La expansión del coronavirus también puso en jaque a los penales argentinos. Además de los pedidos de políticas de prevención y medidas para que no se propague el virus intramuros, también llegaron las solicitudes de arrestos domiciliarios para los internos mayores de 65 años. El represor de la última dictadura militar Alfredo Astiz, fue uno de los que solicitó el beneficio.
Astiz está alojado en el penal de Ezeiza y allí cumple dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Tiene 69 años y cáncer de próstata, por lo cual integra el grupo de riesgo ante la pandemia. Por eso su defensa solicitó que le concedan la prisión domiciliaria por riesgo de contagiarse coronavirus, informó la agencia Télam.
Ante el pedido, el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó dispuso que se convoque a una junta médica para evaluar su situación antes de tomar la decisión final.
Pero no fue el único: el represor Miguel Etchecolatz y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti también pidieron el beneficio ante el Tribunal Oral Federal 6.
Efecto "coronavirus": la Justicia le negó la libertad a Lázaro Báez
Estas solicitudes deben resolverse con “suma urgencia” según ordenó la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, la semana pasada. El organismo determinó la "urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes".
Hasta el momento, la mayoría de los planteos de arresto domiciliario o excarcelación hechos por la pandemia del coronavirus fueron rechazados, porque los Tribunales entienden que en los penales se estableció un protocolo de prevención y aún no se han reportado en ellos casos de contagio, como pasó con el pedido de domiciliaria que realizó Lázaro Báez y fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 4.
Coronavirus: internas de la cárcel de Batán decidieron no recibir visitas por dos semanas
En el marco del estado de emergencia sanitaria dispuesto por el gobierno bonaerense durante 180 días, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó un comité de crisis con las autoridades del sistema penitenciario y hoy se firmaron resoluciones para prevenir la propagación del COVID-19 en los establecimientos carcelarios o alcaldías, según se informó desde el Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre las medidas se resolvió la suspensión de los talleres en los que participaban los internos, se redujeron las visitas familiares y se designó un sitio para aislamientos en caso de registrarse síntomas compatibles con el virus en alguno de los presos.
