En el marco del juicio por la denominada “Ruta del dinero K”, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy una pena de 9 años de prisión y multa de siete veces del monto de cada una de las operaciones involucradas en el caso para el empresario Lázaro Báez. Es por considerarlo coautor de delito de lavado de activos agravado. La UIF es el segundo organismo que pide penas en el caso.
Hace dos semanas lo hizo la AFIP y entonces solicitó 8 años de cárcel para Báez. Para la semana próxima está previsto el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA), que debió haber comenzado hoy, pero se suspendió por falta de tiempo. Báez está detenido desde abril de 2016. En este debate se juzga el primer tramo del caso y es por el presunto lavado de 60 millones de dólares.
En su alegato de hoy, la UIF también pidió 8 años de prisión para Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro, y la multa de seis veces el monto de las operaciones que se le imputan. Martín, de 40 años, está preso desde febrero de 2019.
Para la UIF los dichos de Leonardo Fariña como arrepentido en el caso, quedaron corroborados y para él pidieron la pena de 4 años y medio de prisión. Al margen del testimonio de Fariña, los letrados de la UIF destacaron la importancia de la existencia en el caso de prueba directa.
Para el financista Federico Elaskar solicitaron 6 años de cárcel, en tanto que para los otros hijos de Báez, Luciana y Leandro, pidieron 5 años y para Melina, la menor, 4 años y medio.
La querella de la UIF ubicó a Lázaro Báez, “en la cúspide de la organización” que está siendo juzgada por el delito de lavado de dinero. Tras más de dos horas de exposición, en lo que fue la segunda jornada de su alegato, completaron la acusación de lavado de activos detallando cómo de acuerdo a testigos del caso se reconstruyó que Báez era “celoso en el manejo de la cuestión del dinero” y que además, “reconoció la titularidad de las cuentas”. En tanto que también le otorgaron un “fuerte rol” en la organización a Martín Báez. “Quedó claro que era el número 2 del Grupo Austral”, sostuvieron. Al tiempo que resaltaron: “incluso su presencia en el armado de las cuentas en el exterior es igual o mayor que el de su padre”.
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Respecto de Elaskar sostuvieron que “fundó una enorme cueva financiera” y que “se crió y creció en una estructura de ilegalidad”. Sobre su financiera, SGI -a través de la cual se hicieron muchas de las operaciones bajo la lupa-, detallaron que “era el know how” de como poner dinero en el exterior . Al tiempo que agregaron que Elaskar: “aceptó con gusto los ilícitos que le propuso Fariña” y que “trabajó activamente para hacer cuanto negocio ilícito le fuera propuesto”.
La UIF cambió recientemente de autoridades. Mientras que hasta hace poco tiempo tuvo mandato Mariano Federici, quien fue designado por el macrismo, en el último tiempo se hizo cargo del organismo antilavado, Carlos Cruz. Fuentes de la oposición explicaron a PERFIL que hasta el cambio de gobierno había voluntad de que las penas para Báez fueran más altas de lo que hasta ahora le pidieron. Mientras que algunos sostenían que se podían pedir para el ex empleado del Banco de Santa Cruz, una pena cercana a los 15 años, otros sostienen que ese monto podría haber crecido aún más.
La causa:
Con el número 3017/2013, la causa se hizo conocida como “la ruta del dinero K” y el que está en juicio es el primer tramo en llegar a esta instancia. La instrucción estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Guillermo Marijuan, en tanto que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 4 lleva a cabo el juicio en el que además de Báez y sus hijos, están en el banquillo de los acusados Fariña, Elaskar, Fabián Rossi, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. El debate comenzó en octubre de 2018 y, al igual que el resto de los acusados, todos están imputados por los delitos de encubrimiento y lavado de activos.
Los jueces encargados del debate son Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti y el fiscal, Abel Córdoba. Además de la UIF, en el caso también son querellantes, la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA).
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Otros tramos del caso siguen en etapa de instrucción y allí fue indagada, la vicepresidenta (cuando aún era senadora) Cristina Fernández de Kirchner. Fue por orden de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. Tras la indagatoria, se le dictó la falta de mérito, lo que implica que no hay elementos para procesarla, pero tampoco para sobreseerla.
La figura de Fariña despierta interés en el juicio. En abril de 2016, dos días después de la detención de Báez, se convirtió en “arrepentido”. Desde entonces y hasta diciembre del año pasado estuvo dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia.
Su testimonio fue un eslabón importante en el caso que, desde su inicio, creció hasta tener más de 200 cuerpos, 500 cajas de documentación y un número similar de allanamientos ordenados por Casanello, en el que sólo en uno de los primeros de operativos se secuestraron 130 bultos (entre documentación, computadoras, discos externos, etc).
CD/MC
