En redes sociales y sitios oficiales de los colegios y asociaciones de profesionales de la salud de Córdoba comenzaron a circular una serie de documentos y manifestaciones tras conocerse un proyecto de decreto reglamentario del Ejecutivo nacional que modifica buena parte de la Ley de Salud Mental 26.657. Según advirtió el CELS, y luego se hicieron eco entidades profesionales de Córdoba e incluso legisladores provinciales, el decreto modifica aspectos centrales de la ley, reinstala el formato de manicomio, afecta el desarrollo de dispositivos alternativos que ayudan a la reinserción y tratamiento de pacientes (como las casas de medio camino) y limita el trabajo de cientos de profesionales de distintas áreas que participan en el campo de la salud mental.
PERFIL CORDOBA dialogó con representantes de los colegios de psicólogos, de trabajadores sociales y de la asociación de acompañantes terapéuticos, para conocer su visión sobre los cambios que plantea el decreto. Con unanimidad, todos los espacios de profesionales advirtieron que el decreto modifica la sustancia de la Ley de Salud Mental y afecta derechos esenciales de los pacientes, a la vez que restringe la intervención de sus profesiones.
Un decreto limitante. “Lo primero que vemos es un problema de inconstitucionalidad, porque con el argumento de incongruencias con las incumbencias profesionales, cambian 33 de los 42 artículos, modifican el sentido de la Ley de Salud Mental, una ley de ciudadanía que amplía derechos”, señala Jacinta Burijovich, del Colegio de Psicólogos de Córdoba. En esa línea, Burijovich advierte que el decreto que busca reglamentar la ley limita a las personas que pueden recibir tratamiento y se cambia a una cantidad de prestaciones determinada por evidencia científica: “La Ley de Salud Mental está pensada desde la perspectiva de los derechos humanos y este decreto le saca todos los aspectos vinculados a los derechos humanos y sociales, a los padecimientos subjetivos. Y utiliza un eufemismo: ‘hospitales monovalentes especializados’, pero están hablando de manicomios, algo estigmatizante, algo así como volver a los leprosarios. Así, se patea el compromiso firmado en el Consenso de Panamá para llegar al 2020 sin manicomios”.
Impacto laboral. Desde el Colegio de Psicólogos afirman que los cambios que propone el decreto, dando mayor poder a los médicos psiquiatras, tendrán un efecto en la labor de los colegiados: “El decreto desconoce la problemática compleja. Por ejemplo, plantea que la dirección del equipo interdisciplinario queda solo para los médicos. Esto puede tener un impacto en la fuente laboral porque limita el trabajo de los psicólogos a una determinada práctica cuando en realidad el abordaje comunitario era para que todo el equipo acompañe a la persona con padecimientos”, apunta Burijovich.
Julio Abba, de la Asociación Acompañantes Terapéuticos de la Provincia de Córdoba, destaca que “es un decreto que nos deja afuera en algunos sentidos, pero fundamentalmente afecta a los usuarios en sus derechos por recibir atención para mejorar su calidad de vida. El acompañante terapéutico es uno de los agentes primordiales para llevar adelante el proceso que la ley plantea en cuanto a la desmanicomialización y en la reinserción social de las personas. Hay varias cosas que nos preocupan. Una es la propuesta de reinstalar el manicomio con otro nombre, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, un retroceso en cuanto al proceso de terminar con los manicomios y permitir la posibilidad de tener tratamientos en otros dispositivos. También en modificar la concepción de la salud mental, con concepciones biológicas”. Para Abba, con el decreto “se desalienta el desarrollo de dispositivos alternativos como hogares de día, casas de medio camino. Estamos organizando reuniones para trabajar y ver cómo podemos darle un freno”.
Derechos vulnerados. Una posición similar muestran los trabajadores sociales. Carolina Allende, presidenta del Colegio de Profesionales de Servicios Sociales, subrayó: “Es un decreto que vulneraría derechos porque vuelve a prácticas manicomiales, quita derechos a los pacientes. Se restringen cuestiones que llevan a que, en la práctica, la ley no se pueda aplicar. Y hay cuestiones de índole práctico que afectan el desempeño de los trabajadores sociales. Según este decreto, no podríamos conducir equipos disciplinarios o instituciones donde nos desempeñamos porque solamente los médicos psiquiatras podría ejercer posiciones de conducción. Restringe nuestro ejercicio profesional y no se tiene en cuenta el trabajo interdisciplinario”.
Finalmente, Allende destacó que “desde la Fepuc (Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba) vamos a seguir trabajando en esto. Tenemos una mesa de diálogo junto con Justicia y Salud y con el Tribunal Superior de Justicia, donde el objetivo es la aplicación integral de la Ley de Salud Mental. Es un tema prioritario para nosotros”.
Una excusa para otros fines. Natalia Monasterolo es doctora en Derechos y Ciencias Sociales, abogada y miembro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba. Al analizar el escenario que plantea el proyecto de decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental advierte: “Un decreto reglamentario no puede modificar el sentido de una norma porque atenta contra principios básicos de la democracia. Cambiar su sentido es grave, porque puede pasar con cualquier tema. Analizando el proyecto se ve que se atenta contra el espíritu de la ley. Justifica el mantenimiento de hospitales monovalentes, reinstala la idea de peligrosidad que la ley erradica; redefine a la salud mental en términos biologicistas, apela a la evidencia científica con posturas deterministas. Hay una reducción a la biología del sujeto. Por otro lado, queda relegado el abogado defensor en su rol y posibilidad de discutir. Todo esto legitima que no se cumpla el compromiso de llegar al 2020 sin manicomios, borra esos plazos”.
A la hora de analizar las motivaciones detrás del contenido del decreto, plantea una revisión hacia el momento de la sanción de la ley: “Hubo fuerzas muy disgustadas con la salida de la ley por la quita de poder que suponía. No proponía una disciplina hegemónica que decide, sino que tiene que funcionar en horizontalidad e interacción. Hubo muchas disputas ahí y el proyecto de decreto les da la derecha a los que estaban en contra de la salida de la ley. Reformar el decreto para ir en contra de la ley parece una excusa para otras cosas”.
