La reducción de la carga impositiva en la Argentina continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector empresario y los consumidores. Aunque el Gobierno nacional mostró voluntad política para avanzar en esa dirección, el ritmo de las medidas resulta insuficiente frente a las necesidades de la sociedad, según el análisis de la ONG Lógica.
En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, analizó el impacto de los tributos sobre los precios, la competitividad empresarial y la distribución de los recursos entre la Nación, las provincias y los municipios. “Es viento a favor a nivel nacional, pero a menos velocidad de la que necesita nuestra sociedad civil”, afirmó al describir el escenario fiscal.
La presión impositiva y los límites del alivio fiscal
Olivero Vila explicó que el impacto de los tributos no se limita a las empresas, sino que también alcanza a los consumidores mediante los precios de los bienes y servicios. “Al final de la cadena somos los consumidores los que terminamos soportando todos los impuestos que están en la cadena”, advirtió.
El titular de Lógica reconoció que hubo avances concretos en materia tributaria, entre ellos las reducciones del impuesto PAIS y de impuestos internos para determinadas actividades. Sin embargo, señaló que otros intentos de alivio fiscal encontraron obstáculos políticos.
Uno de los casos mencionados fue la propuesta de reducir la alícuota del impuesto a las ganancias, que, según explicó, encontró resistencia por parte de los gobernadores durante el debate de la ley de modernización laboral.
“Nosotros tenemos el segundo impuesto a las ganancias más elevado de los 30 países más relevantes”, sostuvo. Además, indicó que la carga sobre los dividendos constituye un problema para la competitividad de las empresas y recordó que la propuesta de reducción impositiva no logró avanzar.
Para el presidente de Lógica, una de las claves para comprender ese conflicto es el sistema de distribución de los recursos tributarios. “Hay que dejar de hablar de impuestos a las ganancias y de IVA como impuestos nacionales. No son impuestos nacionales, son impuestos de recaudación nacional”, explicó.
Según su planteo, una parte sustancial de esos ingresos se distribuye entre las distintas jurisdicciones, lo que genera incentivos para que los gobiernos provinciales defiendan los niveles actuales de recaudación.
Provincias y municipios, en el centro del debate fiscal
Olivero Vila también cuestionó la distribución de los esfuerzos fiscales entre los distintos niveles del Estado. A su entender, el Gobierno nacional ya realizó un ajuste significativo, mientras que las provincias y los municipios todavía tienen margen para contribuir a una reducción de la presión tributaria.
“De la Nación se dice: ‘Nosotros el esfuerzo ya lo hemos hecho, tres puntos del PBI; ahora le toca a gobernadores y también intendentes”, resumió.
El dirigente consideró que ese planteo refleja una discusión central sobre las responsabilidades de cada jurisdicción. En particular, sostuvo que no se registró un esfuerzo equivalente en las administraciones provinciales y municipales.
La cuestión también involucra a las tasas municipales, que forman parte de los reclamos del sector empresario por el peso de los tributos sobre la actividad económica.
Al analizar este punto, Olivero Vila planteó que las responsabilidades no recaen exclusivamente sobre los intendentes. “¿Tienen responsabilidad las municipalidades? Sí. ¿Los intendentes tienen responsabilidad? Sí”, afirmó.
No obstante, agregó que también hubo responsabilidad judicial en la evolución de estas prácticas. En particular, cuestionó un fallo de la Corte Suprema que, según su interpretación, contribuyó a incentivar determinadas conductas municipales mediante su tolerancia.
