Desinformación y censura blanda
La proliferación de mecanismos estatales vinculados a la información falsa, la desinformación y la propaganda impone una revisión estricta a la luz de los estándares constitucionales y convencionales que rigen la libertad de expresión y de prensa en la República Argentina.
El contexto actual exhibe una dificultad evidente: los usuarios de internet cuentan con herramientas limitadas para distinguir entre información veraz e información falsa. No se trata de un fenómeno espontáneo. Existen antecedentes suficientes que demuestran que Estados y actores privados difunden deliberadamente noticias falsas, desinformación y propaganda con fines políticos o económicos. En este escenario, atravesado por la llamada “posverdad”, el debate público se desplaza de los hechos verificables hacia la construcción de “verdades alternativas”.
Las fake news cumplen un rol concreto: incidir en el debate público, condicionar a sectores de la sociedad y erosionar la pluralidad de voces. Sus efectos son conocidos. Contaminan el proceso deliberativo, distorsionan la toma de decisiones del electorado, confunden a las audiencias digitales y obligan a los medios tradicionales a asumir tareas permanentes de verificación que alteran su dinámica informativa.
Ahora bien, que la desinformación resulte nociva para la democracia no habilita al Estado a erigirse en árbitro del discurso público. La libertad de expresión no admite atajos. Ningún funcionario ni organismo estatal puede limitarla sin afectar los pilares del Estado constitucional y convencional de derecho.
El sistema jurídico argentino es claro: las restricciones son excepcionales y no pueden transformarse –ni abierta ni disimuladamente– en mecanismos de censura. En este punto emerge uno de los riesgos más graves: la autocensura.
La autocensura constituye una forma de censura indirecta o “blanda”. No requiere órdenes formales ni prohibiciones explícitas. Opera cuando periodistas, medios o ciudadanos restringen la producción o difusión de información por temor a represalias, presiones o reacciones estatales. Todo control estatal sobre la información conlleva ese riesgo: o se impide el acceso a los medios para expresarse, o se induce el silencio mediante el amedrentamiento. El resultado es el mismo: la información no se produce.
Cuando la información no circula, la sociedad no está informada. Y una sociedad desinformada carece de los elementos necesarios para deliberar, controlar y decidir libremente. La censura ya no necesita prohibiciones formales: alcanza con generar miedo.
Por eso, en materia de libertad de expresión, la obligación primaria del Estado es la neutralidad. El control democrático se ejerce desde la opinión pública, no desde oficinas estatales que clasifican discursos, señalan “falsedades” o delimitan lo decible. La pregunta central permanece sin respuesta: quién define qué es desinformación, con qué criterios y bajo qué límites.
La administración de Alberto Fernández intentó crear el programa “Confiar”, orientado a la verificación de noticias a partir de consultas de los usuarios; luego avanzó con “Nodio”, concebido como un observatorio no punitivo destinado a la producción de conocimiento y al fortalecimiento del debate plural. La actual administración, por medio de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, presenta una voz estatal destinada a desmentir activamente falsedades y operaciones.
Así, no se trata de una simple “cuenta en X”. La censura previa no siempre se impone: a veces se internaliza. Y cuando la autocensura se vuelve regla, la libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión.
* Abogado.