La crisis política e institucional que culminó en el desastre del Ueno Bank en Paraguay tiene sus raíces en una intrincada red de relaciones comerciales, participación accionaria y decisiones del gobierno de Santiago Peña que favorecieron la concentración de capitales públicos en la entidad.
Todo comenzó con el pretexto de como un modelo de innovación tecno financiera (Fintech) y terminó derivando en profundos cuestionamientos sobre el uso del aparato estatal para el beneficio de un grupo financiero estrechamente ligado a las altas esferas del Poder Ejecutivo.
Vínculos Societarios. Los cuestionamientos sobre el conflicto de interés no fueron infundados; respondían a la trayectoria empresarial del propio Presidente de la República y de sus colaboradores más cercanos antes de asumir el mandato en agosto de 2023
Antes de su llegada a la presidencia, Santiago Peña, un hombre del Partido Colorado, figuró como accionista y directivo dentro del entramado societario de Ueno Holding, la entidad matriz controladora de Ueno Bank. Aunque se argumentó una desvinculación formal de sus acciones, previo a tomar posesión del cargo, la rapidez con la que el banco escaló en el sistema financiero bajo su gestión mantuvo en constante sospecha el real distanciamiento del mandatario.
El nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) en 2023 constituyó el punto más crítico de esta red de influencias. Carvallo había ejercido la presidencia de Financiera El Comercio (entidad de la cual emergió la marca y estructura de Ueno). Que el máximo regulador del sistema bancario nacional fuera el antiguo conductor de la entidad regulada debilitó los contrapesos institucionales, generando un claro escenario de “puerta giratoria” y blindaje regulatorio.
Fondos Públicos al banco. Tras el inicio del mandato de Peña, Ueno Bank experimentó un crecimiento atípico dentro del mercado paraguayo, impulsado principalmente por la inyección masiva de liquidez proveniente del Tesoro nacional y de entidades del Estado.
La entidad pasó de ser un actor emergente a administrar una cifra astronómica de recursos públicos, estimada entre 730 millones y 860 millones de dólares. Estos fondos provenían de carteras ministeriales, empresas públicas descentralizadas y cajas de jubilaciones.
El caso más sensible fue la canalización masiva de las reservas y activos financieros del Instituto de Previsión Social (IPS). En lugar de diversificar los riesgos de los fondos de pensiones de los trabajadores paraguayos en instituciones de alta calificación tradicional, importantes sumas de dinero a plazo fijo y cuentas operativas fueron transferidas a Ueno Bank.
Llegó a manejar 32.000 jubilados del sistema público (específicamente del Instituto de Previsión Social, IPS), que representa aproximadamente el 34,4 % del total de jubilados y pensionados de esa institución. Es decir, uno de cada tres jubilado paraguayo tenía que cobrar en Ueno Bank.
La transferencia masiva de fondos no se limitó a depósitos estáticos. Se instrumentó mediante la migración sistemática del pago de salarios de funcionarios públicos hacia la plataforma del banco, así como a través de la adjudicación directa o preferencial de contratos estatales para la recaudación de tasas, impuestos y servicios de cobranza pública.
Esta combinación de nexos societarios previos, falta de independencia en los órganos de control y un flujo continuo de recursos públicos convirtió la relación entre el gobierno de Peña Nieto y Uena Bank en el eje central de la crisis de legitimidad del país.
