Ricardo Jaime y Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria. La secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, avaló el reclamo y eso generó una grieta en el oficialismo. Luego de una virulenta reacción de la oposición y de familiares de la tragedia de Once, Alberto Fernández recibió a Pietragalla. Y la secretaría sacó un comunicado aclarando por qué hizo los pedidos de domiciliaria para estos casos.
Ambos pedidos, en los que la Secretaría se presentó como amicus curiae ante la Justicia, causaron sorpresa no sólo puertas adentro de tribunales, sino también del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del que depende la Secretaría. Según pudo saber PERFIL, la ministra Marcela Losardo, amiga y persona de extrema confianza de Alberto Fernández, estuvo absolutamente al margen del tema, tal como coincidieron en afirmar dos fuentes del caso.
El malestar en el "albertismo" tras la reacción pública ante la noticia se coronó al final del día con un encuentro breve entre el presidente y su funcionario. La secretaría a cargo de Pietragalla sacó un comunicado post reunión en la que aclaró que ese organismo no desconoce que las presentaciones que hacen son "en representación del Estado Nacional" pero aclara que en todos los casos tiene que ver con pedidos de los damnificados o abogados de personas que dicen que sus derechos fueron violados.
"Fue el señor Jaime quien acudió a la SDH", aclararon de la Secretaría y agregaron que el funcionario no emitió opinión sobre la "culpabilidad o inocencia" de Jaime sino que se pronunció "acerca de la prisión domiciliaria". Por otro lado, Derechos Humanos sostuvo que presentó en cuatro meses de gestión siete amicus curiae y que en este caso tiene que ver con el estado de salud del ex secretario de Transporte, agravado por la pandemia del COVID.
Pero esa diferencia de criterios no es la única dentro del Ejecutivo. Martín Báez, de 40 años y que está dentro del plazo de prisión preventiva, no fue incluído por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que hace pocas semanas elaboró un informe con 1280 nombres de presos en grupos de riesgo en medio de la pandemia. PERFIL se contactó con Pietragalla, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
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La presentación de la Secretaría sorprendió en Tribunales, dónde en el caso de Jaime se sumó al pedido de su defensa oficial, para conseguir la domiciliaria. Jaime está en huelga de hambre desde la última semana por el tema y su pedido de arresto domiciliario fue realizado previo a la pandemia de covid-19, alegando motivos familiares. Sobre la posibilidad del arresto domiciliario se expidió hoy el fiscal ante la Cámara de Casación Federal, Raúl Plée, quien se opuso al beneficio. Ahora, los jueces del máximo tribunal penal del país deberán decidir si hacen o no lugar al pedido.
El ex funcionario kirchnerista fue el primero en quedar detenido a comienzos de abril de 2016 por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Tiene una condena confirmada por Casación por la tragedia ferroviaria de Once, que en febrero de 2012 causó la muerte de 52 personas y heridas a 789, además de otros frentes en curso. Dádivas, enriquecimiento y la causa por el soterramiento del tren Sarmiento son sólo algunos de los frentes en su contra.
"La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime, toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad (...)", sostuvo Pietragalla en su presentación. Las fuentes consultadas por Perfil miraban directamente hacia el sector del cristinismo más férreo para explicar la motivación política de la presentación. “La Secretaría no se suele presentar en este tipo de casos como amicus y de golpe viene con esto. Es un escándalo”, sorteó una fuente en diálogo con PERFIL.
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Pero si entonces la palabra escándalo empezaba a sonar fuerte, mucho más se hizo cuando se supo que Losardo no estaba al tanto del tema. Y peor aún, cuando se conoció la misma solicitud en el caso de Martín Báez, preso desde febrero de 2019, luego de que la justicia advirtiera que desvió fondos cuando ya estaba inhibido para hacerlo por la acusación por lavado en su contra.
Para la secretaría de Pietragalla, “el interés persecutorio del Estado no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona” y se refirió al carácter excepcional de la prisión preventiva”. Tras lo que agregó, intentando disipar los posibles riesgos procesales que el Tribunal que juzga a Báez por la denominada ruta del dinero K, “ya ha dispuesto el congelamiento de las cuentas que habían registrado movimientos y que motivaron –en su momento– la prisión preventiva", tras lo que agregó que a pesar de eso todavía se “considera prudente la detención preventiva”.
Martín, al igual que sus tres hermanos y su padre, está acusado de “haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos cuyo monto ascendería a una suma superior a los $127.624.184, mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de julio del año 2016, con el objeto de convertirlo e integrarlo al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron”.
MC
