La figura de Lázaro Báez sigue en el centro de la escena judicial. Este lunes 2 de diciembre le tocó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarar en el juicio en el que se investiga el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz para favorecer a Austral Construcciones, de Báez. Mientras que hace dos semanas el empresario patagónico, que se reivindica como amigo de Néstor Kirchner, hizo una declaración explosiva en el marco de la acusación por lavado de activos conocida como "la ruta del dinero K".
Ante la expectativa de un posible cambio en el direccionamiento de la Justicia por la asunción del nuevo Gobierno, los hijos del empresario santacruceño se muestran divididos. Y, en este informe, el Equipo de Investigacion de Perfil Educación refleja la puja interna en la que se encuentran los herederos del clan Báez.
Por un lado, aparecen los hijos los más grandes del empresario. Son los "leales". Allí está Luciana (40), que quedó a cargo del holding de negocios, y Martín (39), que comparte pabellón con Lázaro en Ezeiza, acusado de realizar movimientos financieros cuando las empresas estaban embargadas. Luciana y Martín están plegados a la estrategia judicial de su padre.
Por el otro lado, se ubican los hijos menores. Ellos son los "rebeldes". En este grupo están Melina (32) y Leandro (29), que tienen abogados distintos y se muestran críticos del fundador de Austral Construcciones. Ambos apuntan a demostrar su inocencia a partir de su supuesto desconocimiento de las maniobras de Lázaro. Sin embargo, los dos figuran como accionistas de varias de las empresas del grupo patagónico. El padre criticó la estrategia de defensa de sus dos hijos y señaló que fueron engañados por sus abogados.
En diálogo con el Equipo de Investigación, la abogada de Lázaro, Elisabeth Gasaro, confirmó la disputa familiar –al menos en el terreno judicial– de los dos Báez menores con respecto a su padre y sus hermanos más grandes. "No entiendo cómo Leandro (Báez) toma la misma defensa que (Leonardo) Fariña", se quejó Gasaro. También, con tono crítico, contó que ni Leandro ni Melina visitaron a su padre en la cárcel. "En cambio, con Luciana (la mayor) tiene muy buena relación y se hablan por teléfono", agregó.
La estrategia de defensa de Leandro incluyó el intento de recusación del juez Sebastián Casanello. Hasta febrero de 2017, Leandro y Melina estuvieron representados por los abogados Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola.
Lázaro acusó a la ex abogada de su hijo Leandro de trabajar para la AFI
En su declaración de hace dos semanas Lázaro incluso afirmó que Balbín estaba vinculada a los servicios de inteligencia y aseguró haber sido "apretado" por la abogada durante un control oftalmológico. Según Lázaro, Balbín "dijo trabajar para la AFI con la señora (Silvia) Majdalani (vicedirectora del organismo)".
Baéz también declaró: "Ante mi estupor dijo que si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes, y que recuperaría mi libertad. A cambio tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner, que todo le pertenecía a la ex presidenta. Dijeron que mi familia sufriría las consecuencias y terminarían todos presos". Por último, el empresario agregó: "La doctora Balbín continuó su estrategia, tomó la defensa de mis hijos, les hizo creer que recusando al juez de la causa iban a protegerme".
"El objetivo que tuvo este Gobierno siempre fue que Lázaro declarara como arrepentido. Como no pudieron lo intentaron con los hijos", comletó la abogada Gasaro.
Leandro siempre fue el más enfrentando a su padre. Tanto él como su hermana Melina, en sus declaraciones en el juicio por la causa en la que se los investiga por lavado de activos, se escudaron en su juventud y aseguraron que la responsabilidad de los manejos de Austral Construcciones y las otras empresas familiares eran del padre. En la "ruta del dinero K" están imputados junto a su padre, sus otros dos hermanos, el contador Daniel Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar y el ex arrepentido Leonardo Fariña, entre otros.
