Esta semana, unos 30.000 formoseños seguían sin poder pagar la luz con el celular . La distribuidora de energía había emitido las facturas en término, pero les indicaba que pidieran la boleta impresa en una sucursal y pagaran ahí o en un local de cobro.
El ciberataque al gobierno de Formosa había ocurrido unos días antes, el 31 de octubre.
En Villa Carlos Paz, a fines de octubre ni siquiera se podía consultar una deuda municipal. Program Consultores, que provee sistemas a más de 250 municipios y comunas, informó que se habían encriptado archivos en servidores de algunos de sus clientes, aunque negó que se hubieran llevado datos. Los 250 de los titulares son el total de su cartera. La empresa no precisó cuántos quedaron sin sistema y no sabemos exactamente qué pasó, si se filtraron datos de ciudadanos y a cuántas municipalidades afectó.
En Santa Isabel, La Pampa, los municipales esperaban cobrar el viernes 30 de octubre. El lunes, según la denuncia, la tesorera entró al home banking y vio un aviso de actualización que le pedía el código de seguridad. Lo ingresó y se cerró la sesión.
Cuando volvió a entrar, ya habían salido dos transferencias de la cuenta destinada a los sueldos hacia cuentas de terceros. A la intendenta le tocó explicarles a los empleados por qué el viernes no iban a cobrar.
Por esos días, un usuario de X advirtió que había código sospechoso en las tiendas online de varios supermercados argentinos. Me puse a mirarlo. Estaba escondido y efectivamente intentaba capturar los datos de tarjeta de crédito de los compradores sin que vieran nada raro en la pantalla.
Confirmar si llegó a robar información exige auditar los registros de las tiendas pero parece que por suerte el ciberataque no habría tenido efecto. Es difícil pedirle a un cliente que revise el código de la página antes de comprar un kilo de yerba para ver si alguien le está robando los datos.
Una cosa es clara. Estamos en una nueva era de problemas de ciberseguridad. Y necesitamos que tomen conciencia los gobiernos, los usuarios y las empresas.
Mientras tanto, hace unas semanas, en “Argentina: error estableciendo una conexión con la realidad” , conté que el Gobierno había cancelado su propio encuentro de ciberseguridad la noche anterior. Renunciaron las autoridades del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y Walter Agüero sonaba para el cargo. El 2 de noviembre lo confirmaron.
Unos días antes, el 22 de octubre, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, había anunciado junto al canciller Pablo Quirno un aporte de US$15 millones para poner en marcha, en la sede de ARSAT en Benavídez, un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.
Según explicó la Embajada de Estados Unidos, el nuevo centro estaría a cargo del CNC. Ya sabíamos dónde iba a funcionar y quién ponía el dinero pero todavía estaba vacante el puesto de director. Parte de esos fondos servirá para evaluar la red troncal de internet de ARSAT, incluidos los riesgos de los equipos de proveedores que la embajada llama “no confiables”. Léase, entre otros, los chinos.
¿Quién decide qué proveedor es confiable? A los cuatro días de su designación, Agüero firmó en el Boletín Oficial la disposición 7/2026. Para los equipos más sensibles de las redes de telecomunicaciones del Estado nacional exige la certificación SCS 9001, una que pocos en el sector conocían. La administra la Telecommunications Industry Association (TIA), una cámara empresaria estadounidense, y evalúa cómo el fabricante controla su cadena de proveedores.
Ahí aparece algo un poco extraño. Antes de evaluar al fabricante, la cámara revisa si figura en determinadas listas de sanciones de Washington. Si figura, no puede obtener el certificado.
En Ciberseguridad Latam, Alejandro Uribe sostuvo que la Argentina tercerizó su política de ciberseguridad en una cámara de lobby de Estados Unidos. Uribe es responsable de ciberseguridad de Huawei, una de las empresas afectadas.
Una decisión de Washington puede dejar a un fabricante afuera de una compra argentina aunque el equipo siga siendo el mismo.
El ENACOM debe evaluar si extiende el requisito a la homologación de equipos. Las cámaras que representan a los prestadores locales ya pidieron una consulta pública.
Vivimos una época muy movida, demasiado movida, en materia de ciberseguridad. Esta semana, el canciller francés convocó al embajador de Irán para que diera explicaciones por las heladeras de los supermercados.
En octubre habían atacado a distancia los controles de refrigeración de más de 700 locales. Hubo principios de incendio y pérdidas de alimentos que Francia estima en decenas de millones de euros.
El lunes 9, el gobierno francés atribuyó el sabotaje a una unidad vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Irán rechazó la acusación.
Carrefour también reconoció problemas de refrigeración en 15 locales belgas a principios de noviembre.
Y en Francia, un ataque a un proveedor afectó tres centros donde se guardaba plasma para transfusiones y para fabricar medicamentos.
El organismo francés de donación de sangre había instalado sus propios sensores. Un técnico de guardia advirtió que subía la temperatura y el personal pudo poner el plasma a resguardo. No se perdió ninguna bolsa. Por suerte, esta vez lo de que te hierva la sangre siguió siendo una forma de decir.
Mientras tanto, en la Argentina me gustaría escuchar a Agüero explicar por qué eligió esa certificación y qué va a hacer si la evaluación que financia Estados Unidos concluye que hay que cambiar todos los equipos que ya compramos.
Mientras tanto, en Formosa, el defensor del Pueblo les recomendó a los que pagaron la luz que guardaran el comprobante en papel, por si más adelante el sistema dice que la siguen debiendo.
A ver quién se anima ahora a decirle a sus padres que tiren la carpeta de las boletas pagadas, que total queda todo en la aplicación. Probablemente escuchemos "lo viejo funciona" mucho más seguido de lo que esperamos.
MM