Ayer por la noche, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conciliación obligatoria en el marco del paro de 48 horas resuelto por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA) para el martes 30 y miércoles 31 de marzo. La medida de fuerza incluyó el bloqueo a las entradas de las bodegas, impidiendo la llegada de uva y la producción de vino.
La resolución establece un período de la conciliación obligatoria de 15 días e intima a FOEVA para dejar de lado las medidas de acción directa “que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual. La próxima audiencia entre las partes será el 7 de abril a partir de las 10.30”.
La industria del vino cerró 2020 con más ventas en el mercado externo y exportaciones.
La FOEVA decidió realizar un paro nacional por 48 horas en rechazo al ofrecimiento de 30% de aumento escalonado por parte de los empleadores. Desde FOEVA pretenden un incremento del 100% basado en que, “durante todo el año de pandemia fue un año muy bueno para el sector empresario. El consumo de vinos aumentó muchísimo y lo que solicitamos es una distribución más equitativa de las ganancias”.
Desde el gremio FOEVA, Carlos Ozán afirmó que “nosotros aún no hemos recibido la notificación de la conciliación obligatoria, por lo que seguimos con la protesta hasta que esto ocurra”. De todos modos manifestó que “hay compañeros que han vuelto a sus puestos de trabajo porque temen ser sancionados”.
El reclamo
El dirigente sindical manifestó que en la actualidad “el trabajador de viña recibe de bolsillo $22.231 y de bodega $26.585, lo que no le alcanza a la gente para vivir. Ante esta situación es que muchos compañeros se han plegado al paro y ha sido una manifestación importante”.
Las entidades empresarias vitivinícolas denunciaron que durante los bloqueos ilegales de las entradas a los establecimientos vitivinícolas se produjeron “amenazas verbales, daños a vehículos, lanzamientos de piedras y botellas contra las instalaciones de bodegas, que constituyen una provocación innecesaria hacia sus colegas trabajadores (personal dentro y fuera de convenio) y un perjuicio económico enorme a las empresas que no pueden desarrollar su actividad”.
LM