Burford lleva el caso YPF al Ciadi tras el revés en EE.UU. y reabre el frente judicial contra la Argentina

Es un hecho. Burford Capital llevará el juicio por la manera en que se reestatizó YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial, un ámbito en el que Argentina está invicta: todas las demandas que en las que se demandó al país en ese tribunal, terminaron mal. Especialmente las derivadas de las reestatizaciones de los años menemistas. Esta semana el fondo Borford blanqueó de manera explícita, que quiere recurrirá a esa alternativa en el corto plazo, para vengarse del fallo negativo que obtuvo en segunda instancia de la justicia de los Estados Unidos. Y para esto, cuenta con un aval no menor. 

La jueza Loreta Preska, mandamás de la primera instancia del Segundo Distrito Sur de Manhattan, donde comenzó toda la aventura de Burford de demandar al país.  Preska habilitó a que el fondo demandante, pueda acceder y utilizar todos los datos, información y aportes, para una eventual presentación ante el Ciadi, incluyendo los archivos del posible incumplimiento de contratos y la violación de los derechos adquiridos por empresas privadas dentro de los marcos de acuerdos bilaterales en los países de respeto y protección de las inversiones. Según la demanda que prepara Burford, la re estatización realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof de ministro de Economía, no habría tomado en cuenta los acuerdos firmados durante la década del 90, en la gestión Carlos Menem, al no respetar el pago a los accionistas minoritarios; luego de la liquidación a Repsol por el 51% de las acciones. Y, con esto, habría violentado los tratados de amparo y protección a las inversiones, firmados con Estados Unidos y España. El primero, es el  “Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, firmado el 14 de noviembre de 1991, en Washington DC, aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.124, sancionada el 26 de agosto de 1992 y que entró en vigor el 20 de octubre de 1994; y que, teóricamente, estaba en vigencia en el 2012, año de la renacinoalización de YPF. El segundo documento sería el “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España”, firmado el 3 de octubre de 1991, en Buenos Aires, aprobado por el Congreso Nacional en 1992, mediante la ley 24.118, y que entró en vigencia el 28 de septiembre de 1992. 

En concreto, la decisión de Preska de la semana, sobre la base de seguir defendiendo su posición y fallo a favor de Burford en primera instancia (ya sin importancia judicial es que el demandante vencido en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, pueda usar la información producida en su juzgado en la etapa de discovery (ejecución de la condena ya sin efecto) para presentar como pruebas en el Ciadi. Antes de la decisión, eran datos sobre Argentina que únicamente podrían aplicarse en la justicia de los Estados Unidos. No fuera de ella. Ahora, luego de la liberación de Preska y ante la aclaración por parte de Burford a la jueza que la historia seguiría en el Ciadi. Antes, y por cuestiones diplomáticas y administrativas inevitables para la demanda, Burford le ofrecerá a la Argentina una etapa de “negociación amistosa”, advirtiendo que, de no mediar un acuerdo, se llegará al Ciadi. Se espera por parte de Burford algun tipo de oferta que reduzca sustancialmente el pago de los U$S 16.000 millones originales que había habilitado Preska en su fallo de primera instancia; como prenda de “honor”. Obviamente el ofrecimiento será rechazado de plano, y todo irá a parar al Ciadi. Donde se utilizarán los datos que habilitó Preska. 

Cuando se llegue al Ciadi, la primera etapa será nombrar los árbitros del tribunal de las Naciones Unidas que analizarán y resolverán el caso (uno por Argentina, otro por Burford y un tercero independiente) para encontrar excepciones previas. Allí será un momento complicado para Burford. Deberá demostrar porqué ahora elige al Ciadi, si antes había recurrido a la justicia de los Estados Unidos. El motivo real de esta decisión original de Burford era claro: con Preska podía conseguir más dinero, el inevitable mandato original para todo un fondo buitre. Que las cosas le hayan salido mal en la segunda instancia de la justicia de Nueva York fue, para Burford, un cisne negro. Pero la vida sigue, y ahora el fondo va al Ciadi y allí deberá convencer al tribunal que siempre quiso estar demandando ahí y no en Estados Unidos. Luego tendrá que mostrar argumentaciones sobre cuestionamientos más serios. Como, por ejemplo, si a Burford le corresponde el status de inversor protegido y violentado por la acción de un gobierno (en este caso, el de Cristina Fernández de Kirchner en el 2012) o si al ser una persona jurídica que llega a esta historia de la renacionaliación de YPF por licitar un concurso judicial en tribunales de Madrid. Otra cuestión que deberá resolver el Ciadi antes de abrir la eventual causa, es si el caso no prescribió por el paso del tiempo. En otras palabras, si cabe hacerle un juicio a la Argentina por un hecho que en junio cumplirá 14 años. 

