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En RDC explicaron cómo avanza la investigación por corrupción en España y qué sospechas existen sobre las obras ferroviarias

El periodista Marcelo Molina analizó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, una investigación por presunta corrupción en España que involucra 11 contratos de obras públicas por 900 millones de euros, al exministro José Luis Ábalos y a empresarios y allegados.

En RDC explicaron cómo avanza la investigación por corrupción en España y qué sospechas existen sobre las obras ferroviarias
Accidente de trenes en Toledo, España | Captura
Hoy 17:59

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó el avance de una investigación por presunta corrupción en España que involucra contratos de obras públicas por 900 millones de euros, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a empresarios y allegados. La causa también abrió interrogantes sobre posibles vínculos entre las empresas investigadas y las deficiencias en la infraestructura ferroviaria relacionadas con un accidente que provocó 46 muertes.

A menos de un mes de las elecciones españolas, una nueva investigación judicial sacudió el escenario político. La Unidad Central Operativa (UCO), organismo que Molina comparó con el FBI estadounidense, realizó allanamientos y detuvo a seis personas por su presunta participación en una trama de corrupción vinculada con contratos de obras públicas.

La investigación por corrupción que involucra a Pedro Sánchez y José Luis Ábalos

Entre los detenidos aparece Cristian Corbillo, quien habría sido chofer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.

Según explicó Molina, los investigadores sospechan que “actuó como intermediario y canalizador de coimas, vía contratos de obras públicas” y que también habría participado en operaciones de blanqueo de dinero mediante la compra de propiedades.

El periodista recordó que Sánchez aseguró no conocerlo, aunque existe un registro audiovisual en el que el mandatario agradece públicamente su participación en un acto político. “Ahí lo nombraba en segundo nombre, a Cristian, por su trabajo silencioso”, señaló.

Sin embargo, Molina advirtió que el foco principal de la investigación está puesto en la magnitud de los contratos: “Lo más grave es que en la mira hay 11 contratos por un valor de 900 millones de euros”. Se trata de fondos europeos destinados, entre otros objetivos, a la modernización de la línea ferroviaria Madrid-Andalucía. Ante las sospechas, la Fiscalía Europea anunció que investigará el destino de esos recursos.

Dos constructoras concentran la atención: Asbi, encargada de instalar vías, y Arido Sanfersa, responsable de preparar las bases y el terreno ferroviario. La UCO detectó que familiares y allegados de integrantes de la presunta organización habrían ocupado puestos en esas compañías, con salarios elevados que podrían haber funcionado como mecanismos para blanquear las coimas.

Las empresas investigadas y las sospechas detrás de los accidentes ferroviarios

Uno de los aspectos más delicados de la causa es la posible conexión entre las empresas investigadas y el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026, que dejó 46 muertos.

Según detalló Molina, los peritos determinaron que el descarrilamiento estuvo relacionado con la rotura de una soldadura en una vía que formaba parte de un proyecto de remodelación ejecutado por Asbi. “Esa vía tenía solamente 30 días de uso, según los registros, y un mes después, de arreglada, supuestamente, se rompió y provocó el choque”, explicó.

A esto se suman las irregularidades detectadas en las bases ferroviarias. Los peritos habrían determinado que los materiales utilizados no cumplían con los controles de calidad exigidos, lo que provocaba inestabilidad y deformaciones. Incluso, después de las reparaciones del accidente, se encontraron nuevamente al menos tres tramos deformados.
“Dos de las empresas contratadas por esta gente participaron activamente en lo que es la renovación y la reparación de los tramos donde se produjo el accidente”, remarcó el periodista.

La investigación también alcanzó a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, de 26 años, a quien le secuestraron dispositivos electrónicos. Está bajo sospecha por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y organización criminal. Molina indicó que habría adquirido dos departamentos de aproximadamente 130.000 euros cada uno sin contar con ingresos declarados.

El periodista recordó además un episodio ocurrido durante un allanamiento anterior, cuando la mujer intentó salir de la vivienda para pasear al perro. Los agentes encontraron escondidos entre su ropa un disco duro azul y dispositivos digitales encriptados, cuyo contenido habría permitido avanzar en la investigación.

Finalmente, Molina diferenció esta causa del segundo accidente ferroviario. En este último, explicó, las fallas estuvieron relacionadas con los sistemas de seguridad y la gestión operativa. “Fallaron los sistemas, falló la gente, pero básicamente lo que falló es el sistema”, sostuvo.

Según relató, el sistema había registrado 170 fallos durante ese año y, ante su inoperatividad, los trenes podían circular manualmente, con recomendaciones de velocidad máxima de 40 kilómetros por hora que no siempre se habrían respetado.
“Son dos accidentes distintos con nueve meses en la misma vía”, concluyó Molina, al advertir sobre la gravedad de las fallas y las responsabilidades que todavía busca esclarecer la investigación.

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