Gobierno sofista

En el conflicto universitario, que este martes volvió a dar una muestra en todo el país de su capacidad de movilización callejera, el Gobierno y sus voceros paraoficiales vuelven a recurrir a un truco de la casta. Ya un clásico a esta altura de los que venían a cambiar todo.

Así, el mileísmo insiste en sostener su postura de recortes brutales en la administración pública -sobre todo en educación y salud- con argumentos o razonamientos falsos, falaces o engañosos, presentados con apariencias de verdad y utilizados para persuadir o confundir. Lo que la Real Academia Española define como sofisma.

"Defienden sus cajas": el mensaje de Javier Milei tras la marcha universitaria

El mecanismo está muy lejos de ser una novedad política de creación nacional o libertaria: nació en la antigua Grecia. Su “éxito” provocó que se propagara por todo el planeta de manera horizontal, atravesando eras, geografías e ideologías.

Aquí y ahora, Javier Milei y la militancia decreciente que lo sigue defendiendo han plagado de sofismas muchas de sus medidas. Las más crueles justifican, según la mirada oficial, los ajustes en discapacidad y medicamentos.

Con los fondos para las universidades nacionales multiplicaron las falacias, que pasaron por las acusaciones de delitos (nunca denunciados en la justicia) y de defensa de clase acomodada en detrimento de los pobres (negando las opciones de ascenso social) hasta del armado de cajas millonarias para uso político. 

Lo más curioso es que en 30 meses de gestión, el Gobierno se concentró en estos fuegos artificiales en vez de avanzar administrativamente (o en el terreno judicial) en mejorar el uso de fondos públicos que se destina a la educación superior. En su inmensa mayoría, a sueldos cuyo poder adquisitivo ha sido reducido a mínimos históricos, con la consecuente huída hacia otras actividades o latitudes.

En esa lógica, el mileísmo sí incorporó una innovación. Peligrosa, por cierto. Decidió desconocer una ley del Congreso sobre cómo debe ser el financiamiento universitario. Bueno, también se niega a aplicar la de Discapacidad.

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Deberá desatar ese nudo político-institucional nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Horacio Rossati, se ha manifestado de manera repetida sobre su oposición a que la política se judicialice. Es una batalla tan perdida como la dimensión inversa, que la justicia se politice. Gente de poca fe.

Las movilizaciones en defensa de la educación universitaria pública y en reclamo de financiamiento no movieron un milímetro al Gobierno. Más bien, lo contrario. Y eso que casi nadie conoce la voz ni el rostro del secretario de Educación, el académico Carlos Torrendell.

Para ladrar el mileísmo apela a los servicios del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Otro amante de los sofismos. Al menos hasta que la impaciencia social los choque de frente. Y no sólo por el conflicto educativo.

LT