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ACTUALIDAD / OPINION
domingo 31 mayo, 2020

Sobre el lawfare, Moro y una experiencia personal

Alejandro Olmos Gaona*

El ex juez del Lava Jato, Sergio Moro. Foto: AFP
domingo 31 mayo, 2020

Nunca he cultivado los mitos a los que son tan afectos multitudes de personas, porque mi trabajo de investigador, el pretender hacer historia de la manera más rigurosa posible, me aleja de instancias peligrosas, y de ciertas formas de idealización que cultivan literatos, militantes, periodistas, sociólogos y escribidores varios de cualquier segmento ideológico. Trato dentro de lo que puedo de seguir en mis trabajos la máxima de Tacito de hacer historia “Sine ira et studio”, aunque tal pretensión haya sido vana para desmontar cosas que se instalan, se defienden, se fortalecen y resultan invulnerables a cualquier cuestionamiento. La deuda pública es una evidencia de ello, como otras tantas leyendas que se veneran escrupulosamente.

Esto viene a cuento, porque acabo de leer en los distintos diarios, que un grupo de letrados y otras personas cuestionaron la presencia del ex ministro de justicia de Brasil, Sergio Moro, lo que llevó de manera insólita a las autoridades a dejar sin efecto la conferencia que se iba a llevar a cabo, en un acto inconcebible de amordazamiento, ya que más allá de los cuestionamientos de los que Moro pueda ser objeto, la Constitución Nacional garantiza que cada persona pueda decir lo que quiera, sin tener que ser objeto de censuras previas.

Moro cometió un error imperdonable al aceptar el ministerio que le ofreció Bolsonaro, pero ello en modo alguno impide valorar la investigación que llevó a cabo, que puede haber tenido errores y equivocaciones, pero que puso al desnudo una inimaginable trama de corrupción no solo en Brasil, sino en Ecuador, Perú, Argentina y otros países.

No voy a discutir aquí porque ya lo hice en otras publicaciones la sentencia sobre Lula, y estoy aburrido de la superficialidad de los que hablan que el Lava Jato, fue instrumentado para servir a los intereses de la derecha, y afectar a dirigentes nacionales y populares, como si estos personajes debieran tener inmunidad ante cualquier acción de la justicia. Tales expresiones ponen en evidencia una asombrosa ignorancia de conocimientos y una audacia interpretativa digna de mejor causa. Parecieran olvidar que esa investigación no solo se ocupó de Lula, sino de todas las actividades desarrolladas por Odebrecht en Brasil y otros países. Moro, puso en evidencia la estructura corrupta en la que se vinculaban Petrobras, OAS, Odebrecht, otras empresas y un variopinto conjunto de personajes que iban desde el ex presidente Lula , hasta ministros, senadores, diputados en un entramado delincuencial, cuyo objetivo fue la maximización de las ganancias a cualquier precio por parte de las empresas, y el aporte de cuantiosos fondos al Partido de los Trabajadores (PT) y algunos asociados, mostrando además la financiación del PT, la corrupción de Petrobras, y la trama de otros partidos involucrados y beneficiados. La investigación de Moro permitió mostrar el accionar de personajes como Marcelo Odebrecht, los ex ministros de Lula José Dirceu y Antonio Palocci , que fueron condenados a largas penas de prisión por varias operaciones delictuosas. En el caso de Dirceu, cabe recordar que en el año 2004 una investigación demostró otras formas corruptas de operar a traves del llamado “mensalao” que llevó a la cárcel a ese funcionario, junto con otras 38 personas, entre las que se encontraban prominentes dirigentes del PT, partidos asociados, 3 ex ministros y 11 diputados

Los que hablan de una persecución política a supuestos honorables dirigentes nacionales y populares, soslayan que Moro también encarceló a prominentes empresarios, no precisamente de izquierda y que su investigación sirvió para destituir al ex presidente del Perú Pedro Pablo Kuszinsky, e imputar penalmente a los ex presidentes de ese país: Ollanta Humala, Alejandro Toledo, y al fallecido Alan García, que se suicidó al no poder enfrentar los cargos judiciales. En las causas que se siguieron investigando existen varios gobernadores de sectores de derecha, 28 senadores de diversas fuerzas políticas y más de 40 diputados, además del procesamiento de Aecio Neves, ordenado por el Supremo Tribunal Federal.

