El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en medio de un escándalo financiero que empezó con la intervención de Ueno Bank, un banco digital con casi tres millones de clientes. El Banco Central detectó créditos cuestionados a empresas vinculadas y una solvencia inferior a la mitad del mínimo. Peña había sido accionista del grupo hasta 2025.
Hubo una escena que me recordó a la captación de último momento de Generación Zoe, de Cositorto, o RainbowEx, la «China de San Pedro». Ueno era un banco regulado, no una pirámide, pero días antes del colapso enviaba notificaciones invitando a depositar: una promoción ofrecía reintegros del 50% a quienes ingresaran fondos y los mantuvieran hasta el 7 de noviembre. Una clienta depositó el lunes atraída por la oferta y horas después llegó el colapso.
Impacto en la Argentina
En Argentina, la caída de Ueno no remite solo a la comparación con fraudes financieros. Cerca de mil trabajadores informáticos de ITTI, la tecnológica del mismo Grupo Vázquez, con sede en Buenos Aires, no cobraron octubre. Desarrollaban sistemas para Ueno y otras empresas del conglomerado paraguayo.
El miércoles recibieron un comunicado de «Personas & Cultura». Empezaba con «Queridos colaboradores» y prometía acompañamiento y transparencia. Al día siguiente llegaron otros correos: a muchos los suspendían sin sueldo. La empresa no pudo garantizar los sueldos de octubre ni noviembre, y los trabajadores no están bajo ningún convenio colectivo ni sindicato que los pueda representar.
En Argentina había programadores, diseñadores y especialistas en datos y ciberseguridad. Desarrollaban la aplicación y los sistemas del banco. En 2025 ITTI inauguró oficinas de 1.500 metros cuadrados en Buenos Aires. Llegó a reunir a unas 1.200 personas en el país, aunque en agosto ya había recortado unos 200 puestos.
Pero hay otra parte de la historia bastante argentina: al principio, ITTI contrataba a su personal como contractors: profesionales que trabajan para una empresa extranjera, cobran dólares en una billetera del exterior y no tienen relación de dependencia registrada acá. Sin aguinaldo, vacaciones pagas ni aportes patronales. Algunos temen hablar por miedo a ARCA o al BCRA. Pero registrar una relación laboral es obligación del empleador, no del empleado.
Unos meses después apareció Kaitel SRL: una empresa argentina con la que comenzaron a registrar empleados sin tomarles toda la antigüedad. Pero fue solo a medias. Según testimonios y recibos que revisé, aproximadamente la mitad del sueldo se pagaba en pesos, en blanco. La otra mitad llegaba en dólares mediante una plataforma que ofrece servicios de nómina y cumplimiento legal. El cumplimiento legal argentino, te la debo.
Cobrar del exterior no es ilegal por sí mismo. El problema es si esos dólares son parte del salario y no figuran como tal. Mientras los pagos llegan y los sueldos son buenos, muchos aceptan el arreglo creyendo que son parte de un esquema que los tiene a ellos como evasores. Cuando hay una suspensión o un despido, eso importa: ¿sobre qué monto se calcula una indemnización o el aguinaldo?
No es un caso aislado. Hace un mes, otra fintech cripto registrada ante la Comisión Nacional de Valores recortó personal. Según exempleados, no cobraron indemnización: sus contratos eran con una sociedad estadounidense, aunque trabajaban para la operación argentina. Podían cobrar mejor y en dólares así, les prometían. Hasta que el mercado se dio vuelta.
En 2023 escribí para Motores del Futuro un capítulo llamado «Cepos al conocimiento». Hablaba de la fuga de talentos blue: argentinos que no se mudaban, pero trabajaban para el exterior y cobraban fuera del sistema financiero local. El cepo y la pesificación obligatoria habían convertido cobrar servicios exportados en una carrera de obstáculos.
Sergio Massa, entonces ministro de Economía, llegó a hablar de jóvenes que cobraban por PayPal, cuentas en Uruguay o mediante «una motito» que les llevaba dólares a casa. Esas estructuras laborales blue de aquellos años no desaparecieron. En IT parecen haberse profundizado.
El sector también mantuvo durante años cierta distancia con los sindicatos. Muchos programadores preferían negociar solos, en dólares, rechazando convenios colectivos. AGC, la Asociación Gremial de Computación, logró personería gremial y un convenio que pocos aceptan firmar. Ahora se acercó al conflicto de ITTI para ayudar en una acción colectiva de los damnificados.
Y todo esto ocurre cuando la informática deja de ser la fábrica de empleos prometida. La CESSI proyectaba 500.000 puestos para 2030, cuando el sector rondaba los 150.000. En el primer trimestre de 2026 el empleo cayó por primera vez en seis años y en el segundo repuntó parcialmente. En octubre, su presidente, Pablo Fiuza, dijo: «Se acabó ese primer empleo» de programación que antes ofrecían las empresas. Ahora buscan más experiencia.
Mientras tanto, las exportaciones baten récords. Según Argencon, los servicios basados en el conocimiento alcanzaron US$ 10.493 millones anualizados hasta junio. Casi US$ 3.000 millones son de servicios informáticos, que crecieron más del 10%. Vendemos más al exterior, pero eso no está generando necesariamente más empleos ni mejores condiciones.
¿Tiene algo que ver la inteligencia artificial? No con la caída de Ueno, ni hay pruebas para atribuirle los despidos de ITTI. Pero hoy se puede escribir y probar software con herramientas que hace tres años no existían. Las empresas están revisando qué perfiles necesitan, empezando por los de entrada. El futuro de los programadores no parece tan lineal como nos dijeron cuando prometían cientos de miles de nuevos puestos.
En el comunicado, «Personas & Cultura» agradeció a los trabajadores su comprensión. Los trabajadores esperan algo más concreto: que les depositen el sueldo de octubre y saber si mañana seguirán teniendo obra social, algo que preocupa especialmente a un empleado cuya esposa está embarazada y a otro que tiene un hijo con una enfermedad en tratamiento.
