El Concejo Deliberante de Córdoba aprueba el proyecto que modifican el Estatuto del Empleado Municipal. La reforma exige certificados de antecedentes al ingresar, su renovación todos los años y la obligación de informar imputaciones penales.

El presidente de la comisión, Nicolás Piloni, definió las iniciativas como un conjunto que busca “mejorar los controles de ingreso y permanencia del personal en la administración municipal”. La reforma fue impulsada por el intendente Daniel Passerini y modifica la ordenanza 7244. Alcanza al personal de planta permanente, no permanente y contratado, incluidos los funcionarios de planta política.

Qué cambia

Uno de los cambios centrales es la presentación anual de certificados de antecedentes. La Municipalidad podrá verificarlos de manera directa mediante convenios con organismos provinciales y nacionales.

Para ingresar se pedirán certificados de antecedentes penales y contravencionales de la Policía provincial. También se exigirán los del Registro Nacional de Reincidencia, del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y del registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.

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Se sumará además un estudio que acredite resultado negativo para metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. Durante la relación laboral habrá controles aleatorios o focalizados en áreas operativas sensibles, especialmente donde existan riesgos para terceros.

Piloni explicó que los certificados y los estudios de metabolitos en orina ya se solicitaban desde hace meses. Según dijo, el Estatuto necesitaba actualizarse porque no exigía que se presentaran cada año.

Una cuestión de responsabilidad

El edil, de Hacemos Unidos por Córdoba, sostuvo que la modificación “eleva los niveles de integridad que deberán acreditar quienes inicien la carrera administrativa en el municipio, pero también de quienes quieran permanecer como empleados municipales”.

Sobre el alcance de la norma, afirmó: “Acá no se trata de quiénes, todos tenemos la misma responsabilidad”.

El despacho fue aprobado por unanimidad en comisión. Se espera que también reciba apoyo mayoritario de la oposición.

Otro punto es que los empleados deberán comunicar si son imputados penalmente, incluso por hechos ajenos a sus funciones. También tendrán que informar órdenes de captura, detenciones y otras medidas judiciales que afecten su situación procesal.

La autoridad competente evaluará la incidencia de cada caso en las funciones del agente o en el normal funcionamiento del servicio. Con ese análisis decidirá si corresponde iniciar un sumario u otras medidas.

Una imputación no implica automáticamente una sanción administrativa. Tampoco habrá suspensión ni sumario de manera automática, y las medidas preventivas deberán estar fundamentadas y responder a riesgos concretos. La omisión injustificada de la información podrá dar lugar a sanciones.

El Ejecutivo tendrá 30 días administrativos para reglamentar la reforma y publicarla.

Los proyectos compatibilizados fueron presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y por los concejales Casado (HUpC), Piguillem, Caffaratti, Balastegui y Garade Panetta (UCR), y Juez Corte y Villata (FC).

Otros temas aprobados en la comisión

En la misma reunión, la comisión aprobó el proyecto que crea el Programa Municipal de Salud Sexual Integral. Llegó con despacho de la Comisión de Salud Pública.

También aprobó el despacho que compatibilizó dos proyectos de resolución de los concejales Casado y Frencia contra el recorte del Programa Nacional Remediar. El texto rechaza y repudia la decisión del gobierno nacional y exige que restablezca la entrega integral y gratuita de medicamentos en los centros de atención primaria de salud.

Por último, aprobó dos proyectos del DEM que modifican el Código Tributario Municipal. El primero se refiere a la “tasa retributiva por servicios municipales vinculados al ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios”. El segundo establece la desgravación de los ingresos provenientes de operaciones de títulos, letras, bonos y obligaciones, con el objetivo de “promoviendo el desarrollo de la economía local”.

Con el aval de la comisión, la reforma del Estatuto pasa a la etapa de votación en el Concejo. Si se aprueba, el Ejecutivo deberá reglamentarla en 30 días administrativos.