Leandro aparece en la causa vinculado principalmente a los campos de los Báez. La investigación judicial lo muestra como accionista de, por lo menos, tres empresas y vinculado a 38 mil hectáreas de campos patagónicos, según los registros catastrales. En su declaración en el juicio, negó conocer de dónde salía el dinero con el que la empresa Austral Agro –que manejaba los campos– hacía las compras de las propiedades. Incluso hay una causa en la que se lo investiga por el presunto faltante de 250 mil kilos de lana de Austral Agro por un valor de un millón y medio dólares, en el marco de la intervención de las empresas. Incluso hubo un pedido de detención en su contra que fue rechazado.
"Siento que sus abogados no lo están defendiendo", sostuvo Leandro en relación a su padre durante su última aparición, dos semanas atrás en una entrevista con TN. "Lázaro tiene ahora la última oportunidad de declarar y lo tiene que hacer, porque nos ahorraríamos mucho tiempo del proceso y dolores de cabeza. Él sabe lo que hizo y lo que no hizo. No sé qué está esperando para aclarar las cosas", sostuvo el joven ante la señal de noticias del Grupo Clarín. Y agregó: "Lázaro es duro y está callado, cuando otros, por tres días en la cárcel, salieron a decir lo que dijeron".
"Me encantaría saber qué es lo que quiere que Lázaro aclare. Lázaro ya dijo muchas veces que él era el responsable de las empresas. La verdad no sé a qué se refiere Leandro", le contestó la abogada Gasaro ante el Equipo de Investigación.
En la entrevista televisiva, Leandro confirmó que su relación con el empresario pasa por un período de distancia: "Últimamente no hemos compartido una charla porque hay cosas que debemos pulir y hoy no es el momento. Tenemos una charla pendiente que en algún momento la vamos a tener. No solo por lo judicial, sino por situaciones personales".
El Equipo de Investigación intentó comunicarse con Leandro Báez a través de su abogado, Alejandro Baldini, pero no obtuvo respuestas. Tampoco Lázaro y Martín Báez quisieron hacer comentarios para esta investigación.
La estrategia de Melina también se contrapone a la de su padre. En su declaración de mayo pasado ante la Justicia, la hija menor del clan apostó por la estrategia del desconocimiento. "Mi papá sabía que a mí no me interesaba Austral Construcciones. Yo estudiaba acá (por Buenos Aires), tenía mis ideas y quería que le vaya bien, pero no era de mi interés", dijo Melina. A la vez que negó tener conocimiento sobre su participación accionaria en la empresa y sobre su cargo en el directorio.
En cambio, los otros dos hijos de Lázaro nunca eligieron polemizar con su padre en público. Martín quedó detenido en febrero último en el penal de Ezeiza, acusado de haber sacado 5 millones de dólares de una cuenta en Bahamas, pese a estar bajo inhibición judicial. Su padre lo preparaba para ser el sucesor al frente de los negocios de la familia.
Martín se hizo famoso cuando se difundieron imágenes suyas contando grandes sumas de dinero en la financiera "La Rosadita". También es el único de los hijos acusados en el segundo tramo de la causa por la obra pública de Santa Cruz.
La mayor es Luciana, que quedó al frente del emporio Austral cuando Lázaro fue detenido en 2016. Ya llevaba algunos años trabajando en las empresas del grupo. Y se volvió integrante de varias firmas, como Genika, dedicada a la compraventa de autos, la productora audiovisual Grupo4 SA, y también la venta de carnes y sus derivados.
Gasaro confirmó al Equipo de Investigación que tanto Luciana como Martín están alineados en la misma estrategia judicial que su padre.
La abogada de Lázaro contó que su defendido valoró la declaración de Cristina Kirchner en la que se posicionó como víctima de un "lawfare". "Es lo que nosotros venimos diciendo, pero que lo diga ella tiene otro peso", aseguró Gasaro. Sin embargo, no se mostró optimista sobre el futuro del fundador de Austral Construcciones, a pesar del cambio de Gobierno: cree que le extenderán la prisión preventiva hasta la sentencia. "Lo único que pido, que ruego, es que los jueces juzguen en base a las pruebas del expediente", completó. Un reclamo de jusiticia en medio de una batalla legal y familiar que amenaza a los Báez.
El Equipo de Invetigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
