Amnistía Internacional denunció este martes que se registraron más de 30 hechos de violencia institucional a lo largo del territorio argentino durante la cuarentena que entró en vigor el pasado 20 de marzo.
Las fuerzas de seguridad estarían involucradas en el asesinato o desaparición de al menos seis personas durante los últimos cuatro meses, de acuerdo al informe difundido por la institución, y uno de los casos más impactantes es el asesinato de un trabajador rural de 31 años llamado Luis Armando Espinoza, que el 15 de mayo fue acribillado en la ciudad tucumana de Simoca de un tiro en la espalda con un arma reglamentaria, en un crimen por involucra a nueve agentes de policía tucumana, incluido un subcomisario, y a un civil.
"Vemos con gran alarma la presencia de casos de abuso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante la cuarentena por el COVID-19 en Argentina", dijo la titular de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, quien advirtió que "ni la situación de emergencia sanitaria ni ninguna otra debe suspender el respeto de los principios básicos que guían el derecho internacional y nacional de los derechos humanos tales como la legalidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas, entre otros".
"El Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso (...) El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continua siendo una deuda pendiente en Argentina".
Los casos relevados en el informe se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio y "todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad", dice Amnistía. "Preocupa especialmente a la organización internacional que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza. El ejercicio de las facultades de control de las fuerzas de seguridad no debe traducirse en el ensañamiento o disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social", agrega la presentación.
Además de casos en Tucumán, Chaco y la provincia de Buenos Aires, Amnistía registró hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz. "Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales y se sancione a los responsables de violencia estatal", dice el informe.
“En una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población. No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"La repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos", dice la organización, cuyos representantes reclaman que "el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos".
A los hechos denunciados Amnistía menciona "diversos casos de la violencia institucional mas preocupante y extrema que se da en nuestro país: el asesinato y la desaparición forzada como método policial para garantizar el encubrimiento y evitar investigaciones sobre abusos y otras formas de violencia de las fuerzas de seguridad". Amnistía Internacional ha relevado 6 casos en los que las fuerzas de seguridad estarían involucradas en el asesinato y/o desaparición de personas durante los últimos cuatro meses.
Se menciona en este punto el caso del joven Facundo Astudillo Castro, desaparecido en abril en Bahía Blanca. "Cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires están bajo sospecha después de una serie de contradicciones en sus declaraciones a los investigadores", relata el informe de Amnistía, que "lanzó una Acción Urgente internacional y reclamó una investigación urgente, independiente e imparcial sobre la desaparición de Facundo, a fin de dar con su paradero y con la verdad de los hechos ocurridos, y se determinen las responsabilidades del caso".
DS
