos de alta complejidad. “La salud en la Argentina es una responsabilidad primaria de las provincias. El rol de la Nación es coordinar, fijar lineamientos y organizar el acceso a vacunas de calendario y medicamentos de alto costo”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.
En el Congreso, del que participaron además de sanitaristas, representantes de obras sociales, varios actores políticos; Lugones también fue consultado la continuidad de la tan mencionad Emergencia Sanitaria —una herramienta clave que se prorroga año a año para dar oxígeno operativo al sector—, el ministro dejó una definición tajante: "Estamos trabajando para que el sistema no se caiga; si encontramos las herramientas, las sacamos".
Respecto a uno te los temas de la semana, Lugones confirmó la transformación del histórico programa Remediar: aclaró que no se cierra, sino que se reformula y estará abocado a medicamentos de riesgo cardiovascular y oncología, mientras que las provincias deberán asumir de manera directa la provisión de fármacos básicos para el primer nivel de atención.
La postura de las provincias
Si bien las administraciones provinciales no se oponen a hacerse cargo de la atención directa en sus territorios, los referentes del sector marcaron una clara línea de negociación: exigen que se coparticipen de manera transparente los tributos que los ciudadanos ya pagan a nivel nacional con destino a la salud, advirtiendo que asumir responsabilidades operativas sin la correspondiente redistribución impositiva ahogará financieramente a los distritos.
Gastar más eficientemente
El presidente de COSSPRA, Carlos Funes, cerró el congreso con un discurso donde le respondió firmemente al diputado nacional Manuel Quintar tras sus cuestionamientos sobre el manejo financiero: desmintió de plano que las obras sociales provinciales funcionen como "cajas políticas" y aclaró que los aportes son transferidos formalmente desde las provincias a través de rentas generales.
Al precisar que las obras sociales administran un ingreso per cápita promedio de $110.000 mensuales por afiliado, Funes instó a pasar del diagnóstico a las soluciones operativas para evitar que el encuentro quede solo en "una catarsis de dos días". Para ello, propuso constituir una mesa federal en el ámbito del COFESA que permita estructurar un paquete garantizado de prestaciones, poner reglas claras ante la judicialización y ordenar la incorporación de innovaciones tecnológicas.
“El problema nunca fue cuánto se gasta, sino cómo se gasta”, resumió Funes.
Apross destacó el carácter federal del evento
Pablo Venturuzzi, presidente del Apross, de Córdoba, remarcó que en el Congreso "salieron temas de consenso para la mejora del sistema sanitario argentino, para que sea sustentable. Esos ejes fueron: innovación, necesidad de tener un programa médico obligatorio (PMO) dictado por el Congreso de la Nación, que sea una canasta esencial de prestaciones que todos los financiadores de cualquier subsistema se encuentre obligado a brindar y que esa canasta sea modificada anualmente por una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Porque no toda innovación puede ser prestada, sino aquella que pueda ser financiada"m resumió.
Otros de los temas fue la “integración “, es decir la integración de la red pública de cada provincia con la obra social provincial y los efectores privados.
