La justicia rechazó este miércoles 18 de marzo el pedido de excarcelación presentado por el empresario Lázaro Báez, en el que alegaba peligro por su salud por la pandemia del coronavirus. La decisión fue por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que tiene a su cargo una de las causas contra Báez. La defensa del empresario también había presentado el pedido ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, que tienen a su cargo otros de los expedientes contra Báez. Casanello ya había rechazado un pedido similar en diciembre.
Más allá de la decisión del TOF 4, se analiza otro pedido de la defensa de Báez para poder ir a arresto domiciliario, lo que podría ser definido en los próximos días.
Para poder definir sobre la prisión domiciliaria, desde el TOF se ordenó que se le practiquen nuevos estudios de salud a Báez, quien está detenido desde abril de 2016.
Los magistrados pidieron que se informe el estado actual de salud de Báez, detallando “patologías físicas y psiquiátricas que el imputado padece, si son crónicas y progresivas y si ameritan un tratamiento especial extramuros, debiendo informar asimismo respecto a sus problemas cardíacos”. También solicitaron que se informe el tratamiento a seguir para tales padecimientos, “debiendo consignar si el ambiente carcelario puede conllevar a un agravamiento de sus patologías”. Así como también si su “privación de la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario podría llevar a una mejora en el tratamiento y cura de la patología y la consecuente mejoría en su actual estado de salud”.
Y el pedido de los jueces también apunta a conocer si Báez "se encuentra dentro de los denominados “pacientes de riesgo” en los términos de la emergencia sanitaria dispuesta en nuestro país, en virtud del virus Covid-19 (“Coronavirus”)”.
Báez tiene un complejo escenario judicial en el que está siendo juzgado en el marco de la denominada “Ruta del dinero K”, en la que en los próximos meses podría haber veredicto. También enfrenta el juicio por la causa conocida como “obras públicas”, en la que es juzgado junto a CFK por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor suyo. En tanto que también sigue siendo investigado en otros de los tramos derivados de la “Ruta del dinero K”, tiene frentes en la justicia en lo penal económico, y también se encamina a ser juzgado en “Hotesur” y “Los Sauces”.