El argumento de Burford para reclamar ante el tribunal del Banco Mundial, sería la violación del contrato luego de la renacionalización de YPF, alterando la letra firmada en por el país durante el gobierno de Carlos Menem, en tratados bilaterales de respeto de las inversiones entre Argentina y España y Argentina y los Estados Unidos. Sabiendo que esto era una posibilidad, los abogados argentinos avanzaron en los primeros lineamientos de la defensa del país. La argumentación fundamental, es que Burford ya eligió litigar en otro ámbito, al llevar la causa a los tribunales de los Estados Unidos; con lo que la alternativa de un segundo ámbito jurídico debería quedar descartada. La segunda argumentación es que la nacionalización sobre capitales españoles (Repsol), ya fue saldada; y, en todo caso, los litigantes representan a las acciones del grupo Petersen que tienen orígenes argentinos. Este punto es cuestionable, ya que Petersen Energía y Petersen Inversora están radicadas en Madrid, de donde Burford fue a comprar este caso vía licitación. 

Así, la historia de YPF y Burford continuará durante todo este año y probablemente el 2027; pero, ahora, con perspectivas favorables para el país, al menos en los tribunales norteamericanos. Ante el Ciadi, la historia siempre es diferente. Allí Argentina está prácticamente invicta. Perdió casi siempre, en un podio de causas con fallo negativo que sólo supera la Venezuela chavista, o llegó a arreglos asumiendo pérdidas financieras. A mayo de 2026, 

Argentina enfrentó unas o 65 demandas desde la década de 1990. Históricamente, ha sido el país más demandado del mundo, con una alta tasa de fallos desfavorables (alrededor del 85% de los juicios resueltos) y varios casos pendientes de resolución. La mayoría de las demandas se derivaron del congelamiento de tarifas, la pesificación de contratos tras la crisis de 2001/2002 y renacionalizaciones varias. Actualmente hay siete causas abiertas a la espera de decisión o acuerdos, y si bien la mayoría terminaron en laudos adversos o acuerdos, el país ha logrado unas 5 victorias en la anulación o rechazo de demandas, por ejemplo, casos relacionados con inversiones españolas o la crisis del 2001. El caso abierto más importante es el que el grupo español Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, presentó contra la Argentina por la decisión del gobierno de Alberto Fernández de anular la renegociación de contratos pactada en 2018.

La causa YPF se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Burford era hasta aquí un especialista mundial en este tipo de batallas. El tipo de maniobra en que se especializa es ofrecer a tribunales de todo el mundo es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Se trata de un gigante financiero con espaldas amplias luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 13 años. 

El problema ahora es que la espera podría extenderse muchos años hasta que defina la Corte Suprema, pero con bajísimas (casi nulas) probabilidades de éxito. Y con gasoducto de dólares de pérdida imposible de presentar ante el NYSE, donde cotiza la acción de Burford con pérdidas de hasta 60% en su cotización desde que perdió la causa en la segunda instancia de Nueva York a comienzos de abril de este año. Desde ese momento la acción de Burford cotizante en el NYSE no repunta y sigue navegando en los 5,14 dólares. 

El reclamo original del fondo es por los supuestos daños que había generado al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde que se presentó en concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

En la decisión de reestatización de 2012 se decidió pagar unos US$6.000 millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Con esa decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió además dejar de distribuir dividendos a los accionistas. 

El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presenta en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso (crean o no, es así). 

El síndico de la causa radicada en Madrid le vendió la causa –esto es habitual– el 4 de mayo de 2015. La adquirió por licitación Burford en 15 millones de dólares. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.