El cierre de Banco Ueno en Paraguay abrió un debate sobre la seguridad del sistema financiero, el control de las entidades bancarias y la responsabilidad del Estado en la administración de sus recursos. Sin embargo, el entrevistado planteó que el episodio debe analizarse como un caso particular y no como una crisis que comprometa al conjunto del sector.
En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), el analista Carlos Balmelli explicó que “lo bancario era Banco Ueno, que terminó esto en una estafa, en una actividad delictiva, no bancaria”, al recordar el diagnóstico que había realizado sobre los principales desafíos económicos de Paraguay.
Banco Ueno y las circunstancias detrás de su cierre
En ese sentido, cuestionó el origen y el funcionamiento de la entidad, al señalar que no se trató de una institución tradicional de intermediación financiera. “No fue Ueno Banco, no fue una institución de intermediación financiera, sino que fue creada a la sombra del poder político en un modelo de capitalismo fraudulento”, afirmó.
El entrevistado remarcó que las autoridades debieron intervenir y disponer el cierre de la institución a través del Banco Central, en un contexto atravesado por circunstancias políticas.
No obstante, insistió en que el episodio no debe confundirse con un colapso generalizado del sistema financiero. “El país no es una crisis sistémica, no tiene ningún elemento común con la Argentina del 2001”, sostuvo, al establecer una diferencia entre la situación paraguaya y la crisis bancaria que atravesó la Argentina a comienzos de este siglo.
Fondo de garantías: qué sucede con los pequeños ahorristas y los fondos públicos
Uno de los principales elementos que diferencian el caso paraguayo, según explicó, es la existencia de un fondo de garantías financiado por las entidades bancarias. Este mecanismo permite cubrir los depósitos de los ahorristas hasta determinados límites establecidos por la legislación.
“El sistema bancario tiene un fondo de garantías que es capitalizado por los bancos”, detalló Balmelli. También explicó que su financiamiento está incorporado a los costos de las operaciones financieras, mediante una parte de la tasa de interés.
A partir de una ley sancionada para atender la situación, los depositantes con montos inferiores a 10 millones de guaraníes podrán acceder a sus recursos con mayor rapidez. Además, el fondo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a unos 285 millones de guaraníes o 40.000 dólares, según los valores mencionados durante la entrevista.
“El pequeño ahorrista va a cobrar su dinero”, aseguró, y aclaró que la mayoría de los depositantes de la entidad estaría alcanzada por el mecanismo de protección.
Sin embargo, identificó otro problema que genera mayor incertidumbre: la exposición de los organismos públicos que mantenían recursos en el banco.
Entre ellos mencionó al Instituto de Previsión Social (IPS), la empresa estatal de electricidad, las cajas de jubilaciones y el Ministerio de Economía. “El problema es qué vamos a hacer con los fondos del Estado que políticamente se direccionaban al banco”, advirtió.
Finalmente, distinguió la situación de los pequeños depositantes de la de los grandes inversores institucionales. “El pequeño ahorrista va a cobrar su dinero. El gran inversionista, que en este caso fue direccionado el Estado, no sé cómo va a cobrar”, concluyó, al señalar que la recuperación de esos recursos constituye uno de los principales interrogantes que deja el cierre de la entidad.