No puedo desconocer que esas situaciones favorecen a los elementos más regresivos de la actividad política, pero en modo alguno tal circunstancia puede esconder realidades que son indisimulables, y que cierto progresismo pretende ocultar con una dialéctica carente de toda justificación. La cuestión a reflexionar es porqué esos dirigentes llamados nacionales y populares en algunos casos delinquen, se rien a carcajadas de la legalidad, y cuando se los llega a imputar o hay evidencias que los comprometan se rasgan las vestiduras, y hablan de persecuciones políticas. Seguramente que las hay, pero ellos generan los elementos necesarios para que la misma se produzca

Aprovechando lo ocurrido con Moro, quiero contar una experiencia personal, debidamente documentada que tiene que ver con ese esquema de corrupción del Lava Jato que se pretende cuestionar, de cómo opera, y estos hechos no podrán ser cuestionados por ninguna interpretación a las que son tan afectos aquellos que siempre buscan algún subterfugio para justificar ciertas conductas.

 

MI EXPERIENCIA EN ECUADOR

Cuando el presidente del Ecuador Rafael Correa me designó miembro de la Comisión de Auditoría de la Deuda en julio del año 2007, uno de los puntos a investigar eran los créditos bilaterales suscriptos por el Ecuador. Uno de ellos el acordado con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), en el año 2003 para la construcción de la Represa de San Francisco en la provincia de Tungurahua. No voy a comentar los términos leoninos del contrato que auditamos, sino la exigencia del banco prestatario que la obra debía ser construida por un consorcio liderado por Odebrecht, e integrado por Alston y Tech HydroBrasil. En el contrato con el banco se había pactado, que ante cualquier incumplimiento de las empresas de cualquier naturaleza o defectos en la construcción, el BNDES quedaba eximido de cualquier responsabilidad y el crédito debía ser pagado igual. En el contrato se fijó el costo de la obra en 286.8 millones de dólares, pero como las actividades corruptas siempre saben cómo elaborar presupuestos supuestamente lógicos y luego elevar el costo, que siempre estará a cargo del Estado obteniendo enormes beneficios; al poco tiempo se fueron sumando adendas modificatorias que en número de 10 elevaron el costo de la obra a 357.9 millones de dólares. Fueron muchas las ilegalidades que pusimos en evidencia en la Auditoría que fue elevada a Correa en septiembre del 2008, donde eran flagrantes los incumplimientos a las normas legales, los indebidos incrementos de costos, y otras acciones que sería largo detallar. El contrato con Odebrecht, fue firmado por su apoderado Luiz Mameri, también conocido por haber operado aquí en el soterramiento del Sarmiento, con la empresa IECSA, de Angelo Calcaterra, primo hermano del ex presidente Macri.

Al poco tiempo de inaugurada la represa, comenzó a tener problemas en su estructura, que podrían haber ocasionado una catástrofe no solo en su estructura sino en la pérdida de vidas humanas. El 23 de septiembre de 2008 Correa emitió un Decreto declaró la emergencia nacional, suspendió los contratos, ordenó la movilización de las fuerzas armadas, la expulsión de los directivos de la empresa y ordenó la requisa de sus bienes diciendo “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado”. Ante la reacción de Correa, Marcelo Odebrecht hizo lo imposible para evitar la suspensión de los contratos, pero la decisión del gobierno sería irrevocable. En el informe que elevé al Presidente junto con los otros miembros se acordó judicializar las acciones por los perjuicios sufridos, pero al ex presidente Correa, le pareció una acción excesiva. Para evitar un conflicto con Brasil, y de acuerdo a lo pactado en el contrato se decidió solicitar el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Era una movida más leve que un conflicto judicial como le habíamos sugerido al presidente. La Contraloría General de la República, estimó los daños sufridos por el país debido a las acciones de Odebrecht en 103 millones de dólares.

El 20 de noviembre se presentó el pedido de arbitraje en París, y al día siguiente el presidente Lula llamó furioso a Correa haciéndole saber su enojo por el pedido de arbitraje y el día 21 ordenó el inmediato retiro de su embajador en Quito, Antoninio Marques Pinto. Horas después el principal colaborador de Lula, Marco Aurelio García declaraba que había sido un error de Correa pedir el arbitraje, que había que pagar 243 millones de dólares, y que Brasil no iba a consentir acciones como la adoptada. Así procedía el gobierno de Lula en defensa de los intereses de Odebrecht, sin importarle la legalidad de las acciones llevadas a cabo por el Ecuador, los daños sufridos y las vidas puestas en peligro.

