La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes designará a un tutor y a un defensor de víctimas para los tres hijos -de 10, 15 y 18 años- de una mujer que hace dos meses fue detenida y cumple prisión domiciliaria acusada de vender estupefacientes para una organización narcocriminal que operaba en la ciudad de Itatí.
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La decisión del tribunal revisor, integrado por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, dispuso que el defensor de víctimas evalúe, asista a los menores y presente informes periódicos para la continuidad de la prisión domiciliaria de la imputada y para que reporte eventuales perjuicios que puedan padecer los menores de edad.
La mujer, que ya había sido condenada a 4 años de prisión en 2022 por transporte de estupefacientes, fue arrestada el 2 de septiembre pasado. El allanamiento a su domicilio, en el Barrio de Ibiray, permitió decomisar 190 gramos de cocaína, 274 gramos de marihuana, $826.640 en efectivo y elementos de fraccionamiento, ya que el lugar funcionaba como un “kiosco” de drogas.
Postura del fiscal y decisión de la Cámara
Luego de que el juez subrogante Gustavo Fresneda rechazara la excarcelación, el caso llegó a la Cámara de Apelaciones.
El fiscal general Carlos Schaefer adhirió parcialmente al recurso, solicitando el arresto domiciliario y haciendo hincapié en la necesidad de protección de los menores, a quienes consideró las primeras víctimas del delito.
En línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Cámara dispuso:
El otorgamiento del arresto domiciliario, bajo las medidas de seguridad que establezca el juez de primera instancia.
La designación de un tutor para garantizar el cumplimiento de la medida.
La designación de un defensor de víctimas que asista a los menores y presente informes periódicos cada 60 días para evaluar la continuidad de la medida morigerada.
El tribunal concluyó que también se deberá notificar a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DIPNA) y al Juzgado de Familia competente, para que se realicen medidas concretas de protección de los menores.
