Un grupo de 1280 personas privadas de su libertad en cárceles federales se volvió en las últimas horas eje de preocupación y análisis tanto en el Gobierno como en el Poder Judicial. El Ejecutivo emitió un informe de 92 páginas en el que incluyó a esos reclusos, considerados población vulnerable o de riesgo, ante el avance del coronavirus. Pero lo que altera los ánimos, sobre todo en la justicia federal, es que muchos de ellos son condenados por delitos de lesa humanidad o involucrados con causas de corrupción.
Están, por ejemplo, el empresario Lázaro Báez; el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y represores como Alfredo Astiz, Jorge “el tigre” Acosta y Ricardo Cavallo. La Cámara de Casación Federal recibió la lista y dio prioridad a mujeres embarazadas, con hijos y mayores de 65 años.
Ayer, el máximo tribunal penal del país dio el beneficio de la prisión domiciliaria a 26 personas, pero ninguno de los casos analizados tiene impacto político. El problema radica en quién le va a poner la firma a la salida de otros “pesos pesados”.
En uno de los fallos que salieron ayer de Casación, el que otorgó la domiciliaria a una mujer con cáncer, el camarista Alejandro Slokar sugirió algo de lo que está pensando parte de la justicia federal: una medida de alcance masivo, que sólo puede ser dictada o por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. “El avance de la pandemia -explica- impone un urgente giro y un cambio de óptica, con la implementación de medidas de alcance masivo”.
¿Un indulto? ¿Alguna ley? Por lo pronto, no hay demasiada voluntad en, por ejemplo, conceder ese beneficio de morigeración a represores como Miguel Etchecolatz, que tiene condena firme y que, si bien tiene 90 años, su reclusión perpetua y la gravedad de sus delitos no obligan a tomar medidas urgentes. Máxime, cuando se encuentra encerrado en un lugar bastante privilegiado, como Campo de Mayo.
Corrupción. Los casos de exfuncionarios condenados o procesados por corrupción genera también contradicciones internas en el Poder Judicial. Algunos apuntan a la ausencia de una condena firme, pero entienden que no se trata en muchos de esos casos de una población de riesgo, cuyos casos deban ser resueltos en el marco de esta crisis.
Uno de ellos, que no está en el listado que el Gobierno hizo circular, es el de Amado Boudou, a quien le fue denegada la excarcelación por parte del Tribunal Oral Federal que lo juzgó por el caso Ciccone.
Sin embargo, la preocupación no es tanto el Servicio Penitenciario Federal, que en general tiene cárceles mejor acondicionadas y no padece la sobrepoblación, sino las cárceles bonaerenses o las de Santa Fe, donde además hay mucha gente detenida sin condena y expuesta a situaciones de precariedad y marginalidad mucho más fuertes. Los motines que se vivieron en algunos de esos penales no pasaron desapercibidos ni en la Justicia ni en la política.
En la provincia de Buenos Aires hay contemplación de las condiciones de hacinamiento e inquietud por la población más vulnerable. Por supuesto que también se analiza el impacto de liberaciones masivas. Por ahora, la prioridad seguirá siendo mujeres embarazadas, con hijos o mayores de 65 años que no hayan cometido delitos muy graves. Pero evitar el coronavirus en el encierro es indispensable, porque el contagio podría ser allí mucho más rápido y masivo.