Correa, sabiendo las consecuencias económicas de la irritación de Lula, decidió pagar una cuota del crédito, y comenzaron las negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdo. Lamentablemente y a pesar de las ilegalidades del contrato, de los mayores costos, de las artificiales subas de materiales y una larga serie de cuestiones que sería largo enumerar, Correa claudicó, y acepto llegar a un acuerdo transaccional con Brasil, por el cual Odebrecht indemnizaba a Ecuador con la suma de 20 millones de dólares, lo que significaba un verdadero despojo, ya que las pérdidas excedían esa suma en 80 millones de dólares, y la totalidad de las demandas contra Odebrecht oscilaban en los 250 millones de dólares.

Cual fue el resultado final de la tan mentada solidaridad latinoamericana: Ecuador debió retirar su demanda, aceptar esos 20 millones como única retribución en el año 2010. Odebrecht volvió con bombos y platillos al país, firmando contratos por más de 3.000 millones de dólares para 7 obras.

La investigación del Lava Jato puso en evidencia todos esos actos corruptos, y los negocios que siguieron.

 

MI EXPERIENCIA EN LA ARGENTINA

Con motivo de el proceso contra el Director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, que se llevara adelante en el Juzgado Criminal y Correccional Federal del Dr. Rodolfo Canicoba Corral, obtuve de funcionarios brasileños una serie de pruebas que involucraban al citado funcionario. Además de ello, un auditor del Banco Central, me había dado información de cómo los oficios enviados por el Tribunal, habían obviado el trámite normal, y direccionado a un empleado incompetente en transacciones internacionales, que informó lo que quería la defensa de Arribas, que las transacciones de dinero de Odebrecht, no estaban comprobadas, y que la única existente era la informada por el funcionario, todo lo cual era falso, porque esas transacciones estaban documentadas y el periodista Hugo Alconada Moon las había presentado en la justicia.

Con esos elementos me presenté en la Fiscalía federal N°6 a cargo del Dr. Federico Delgado, pidiendo se investigaran esos aportes, y el mismo día de mi presentación y sin darle tiempo a accionar a Delgado, el Juez Canicoba Corral sobreseyó definitivamente a Arribas. Delgado apeló, mostrando la importancia de los nuevos elementos acompañados y la necesidad de investigarlos, pero al llegar la causa a la Cámara, el Fiscal Germán Moldes, desistió de la apelación, y Arribas quedó liberado definitivamente de la causa. Se ve que los dineros de Odebrecht, podían torcer cualquier investigación.

Pero esto no terminó aquí, ya que tuve conocimiento de que el apoderado general y vicepresidente de Odebrecht Luiz Mameri, había confesado en el marco de la Causa que llevaba adelante Moro, el pago de coimas por 2.900.000 dólares para las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, expresando su intención de colaborar con la justicia argentina, con el fin de suministrar toda la información posible sobre las negociaciones efectuadas con funcionarios y empresarios de la constructora IECSA de Calcaterra Macri que estaban llevando a cabo la obra. Esa colaboración quedaba condicionada, a no resultar condenado en la Argentina, ya que había sido penalizado en su país. En razón de ello, redacté un proyecto para modificar el Código Procesal Penal, que permitiera esa declaración, ya que existía una norma que limitaba el accionar de la justicia en tal sentido. Hice saber a varios senadores, la importancia de modificar la norma a los efectos de que la Fiscalía de Delgado pudiera interrogar a Mameri, por lo del soterramiento, y además por lo de Arribas, ya que las transacciones que había recibido a través de un banco suizo provenían de Odebrecht. No hubo caso, y desde el 2018 esperé vanamente el tratamiento del proyecto para ver si se incriminaba a Arribas, y a Calcaterra Macri que era parte de la trama de la corrupción argentina de Odebrecht. Fue imposible ya que en este tipo de negocios, las diferencias políticas desaparecen, y siempre la impunidad de los que manejan el poder económico, termina por doblegar la acción de la justicia.

Marcelo Odebrecht, uno de los más poderosos empresarios de Brasil, cabeza de la trama de corrupción que se extendiera por varios países, cuyas empresas fueron defendidas por el ex presidente Lula, sin importarle que se violara la ley, fue condenado por el calumniado Sergio Moro, y debido a sus influencias, y a otras cuestiones que por prudencia no menciono, obtuvo su prisión domiciliaria.

Estos son los hechos en los que tuve participación, que tengo documentados y no podrán ser relativizados por ninguna interpretación. Muestran que cuando se habla de lawfare, hay que tener el debido cuidado, en no utilizar esa palabrita para encubrir negocios espurios, donde hay una concertación de complicidades en los empresarios y los máximos responsables de los estados que contratan, sino verificar los hechos y solo utilizarlo cuando pueda advertirse, que realmente son manipulaciones que se utilizan para incriminar a un funcionario inocente.

 

* Profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

 


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