En el estado de Pernambuco, el gobierno y los ambientalistas están librando una batalla sobre el ring de Fernando de Noronha, un archipiélago de ensueño de apenas 26 kilómetros cuadrados, pero con tal concentración de bellezas impolutas y ecosistemas variados, que cuesta creer que los organismos nacionales y varias empresas petroleras privadas estén dispuestos a destrozar las costas sembradas de arrecifes, arruinar las playas rústicas y alterar la plácida vida de tortugas, delfines, tiburones y rayas acostumbrados a la paz de su paraíso marino, para incrementar el ingreso de petrodólares.
Sin embargo, no sólo Fernando de Noronha, a 350 kilómetros de la costa de Brasil, está en peligro ambiental sino también todo el litoral de Río Grande do Norte e incluso la región de Santa Catarina, tan conocida por los argentinos.
El impacto sobre la biodiversidad del Atlántico Sur disparará esquirlas que se extenderán más de 3.000 kilómetros, según los querellantes que están en pie de guerra por la explotación petrolera de la zona.
El Instituto Internacional Arayara, una de las entidades que llevó el caso a la Justicia, sostiene que el concurso internacional que promueve el estado no cuenta con el certificado de las Evaluaciones Ambientales de Áreas Sedimentarias.
El partido Red de Sustentabilidad, de la líder ambientalista Marina Silva, también busca que la justicia suspenda la licitación organizada por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP).
Concretamente, los ambientalistas se oponen a la exploración con fines petroleros de los archipiélagos de Fernando de Noronha y Atol das Rocas, áreas de preservación ambiental, por el riesgo que eso significará para la biodiversidad de la zona y de Brasil en su conjunto.
Las organizaciones verdes intentaron detener la oferta en los tribunales, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, su postura va despertando conciencias ya que en la noche del miércoles 6 de octubre lograron que el gobierno de Pernambuco se sumara a la acción del Tribunal Supremo Federal (STF) que intenta sacar las áreas de la subasta.
Ecos de la protesta ambiental
Y aunque hasta ahora, no tuvieron mucho eco en los estrados judiciales nacionales, tras su protesta, el gobierno no está consiguiendo interesados en las áreas para la exploración y explotación de petróleo en regiones consideradas sensibles para la biodiversidad en los litorales de Rio Grande do Norte y de Santa Catarina (sobre todo en la cuenca Pelotas).
En la subasta realizada el 7 de octubre, el gobierno solo vendió 5 de las 92 áreas que ofrecía y las operaciones se cerraron con el precio mínimo consensuado entre Petrobrás, Shell y la colombiana Ecopetrol. En esta que es la mayor oferta de pozos de petróleo y gas realizada por el gobierno brasileño desde 2019, el estado recaudó 37,1 millones de reales en la subasta. Los contratos firmados requieren una inversión inicial de 136,3 millones de reales.
La Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) contó con el apoyo de los Ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente para ofrecer las áreas cuestionadas sin evaluación ambiental previa.
En el otro rincón del ring, haciendo causa común con los ministerios, están las petroleras, que empiezan a inquietarse porque sienten las manos atadas: compraron la concesión, pero les cuesta un Perú obtener licencias ambientales para poner manos en la obra. Creen que sin apoyo social no llegarán muy lejos. Este problema se sintió con mayor intensidad en la región de Foz do Amazonas.
En vista de los riesgos, ninguna de las áreas que son objeto de controversia recibió propuestas de interesados. Tampoco hubo licitaciones para las dos áreas ubicadas fuera de los límites de las aguas territoriales brasileñas, ofrecidas por primera vez en subastas por la ANP.
En defensa de la postura oficial pro explotación y exploración, el director general de la ANP, Rodolfo Saboia, dijo al dar por inaugurada la subasta que todos los bloques subastados por la agencia pasaron por una evaluación previa por parte de las agencias ambientales y que la propia agencia define estrictos procedimientos operativos.
Mientras el gobierno dice que hizo lo que los ambientalistas aseguran que no hicieron, la controversia continúa.
En el santuario ecológico de los archipiélagos del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha, de la Reserva Biológica do Atol das Roca, y en las costas de Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis, tan atractiva para los argentinos, la vida sigue su curso, mientras pueda.
MM / ED
