La embestida que el Colegio de Martilleros de Córdoba venía ejerciendo contra el sistema de subastas online entró en un impass mientras se intenta negociar una serie de peticiones que esa institución le hizo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), autoridad a cargo de esa herramienta.
El Colegio venía advirtiendo y reclamando por la aplicación de las subastas vía Internet que, según decía, “pone en peligro la fuente laboral de los martilleros”. En un comunicado, habían advertido por fallas en el sistema y plantearon que había carencias en el control de registro de usuarios. Llegaron incluso a comprobar, vía escribano público, que una menor de 12 años pudo inscribirse en el sistema de subastas online, algo que los responsables del servicio aseguran haber corregido.
En medio de la tregua que se dieron Martilleros y el TSJ, la semana pasada la Justicia dio un duro golpe a “la trenza”, la organización ilegal que participaba de las subastas presenciales. Se imputó a 21 personas y en un operativo hubo 8 detenidos y se secuestraron autos, motos y dinero en efectivo.
Pedido. Además de poner en evidencia algunas falencias del sistema, el Colegio de Martilleros pidió al TSJ, por medio del Administrador General del Poder Judicial, que el sistema no se expanda hacia otro tipo de juicios que se dirimen a partir de las pujas digitales. “Lo que pedimos fue no agrandar el sistema y meter más cosas, que el sistema no se expanda a los otros tipos de juicios. Ahora están usándolo en las subastas fiscales, Municipalidad, Rentas y quiebras. Pedimos que no se amplíe la aplicación del sistema para los juicios ejecutivos y ordinarios”, señaló Marcelo Prato, director de Relaciones Institucionales del Colegio. En relación con la serie de errores que habían detectado, Prato señaló que desde la Justicia se habían comprometido a resolverlos: “Vimos que hubo una serie de cambios en la página, hubo modificaciones, no volvimos a entrar para probar el sistema”, dijo.
Respuesta oficial. Sobre las críticas que se marcaron al sistema, Matías Altamira, asesor de la Oficina de Subastas del Poder Judicial, afirmó que el sistema se puede mejorar y que las fallas detectadas ya se resolvieron. En relación con el registro de una menor en el sistema, Altamira explicó: “Lo de la menor de edad fue una picardía que hicieron en el Colegio, que pasó y que cuando nos enteramos lo corregimos. Ahora no pueden registrarse documentos menores a 42 millones. Fue un solo caso y la menor no pudo ofertar. En el hipotético caso de que hubiera participado y ganado, cuando llega al acta de subasta se constata que es una menor y no se puede dar por válida la subasta”.
Altamira subrayó que el principal desafío que tienen es lograr acreditarles la plata a los martilleros instantáneamente: “Si tuviéramos la anuencia del Colegio, se hubiera logrado hace rato. Pero como el Colegio en vez de colaborar pone palos en la rueda, no logramos que se haga ese convenio. Es una deuda pendiente real con los martilleros porque antes cobraban menos, pero se llevaban la plata en el momento. Como todo sistema hay que irlo mejorando y puliendo. Pero ahora hay más transparencia y participa más gente, lo que genera más ganancias para los martilleros. Se quedan en detalles, sin ver el efecto multiplicador que ahora se genera”.
Mejores números. Más allá de las críticas y falencias que el sistema de subastas online pueda tener, los números del nuevo esquema respaldan su operatoria. En un año hubo 20% más de oferentes registrados (actualmente son 15.385 personas), hay 631 martilleros y 239 tribunales habilitados. De septiembre de 2016 a 2017 se habían hecho casi 80 subastas con 1589 bienes y se movilizaron $34 millones.
¿Cómo funciona el sistema?
Según se explica en el sitio web de Justicia Córdoba, la subasta “online” se desarrolla en un espacio virtual situado en el portal del Poder Judicial de Córdoba. “Allí, los martilleros judiciales exhiben a través de fotografías o videos los bienes puestos a subasta por orden de un juez. Los postores deben registrarse para efectuar sus ofertas durante el plazo de puja, que comúnmente es de cinco días hábiles, durante las 24 horas. Todas las ofertas son públicas. Las partes en juicio pueden seguir el desarrollo de su subasta, con total transparencia y claridad. El bien, finalmente, se adjudica a quien haya realizado la mejor oferta. Una vez abonado el bien, el adquirente coordina su entrega con el martillero interviniente”.
